Gloria Ana Chevesich, vocera de la Corte Suprema: “Si los jueces empezaran a fallar considerando lo que piensa la opinión pública sería nefasto”

La vocera del máximo tribunal aborda las complicaciones de funcionamiento del Poder Judicial en medio de la pandemia y de la importancia de aumentar cada vez más la presencia de mujeres en los cargos de poder de la judicatura.


Entre las preparaciones para el retorno del Poder Judicial a la nueva normalidad, y la tarea que asumió como “coordinadora de la pandemia” -monitoreando la administración de justicia a lo largo de todo el país-, la jueza y vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, siguió con especial atención la fallida acusación constitucional contra la magistrada de Valparaíso Silvana Donoso, luego de que un grupo de diputados la acusara de notable abandono de deberes por haber presidido una comisión que en 2016 dejó en libertad condicional al asesino de Ámbar Cornejo.

El caso abrió una discusión sobre los límites del poder político sobre las decisiones del Poder Judicial y, nuevamente, la influencia de la opinión pública en las decisiones adoptadas por los tribunales.

“La Corte Suprema, en particular, y el Poder Judicial, en general, siempre han rechazado y seguirán rechazando de manera categórica todos los actos de hostigamiento o amedrentamiento en contra de los miembros de la judicatura, porque afectan la independencia judicial, que es un valor principal de la judicatura y es una garantía para todas las personas que pueden quedar sometidas a una decisión judicial”, dice la ministra Chevesich, y agrega que “la independencia es garantía de que los tribunales, los jueces y las juezas van a actuar y decidir conforme al mérito de los antecedentes, de acuerdo a las pruebas rendidas por los litigantes y aplicando la normativa al caso concentro”.

Los diputados que levantaron esta acusación buscaban un “castigo” para que nunca más un juez obrara como lo hizo la comisión que lideró la jueza Donoso. ¿Qué piensa de eso?

El Poder Judicial acepta las críticas que se formulan al desempeño judicial, pero deben ser fundadas. Por lo mismo, se ha adoptado una política comunicacional bastante potente en el sentido de dar a conocer las sentencias que se dictan en las causas, incluso se transmiten aquellas audiencias de interés público, para que las personas entiendan que los jueces y las juezas deciden sobre la base de los antecedentes que entregan el Ministerio Público, los querellantes, las defensas. Se puede no estar de acuerdo con una resolución, pero lo importante es no caer en excesos, y si los miembros de la judicatura empezaran a fallar considerando lo que piensa la opinión pública respecto de un caso concreto sería nefasto para el sistema democrático, para el judicial, para la sociedad. En todo caso, tenemos la certeza de que los jueces y las juezas hacen su labor con apego a la ley y sin ninguna otra consideración, no se debe olvidar que al asumir el cargo juraron o prometieron respetar y hacer respetar la Constitución Política de la República y las leyes.

En redes sociales se han visto funas y amenazas a jueces cuando el resultado de una audiencia no deja conforme a un grupo, ¿cómo observa esto la Suprema?

Es lamentable, no se pueden tolerar las amenazas. La manera de revertir lo que un juez resolvió está establecida en la legislación, y es a través de los recursos procesales, y serán los tribunales superiores quienes deben decidir si corresponde modificar la decisión impugnada. Esa es la forma; las funas, las amenazas, no pueden darse en una sociedad civilizada.

Gloria Ana Chevesich, vocera de la Corte Suprema.
Gloria Ana Chevesich, vocera de la Corte Suprema.

El jueves, el Senado, en votación unánime y tras el fracaso del ascenso del ministro Raúl Mera, aprobó a la ministra Adelita Ravanales en la Corte Suprema. Con ella ya son ocho mujeres, ¿cree que se necesitan más mujeres en puestos de poder de la judicatura?

En cuanto a la presencia de las mujeres en el Poder Judicial, las cifras entregadas por la Secretaría de Género y No Discriminación de la Corte Suprema son elocuentes: de 12.513 integrantes, 7.249 son mujeres, es decir, un 57% del total. Por lo tanto, hay un 16% más de mujeres que hombres.

Claro, pero me refiero a los cargos más altos…

En cuanto a los cargos de mayor jerarquía (mira un documento), esto es, al porcentaje de mujeres ministras en las Cortes de Apelaciones, de un total de 147 ministros, 83 son hombres y 64 son mujeres. Entonces, la brecha de género es negativa, de -12,9%, y fíjate que de las 17 cortes solo en una la brecha es positiva, pues en San Miguel el 56,6% son mujeres, mientras que en cuatro Cortes de Apelaciones -Iquique, Santiago, Antofagasta y Punta Arenas- hay paridad absoluta. También tenemos casos excepcionales, como la Corte de Chillán y la de Coyhaique, en que no hay ninguna ministra. En la Corte Suprema, con la eventual ratificación de la ministra Ravanales, seremos ocho mujeres en total, de 21. Es decir, un porcentaje del 38%. Como tú puedes ver, va aumentando la presencia de las mujeres en el Poder Judicial, en general, también de la Corte Suprema. ¡Para allá vamos!

Usted llegó muy joven a una Suprema plagada de hombres, ¿cree que es importante que se resguarde la paridad en el máximo tribunal del país y en los más altos puestos de la judicatura?

Sí, porque las mujeres percibimos de manera diferente determinadas cuestiones, afrontamos los problemas desde diferentes puntos de vista, y es importante que haya varias visiones, la de las mujeres y otras. En el pasado había más varones, pero ahora, si tú analizas las votaciones en general, sea para ministro de Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, advertirás que se vota mucho más por colegas mujeres. Con todo, asegurar la paridad de género no es resorte de la Corte Suprema, sino del legislador, dictando una ley a respecto.

¿Le gustaría eso?

Lo tiene que decidir el legislador, pero, como te dije, las estadísticas dan muestras de más presencia de mujeres en los puestos más altos. Para allá vamos.

¿Defiende la perspectiva de género al momento de fallar?

El fundamento en la administración de justicia de la perspectiva de género lo constituyen los principios de igualdad y no discriminación y el derecho de acceso a la justicia de todas las personas, cualquiera sea su condición. Es una herramienta metodológica de análisis que nos permite juzgar visibilizando las barreras que pueden dificultar el goce del ejercicio igualitario de determinados derechos de un grupo determinado de personas y ser capaces, en consecuencia, de interpretar y aplicar el derecho de una manera que no perpetúe esas discriminaciones y que respete el principio de la igualdad a la luz de las normas nacionales o internacionales. En todo caso, debe ser aplicada por todos los miembros de la judicatura, pues las juezas y los jueces deben juzgar con perspectiva de género, ya que nos permite analizar la aparente neutralidad de las normas jurídicas a fin de enmendar su alcance discriminatorio. La idea es que los miembros de la judicatura eliminen sus propios prejuicios respecto de cómo deberían ser y comportarse hombres y mujeres, no fallen con ideas preconcebidas. La perspectiva de género es una exigencia para superar sesgos que constituyen obstáculos para el acceso efectivo e igualitario a la justicia. Todo eso se ha desarrollado al interior del Poder Judicial en el cuaderno de buenas prácticas que incorpora la perspectiva de género en las sentencias.

¿Le gustaría que quien lidere la Corte Suprema en el próximo periodo fuera una mujer? Ud. podría ser la primera presidenta del máximo tribunal en la historia.

Como lo he dicho en otras oportunidades, me ocupo del presente, primero, tengo que cumplir mi función de ministra de la Corte Suprema. Segundo, tengo un cometido que se me ha encargado como vocera, esto es, transmitir lo que piensa el máximo tribunal sobre un asunto en particular. Tercero, soy coordinadora en tiempo de pandemia y... bueno, el tiempo lo dirá.

Si se siguen las reglas de antigüedad en un par de periodos se concretaría eso…

No depende de mí, son los colegas quienes tienen que decidir, y hay que ocuparse del presente para enfrentar el futuro, pues, como te he dicho, en relación a la pandemia, hay que adoptar medidas para abordar el atraso y el trabajo que se nos presentará. La labor del Poder Judicial es prestar el servicio judicial, dar solución a los conflictos jurídicos de las personas que acuden a los tribunales y para eso tenemos que ocuparnos ahora.

En estos días ha tomado especial relevancia el rol de las mujeres en la administración de justicia a propósito de la muerta de la emblemática jueza norteamericana Ruth Bader Ginsburg...

Su trabajo fue muy importante, pues en determinadas materias su postura permitió equilibrar la existente dentro de la Corte Suprema, referidas a temas sensibles, de mucho interés y relacionadas con las personas vulnerables de la sociedad. Logró fijar jurisprudencia y, de manera muy inteligente, que su postura fuera apoyada por ministros considerados conservadores.

Usted mencionó el desafío que ha sido el funcionamiento de tribunales en pandemia. ¿Cuál es su evaluación de estos meses?

Creo que, en general, bien, pero debemos mejorar algunos aspectos. El lunes de esta semana informé a la Corte Suprema el estado de las 17 Cortes de Apelaciones del país y de todos los tribunales que tienen competencia en materias de familia, laboral y penal, y también presenté una propuesta para abordar el trabajo futuro y el atraso generado por la no realización de audiencias, debido a motivos de todo orden, entre ellos, la negativa de las partes a realizarlas por vía telemática, por lo que se denomina analfabetismo digital o tecnológico, la mala o nula cobertura de internet de las personas que viven en zonas rurales o que no tienen los recursos para acceder a internet.

Otro escenario complejo se ha dado en juicios en que imputados que arriesgan altas penas de cárcel no quieren que se les juzgue vía telemática…

Sí, en realidad, por regla general, la Defensoría Penal Pública ha sido renuente a llevar a cabo los juicios por la vía telemática precisamente en aquellos casos que se arriesgan penas superiores, porque temen que haya un detrimento del principio de la inmediatez y, con ello, se estarían afectando las garantías procesales. Pero, con todo, la Corte Suprema se pronunció respecto de un recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública en que se denunciaba la infracción de garantías fundamentales respecto de un juicio que se había realizado por vía remota, y lo rechazó porque concluyó que se habían respetado las garantías de carácter procesal y, por tanto, que es posible llevar a cabo un juicio por la vía remota. No hay que olvidar que también para el imputado es importante que el juicio se lleve a cabo en un tiempo prudente. Es una discusión que tendremos que zanjar, porque si seguimos en régimen de excepción constitucional, producto de la pandemia, los juicios no se pueden seguir dilatando. Habrá que aplicar los protocolos aprobados por la Corte Suprema e intentar hacer los juicios de manera semipresencial, pero en este momento la labor judicial se está prestando vía teletrabajo. Este lunes, la Corte Suprema debería, con la información dada a conocer, adoptar medidas para ver cómo seguimos funcionando.

Se ha hablado de una disminución en las denuncias por violencia intrafamiliar a causa de las cuarentenas, ¿lo detectó en su diagnóstico?

Efectivamente, hay una disminución de ingresos en materia de VIF, y si bien la mayoría de los tribunales está actuando de manera no presencial, hay funcionarios que concurren a los tribunales para recibir denuncias, y se ha instalado todo tipo de comunicaciones, vía telemática, para que las mujeres víctimas puedan interponer las denuncias. Lo complejo, justamente, han sido las cuarentenas, contextos en que es difícil que las víctimas de VIF, que pueden ser niños, niñas, adolescentes, puedan salir de sus casas, porque también tienen el temor al contagio de Covid. La pandemia ha generado aquello y las estadísticas dan cuenta de que los sistemas telemáticos que se han implementado parece que no han sido suficientes y eso nos preocupa mucho.

Los Tribunales de Familia tuvieron que enfrentar una inédita carga laboral cuando se aprobó la reforma que permitió el retiro del 10% de fondos de las AFP en el marco de demandas por pensiones alimenticias y que el Poder Judicial retuvo a los deudores. ¿Están preparados para un segundo retiro que hoy se tramita en el Congreso?

El trabajo de esos días debe ser calificado como una hazaña. Acá tengo cifras, mira, en pocos días se cautelaron casi 308 mil millones de pesos, se recibieron un total de 516.777 escritos de retención de fondos, que equivale a 1.828% de un año normal en el mismo periodo de tiempo, y se decretaron un total de 326.000 medidas cautelares, con un universo de 237.800 posibles deudores. Se cometieron errores y lo lamentamos profundamente, pero se adoptaron medidas para superarlos, y para un eventual segundo retiro estamos mucho mejor preparados, porque se implementaron herramientas tecnológicas para recibir solicitudes masivas.

¿Se sorprendió con la cantidad de personas que no pagan alimentos?

La cultura de no pago de las pensiones alimenticias, desgraciadamente, está latente, vigente, y los tribunales con competencia en asuntos de familia dictan todas las medidas necesarias para obtener el cumplimiento de la obligación de pago, pero la mayoría de las veces no se logra. Bueno, algunos demandados están sin trabajo, ahora con la pandemia el desempleo ha recrudecido, pero también hay un grupo numeroso respecto del cual es difícil lograr que cumplan la obligación legal y moral de proveer los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de todo orden de los alimentarios

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