Holanda: El debate por la píldora del suicidio

En 1991 provocó un fuerte debate social en su natal Holanda. Y el hecho de ser juez del Tribunal Supremo y profesor de Derecho solo sirvió de caja de resonancia a su polémica propuesta. Ese año, después de un encuentro fortuito con un anciano que temía morir en un geriátrico, Huib Drion publicó un libro donde planteaba que el Estado debería poner a disposición de los ciudadanos mayores de 70 años una píldora venenosa para usar cuando decidieran terminar con su vida. "Me parece que muchas personas mayores encontrarían una gran tranquilidad si pudieran tener un medio para poner fin a sus vidas de una manera aceptable en el momento en que para ellos sea el más adecuado", se lee en Het zelfgewilde einde van oude mensen, texto que se puede traducir como "La elección del final de la vida para los ancianos". Este medio de suicidio, que para el académico constituía un derecho humano, se conoce como la "Píldora de Drion", aunque él mismo nunca habló de una "píldora".

Contradictoriamente, Drion no necesitó de esta píldora. Murió por causas naturales mientras dormía en su casa de Leiden, en 2004, a los 86 años. Sin embargo, su propuesta ha resurgido con fuerza en la política holandesa, al punto que el actual gobierno empezó a tramitar su puesta en marcha, según informó el diario español ABC.

El debate volvió a tomar relevancia después de que el año pasado Holanda se viera conmocionada por el caso de Noa Pothoven, una joven de 17 años que fue abusada y violada en su infancia y que pidió morir porque ya no podía lidiar con su "sufrimiento inaguantable". La joven pidió la eutanasia tras explicar que vivía en un estado de constante depresión, pero se la negaron y murió por dejar de comer y beber.

Influido por la propuesta de Drion y el dramático caso de Noa, el partido liberal D66 -integrante de la coalición que sostiene a la mayoría gubernamental en La Haya- lidera ahora la idea de materializar el tema de la pastilla venenosa para los mayores, una idea que había incluido en su programa. Los voceros del partido explicaron que como el gobierno avanza lentamente sobre esta cuestión, decidieron presentar una legislación para que se apruebe a la brevedad.

El gobierno, por su parte, acaba de publicar un controvertido estudio sobre la eutanasia para personas mayores "cansadas" de vivir. En total, el comité de investigación entrevistó a más de 21.000 personas mayores de 55 años de edad, 1.600 médicos de cabecera y analizó unas 200 solicitudes de eutanasia ejecutadas y rechazadas en estos últimos meses, para concluir la composición y el porcentaje de personas que, sin estar gravemente enfermas, no quieren seguir viviendo por la vejez. Según la investigación, más de 10.000 holandeses en esta franja de edad se manifestaron dispuestos a recurrir a esta opción cuando hayan "completado su vida".

El estudio también muestra que un tercio de las personas que aseguran que desean morir pedirían ayuda médica para suicidarse, mientras que dos tercios prefieren morir en su casa si se les proporcionan las sustancias necesarias cuando tengan "una acumulación de quejas por la edad" y un "sufrimiento insoportable y sin esperanza". No obstante, los investigadores advierten que el deseo de poner fin a la vida puede disminuir e, incluso, desaparecer si la situación física y financiera de la persona mejora, o si bien deja de sentirse sola o dependiente. De hecho, consigna el diario español La Vanguardia, una de las características de las personas que en el estudio explicitan su deseo de morir es que sufren quejas físicas y mentales, luchan contra la soledad o lidian con problemas financieros y familiares.

Aunque estas personas dijeron tener "un deseo de morir consistente y activo", su proporción, un 0,18% de esa franja de edad, no permite deducir que constituya un grupo significativo, según las autoridades holandesas. Además, si bien desde 2002 la interrupción voluntaria de la vida es legal en Holanda, son necesarios dos requisitos: sufrir una enfermedad incurable y estar luchando contra un dolor insoportable y diario, por lo que quedarían excluidos los achaques habituales de la vejez.

La controversia que ha generado este debate en Holanda es tal, que el gobierno de coalición del primer ministro Mark Rutte se muestra dividido en esta cuestión. Así, mientras los progresistas (D66) se inclinan por ampliar a estos supuestos la eutanasia legal, el Partido Liberal (VVD) tiene dudas y La Llamada Demócrata Cristiana (CDA) y los conservadores de Unión Cristiana (CU) están en contra. Pese a ello, los cuatro socios de gobierno aprobaron llevar a cabo el estudio con el compromiso de no presentar una propuesta ley hasta que se hicieran públicos los resultados.

Al respecto, el ministro de Salud holandés, el democratacristiano Hugo de Jonge, considera que el grupo estudiado es "diverso", que "no hay una solución única para todos" y que, por lo tanto, la regulación legal de la eutanasia en estos supuestos "no es la respuesta". A su juicio, lo que habría que hacer es "intentar devolverle el gusto por la vida" a este grupo de holandeses. Con todo, reconoce que este informe "en todos sus tonos grises" proporciona una buena base para un diálogo sobre la fase final de la vida en Holanda.

Pero en el partido D66 difieren del gobierno. Consideran que la investigación del Ejecutivo "ofrece suficientes puntos de partida", por lo que anunciaron que presentarán "pronto" en el Parlamento el proyecto de ley. "La investigación estudia a un grupo más amplio (de más de 55 años) que el objetivo de nuestro proyecto de ley (más de 75). Se trata de dar la opción de poder morir con dignidad en la vejez, cuando uno considere que su propia vida está completa. La gente quiere garantías de futuro", aseguró la diputada progresista Pia Dijkstra. En opinión de la parlamentaria, "el ministro (De Jonge) obviamente siente menos la urgencia que yo". "Las personas ancianas que ya han vivido lo suficiente deberían poder morir cuando lo decidan", defiende.

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La diputada holandesa por la Unión Cristiana, Carla Dik-Faber.[/caption]

En la otra orilla de la vereda, la Unión Cristiana se muestra más crítica sobre la investigación, ya que lamenta que dé la imagen de que esas 10.000 personas son un grupo de "ciudadanos totalmente autónomos que, después de una vida exitosa, principalmente quieren estar a cargo de su propia muerte". Al respecto, Carla Dik-Faber, una de las diputadas más activas de la colectividad, explica a La Tercera que el debate sobre la pastilla de la "vida acabada" ya empezó en 2014, cuando se expuso la propuesta de que si alguien que cree que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la vida puede decidir sencillamente morir cuando disponga. "Ha habido un debate político y social sobre si alguien que está experimentando su vida como terminada puede obtener ayuda con el suicidio (...). Estas personas no están gravemente enfermas, pero experimentan su vida como concluida. En este caso, la asistencia con el suicidio no debe ser brindada por médicos, sino por 'consultores de fin de vida'", detalla la parlamentaria.

A juicio de Dik-Faber, "el gobierno debe proteger a las personas y no puede ayudar al mismo tiempo con el suicidio". "Cuando el suicidio asistido es una posibilidad legal, todos, especialmente las personas mayores, se harán esta pregunta: ¿Es mi momento ahora? Las personas pueden sentirse alentadas por su entorno, sin palabras, a pensar en esto", advierte. "Las personas mayores pueden sentirse innecesarias en una sociedad que no valora la vejez. La gente puede estar sola. Las personas pueden tener una vida de sufrimiento. Eso no es fácil de resolver. El gobierno y toda la sociedad deben asumir la responsabilidad de esto. El suicidio asistido no es misericordioso. No queremos 'consultores de fin de vida', queremos 'guías de vida'. Toda vida es valiosa y vale la pena", asegura. Y agrega: "Este problema no se trata de individuos, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. Un comité de hombres y mujeres sabios ha asesorado sobre este tema. Su consejo fue unánime: no lo hagan. Los médicos están de acuerdo con esto. Y nosotros también".

El problema para el primer ministro Mark Rutte, del VVD, es que en el gobierno necesitó acordar con la Unión Cristiana, un partido minoritario y de raíz religiosa, para conseguir una mayoría parlamentaria, que no está de acuerdo con la idea de que el Estado proponga la distribución de una pastilla entre las personas mayores que desean terminar con su vida. Sin embargo, los votos de esta colectividad no son necesarios para una eventual mayoría en el debate parlamentario sobre esta ley, porque hay otros partidos que no están en el gobierno dispuestos a apoyarla, destaca ABC. Sin embargo, aún resta saber si esta cuestión puede impactar en la coalición que le permite la gobernabilidad al oficialismo.

La idea de este proyecto es que la opción exista, porque la legalización de la eutanasia "no hace daño" a la sociedad y no sustituye los tratamientos médicos para mejorar la situación del paciente, aseguró a la agencia EFE Jacob Kohnstamm, director de los comités que vigilan la aplicación de la eutanasia en Holanda. "Si el paciente sabe que puede obtener la eutanasia cuando lo decida, a veces aguanta el dolor durante algo más de tiempo. Creo que la legalización de la eutanasia en Holanda ha ayudado a la gente a vivir más tiempo de lo que lo hubieran hecho si fuera ilegal", subraya este exdiputado de D66, ahora alejado de la política.

La Ley de Eutanasia holandesa entró en vigor en 2002, pero sigue penalizada hasta con 12 años de cárcel si se vulneran sus requisitos. En su primer año de vigencia, la normativa fue utilizada en 1.880 casos; cinco años más tarde se ampliaron las condiciones para poder aplicarla y en la actualidad ya ascienden casi a 7.000 las personas que cada año son acompañadas a la muerte por el propio sistema de salud. En total, son unos 20 casos diarios.