Quedaron embarazadas sin quererlo, contra su voluntad y contra su decisión, como han denunciado públicamente. Tomaban pastillas anticonceptivas proporcionadas por centros de salud públicos de nuestro país. Como estas píldoras resultaron defectuosas, están ahora esperando un hijo o hija. La Corporación Miles ha estudiado más de 100 casos de mujeres que quedaron embarazadas mientras consumían Anulette CD, y han anunciado que en abril presentarán una demanda contra el laboratorio (Silesia) y el Estado.
“No hubo una respuesta institucional, no hubo una pesquisa temprana tampoco por parte de los servicios de atención primaria, y posteriormente tampoco hubo un ofrecimiento de ayuda, aunque sea psicológica o psicosocial a estas mujeres”, explicó Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles.
Además de la responsabilidad que le cabe al Ministerio de Salud y, por cierto, al laboratorio, han aparecido voces que en vez de empatizar, critican a estas mujeres. El abogado Hernán Corral, de hecho, no sólo cuestiona su derecho a demandar al Estado, sino que especialmente cuestiona que un embarazo no deseado sea considerado jurídicamente un daño. “Se da el absurdo jurídico de que la alegría de que llegue un nuevo ser humano al mundo debe ser calificada como un mal indemnizable”, afirmó en una columna en El Mercurio.
Su argumentación allí -en el fondo y en la forma- refleja la persistencia y el poder, en pleno siglo XXI, de visiones conservadoras que cuestionan la libertad de las mujeres y reproducen concepciones basadas en roles de género tradicionales. La mujer en lo privado, el hombre en lo público. Y la maternidad no como elección, sino como destino.
De hecho, Corral parte criticando los métodos anticonceptivos en sí, citando las encíclicas papales donde el Magisterio Católico enseña que “para que el acto conyugal sea un acto humano y digno debe estar abierto a la transmisión de la vida y que para regular los nacimientos sólo son admisibles los métodos naturales”. Por cierto, los católicos -o quienes profesen la religión que estimen- tienen todo el derecho de vivir de acuerdo a esos principios y prácticas, el punto es por qué las mujeres chilenas debieran vivir su vida de acuerdo a las normas que dicta la Iglesia suya, la Católica, en un Estado laico.
Luego, Hernán Corral lamenta que en Chile, desde el gobierno de Frei Montalva, el Estado reparta gratuitamente anticonceptivos, en un país donde “la tasa de natalidad va en franco descenso”. Es decir, el hecho de que nazcan menos niños que la tasa de reemplazo poblacional debiera hacer pensar al Estado en quitar o restringir el acceso al control de la natalidad. ¡Impresentable!
El abogado, por último, critica el fondo de la anunciada demanda y llama a no sentar un precedente con esta, argumentando que “considerar la vida humana como daño, aunque sea excepcionalmente, es un debilitamiento de lo que debiera ser su inviolable dignidad”.
Pero, ¿y qué pasa con la inviolable dignidad de las mujeres?
Las mujeres no tienen el deber de embarazarse ni de ser madres; tienen el derecho a serlo, si es que lo quieren, cuándo, cómo y con quien lo deseen. Esto incluye, por cierto, su derecho a ser madres junto a sus parejas lesbianas (una maternidad que el abogado Corral no acepta tampoco: ¿Dónde queda la inviolable dignidad de esos niños?).
Segundo: un embarazo no deseado provoca cambios sustanciales en la vida. La maravillosa experiencia de la maternidad libre y elegida no se puede imponer. Y por ello no se puede sancionar o cuestionar a quienes no quieren tenerlos. Aunque les cueste a algunos entenderlo, las mujeres deben tener autonomía sobre sus propios cuerpos, sobre aquello que pasa en las fronteras de su propia piel. Por último, no se trata de que quienes apoyen los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres estén en contra de la maternidad o no valoren la infancia, como sugiere el abogado Corral. En este caso, lo que se pide es reparar las consecuencias de haber administrado un medicamento defectuoso. Como explica la académica y doctora en derecho Yanira Zúñiga, “la lesión a la autonomía reproductiva y los costos económicos asociados a esa lesión son hipótesis de daños perfectamente indemnizables”.
Este lunes es el Día Internacional de la Mujer, en que se conmemora a quienes lucharon por los derechos de todas nosotras. Entre otros, el derecho a sufragar, a trabajar, a administrar su patrimonio, a ser electas en cargos de representación y también a elegir si -y cuándo- embarazarse.
Feliz 8 de marzo para quienes trabajan para que mujeres y hombres sean iguales en dignidad y derechos. Y, especialmente, para quienes escribirán paritariamente una nueva Constitución, que deberá hacerse cargo de las inequidades de género que aún subsisten en Chile.
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