Columna de Óscar Contardo: Empantanados

parlamentarios

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, anunció la tarde de este jueves la presentación de una indicación sustitutiva al proyecto de ley de parlamentarios de Chile Vamos que reduce el número de diputados y senadores, manten...

En lugar de concentrarse en las demandas sociales -pensiones, ingreso mínimo, salud-, el gobierno propone disminuir el número de parlamentarios acudiendo a la falacia de que eso es lo que la ciudadanía quiere, porque es más barato, y añadiendo que menos congresistas dará más representatividad al Parlamento. Un argumento contradictorio, por decir lo menos. En lugar de concentrarse en disminuir los privilegios, buscar mecanismos para hacer rendir cuentas a los representantes políticos y distribuir el poder de un modo más equitativo, la propuesta busca concentrarlo aun más y presentar esa estrategia -un franco retroceso- como algo beneficioso para nuestra institucionalidad.



Esto no es el borde de un precipicio, es más bien el agua barrosa de un pantano que cada quien está intentando cruzar sin tener claro dónde está la otra orilla ni cuán profundo será el lecho de la ciénaga que se abre hacia el frente. Cada paso que se da no es necesariamente un avance, sino más bien una aproximación a la densidad del barro y la cantidad de desechos empozados. Han pasado ya más de siete semanas desde el inicio del estallido social y la sensación es que el agua estancada no fluye, todo lo contrario, queda estancada y cobra nueva consistencia en la medida en que recibe nuevas descargas de la mugre escondida bajo las alfombras. Más que un río revuelto, es una arena movediza contaminada, en donde no hay ganancia para los pescadores diestros, sino para la picardía de quien ve en la crisis más dolorosa una oportunidad de sacar ventaja. Por ejemplo, en lugar de concentrarse en las demandas sociales -pensiones, ingreso mínimo, salud-, el gobierno propone disminuir el número de parlamentarios acudiendo a la falacia de que eso es lo que la ciudadanía quiere, porque es más barato, y añadiendo que menos congresistas dará más representatividad al Parlamento. Un argumento contradictorio, por decir lo menos. En lugar de concentrarse en disminuir los privilegios, buscar mecanismos para hacer rendir cuentas a los representantes políticos y distribuir el poder de un modo más equitativo, la propuesta busca concentrarlo aun más y presentar esa estrategia -un franco retroceso- como algo beneficioso para nuestra institucionalidad.

El Presidente y el gobierno aseguran haber escuchado el mensaje de la mayoría de los chilenos, sin embargo, muchas de sus acciones contradicen esa aseveración. Con la excepción del ministro de Hacienda, el Ejecutivo ha hecho decididos esfuerzos para contraponer a sus declaraciones anuncios que huelen a otra cosa. Los informes de Amnesty International y Human Rights Watch establecieron que la policía chilena estaba cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos en contra de manifestantes de manera reiterada. Incluso, HRW incluyó recomendaciones para Carabineros, y entre las medidas sugeridas se cuenta la reformulación de mecanismos de control interno, la instalación de cámaras en todas las áreas de las comisarías, un nuevo sistema de disciplina dentro de la institución y mejorar el entrenamiento de los carabineros relacionados con armas letales. La primera respuesta del gobierno fue que recibía los antecedentes de la organización "con dolor". El segundo paso no fue proyectar cambios en la línea de las recomendaciones de HRW, sino anunciar que sacarían a la calle a policías que no han completado su etapa de instrucción –a contramano de lo propuesto- y el anuncio de que comprarían disuasivos acústicos como herramientas antidisturbios para carabineros, pese a que los especialistas en fonoaudiología han advertido lo peligrosos que son para la población general. La puntada final la ejecutó la misma institución cuestionada, que difundió un comunicado en donde rechaza las cifras de personas lesionadas, abusadas y heridas presentada por Human Rights Watch. Carabineros, además, concluyó que no existían "elementos para sostener la credibilidad de los relatos" de violaciones recopilados en el informe. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, respondió que todos los datos y testimonios recogidos fueron proporcionados por el Ministerio de Salud y el Instituto de Derechos Humanos, detallando específicamente las cifras y calificando el texto difundido por Carabineros como "sorprendente".

La señal es que el gobierno dice una cosa y la policía, dependiente del ministerio del Interior, asegura otra. ¿Quién manda a quién? ¿Cómo es posible que Carabineros redacte un documento que desmienta implícitamente los datos proporcionados por organismos oficiales?

Los actos de violencia son parasitarios de las marchas pacíficas y de las jornadas de protesta. No son parte de las manifestaciones, las usan como escudo: quienes ejercen la violencia son grupos minoritarios que podrían ser controlados de mejor manera si la policía tuviera mejores herramientas de inteligencia y una estrategia orientada a atrapar delincuentes y no a dispararles a manifestantes. Durante la crisis, ningún dirigente político ha dejado de condenar los incendios y saqueos ocurridos desde el estallido de octubre, sin embargo, el gobierno en lugar de concentrarse en el abrumador apoyo a las demandas sociales, y a través de una propuesta contundente satisfacer esas demandas y conseguir con eso que las manifestaciones públicas disminuyan, lo que ha hecho es insistir en la represión, privilegiando proyectos de ley que le brindan más y más poder a Carabineros.

El reclamo generalizado es por cambios, pero las respuestas siguen siendo las mismas de siempre. Así no es posible percibir avances, sino un asfixiante empantanamiento.

Comenta

Imperdibles