Columna de Héctor Soto: Más transparencia

La-Moneda


Solo días después de que el gobierno anunciara una ambiciosa agenda de integridad pública y transparencia, una declaración de quien fuera el máximo ejecutivo de la constructora brasileña OAS, formulada al amparo de la delación compensada de la justicia brasileña, reactualizó las sospechas que pesaban sobre el financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet. Estos antecedentes no son enteramente nuevos, pero se supone que aportarían datos más concretos y tendrían estándares probatorios superiores a los que maneja la fiscalía acá en Santiago en su carpeta investigativa. Desde luego, lo que diga o deje de decir un sujeto condenado por actos de corrupción vale solo en la medida en que sus afirmaciones se sustenten en pruebas convincentes. Las puras palabras no bastan, tal como tampoco sirven de mucho las airadas declaraciones de exautoridades que niegan cualquier conexión con los ilícitos.

Huelga señalar que entre el anuncio gubernativo de la agenda y las versiones provenientes de Brasil no hay relación alguna. Es solo cuestión del azar o de la fatalidad, dos variables de las cuales nunca la política se ha podido operar por completo. El gobierno está mirando al futuro y tratando de que el aparato público ajuste mejor sus conductas a los valores de la probidad y la transparencia. Es esa dirección está haciendo un levantamiento de las normas que existen, de las que están en proceso de aprobarse y de aquellas en materias en las cuales seguimos al debe. La investigación relativa al nexo de OAS con Chile, en cambio, discurre desde luego por otros canales, porque de lo que se trata es de clarificar una parte del capítulo del financiamiento irregular de la política en Chile, en años no tan lejanos, que hasta aquí al menos, por múltiples razones (falta de voluntad política, cambios de criterios de orden administrativo, doble estándar, pactos de silencio) persiste en la penumbra. La energía justiciera alcanzó solo para Penta, Corpesca, algo para SQM y muy poco más. Después, cuando tocaba conocer qué pasaba al otro lado del arco político, como que el Estado chileno prefirió mirar al techo y dar vuelta la página, aunque el país finalmente haya quedado con un nuevo marco regulatorio sobre dinero y política, que desde luego hay que agradecer, porque corrigió gran parte de las trampas y vicios del pasado.

En buena hora si la fiscalía en las próximas semanas logra juntar algunas de las piezas que faltan en el puzzle. Sería positivo no solo para romper la inercia de la impunidad, sino también -en la hipótesis de que nada irregular logre comprobarse, porque es verdad que aquí hay hebras contradictorias- para despejar definitivamente las dudas de que empresas extranjeras que eran corruptas hayan intervenido en nuestro juego político con el propósito de favorecer alianzas o capturar contratos. Hay veces en que la persistencia de las sospechas termina siendo incluso más tóxica que las peores verdades.

Esos niveles de opacidad son los que la agenda de integridad quiere prevenir básicamente con mayor acceso a la información pública, más resguardos a la prevalencia del bien común sobre los intereses particulares y nuevos espacios de rendición de cuentas y de participación ciudadana. No basta establecer que los servidores públicos deben ser íntegros, leales y honestos; también es necesario contemplar los mecanismos que permitan comprobar que efectivamente lo son.

Para el gobierno son varios los proyectos de ley que forman parte de este esfuerzo. Ya fue aprobada, en general, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la iniciativa de la Ley de Transparencia 2.0 y pasó también su primer trámite, en la Comisión de Constitución del Senado, el proyecto de fortalecimiento de integridad pública. Más adelantada está la ley de transformación digital del Estado, que esta semana debiera ir a comisión mixta. Y el compromiso es de aquí a un año elaborar otro proyecto legislativo que permita extender los resguardos y controles del gobierno central en estas materias a los municipios y gobiernos regionales.

No hay energía mejor invertida en el gobierno y en el Poder Legislativo que la requerida para poder blindar al aparato estatal contra la corrupción, el favoritismo y la deshonestidad. Se trata de un desafío que es urgente afrontar. Es precisamente desde este frente donde el sistema democrático más se desacredita y donde los populismos de turno, sean de corte colectivista o de corte autoritario, más tienen que ganar.

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