OAS: El contrato que está en la mira de la fiscalía

El lunes 16 de septiembre, la fiscal Ximena Chong se encontraba en plena audiencia por el extenso juicio oral del caso Corpesca, en una de las salas del tercer piso del Centro de Justicia, cuando varios mensajes a su celular le advirtieron de una noticia proveniente de Brasil.

Ese día, el diario Folha de Sao Paulo, en conjunto con la agencia de informaciones The Intercept Brasil -un medio que se define como independiente, con una mirada crítica a la labor del exjuez Sergio Moro (actual ministro de Justicia de Bolsonaro) y los fiscales del Grupo de Tarea a cargo del caso Lava Jato en Brasil- dieron a conocer parte de lo que, aseguran, serían los testimonios que el empresario y expresidente de OAS, Léo Pinheiro, entregó a partir de junio de 2017 para sellar un acuerdo de delación premiada con la justicia brasileña y así reducir su condena a 16 años y cuatros meses.

Pinheiro, según la publicación de Folha, aseguró a los persecutores brasileños que el exmandatario Lula da Silva -quien está en prisión condenado a ocho años y 10 meses por haber recibido un departamento triplex de lujo en el balneario de Guarajá de parte de la constructora OAS- había actuado como intermediario de la empresa ante los gobiernos de Bolivia, Costa Rica y Chile.

Según Pinheiro, en 2013, OAS temía que el cambio de gobierno en Chile y el retorno de Michelle Bachelet a La Moneda pusiera en riesgo el proyecto del Puente de Chacao, donde la empresa brasileña participaría en conjunto con la coreana Hyundai. No era una preocupación infundada. En el primer mandato de la expresidenta, el gobierno había cancelado el mismo proyecto por estimar que sus costos eran excesivos para la baja rentabilidad social que tenía la obra de infraestructura.

"Lula dijo que habló con el expresidente Lagos, también del Partido Socialista, quien habría garantizado que la empresa brasileña seguiría con el trabajo", señala el informe de Folha y The Intercept Brasil.

El medio paulista también publicó que "Lula posteriormente solicitó dinero a OAS para la campaña de Bachelet. Pinheiro dijo que había decidido pagar $ 101,6 millones de pesos, equivalentes a unos $ 400 mil reales en ese momento en interés de la campaña de Bachelet". Esa cantidad, añade la nota, "se pagó a través de un contrato ficticio firmado con la empresa Martelli & Asociados, una vez que terminó la campaña (presidencial)".

La filtración de prensa se producía apenas tres días después de que el juez de la Corte Suprema Federal de Brasil Edson Fachin validara el acuerdo de delación premiada suscrito entre Pinheiro y el Ministerio Público, una decisión largamente esperada en Chile, pues permitirá abrir nuevas diligencias en el marco de la investigación local del caso OAS.

"En relación con los 100 millones de pesos, la información que ya se manejaba en el contexto de la investigación son facturas emitidas por una empresa de titularidad de Giorgio Martelli y de su sobrino, que habrían sido emitidas a OAS Chile, previo a la suscripción de un contrato en los primeros meses del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. El contrato es por esa cifra", señaló la fiscal Chong el lunes pasado, apenas unas horas después de que se conociera la noticia de Folha. Justo en esos momentos, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, se pedía a los fiscales brasileños que remitieran de manera oficial tanto una copia de la validación del Tribunal Supremo del acuerdo de delación premiada, como el texto completo de las declaraciones de Pinheiro relacionadas con Chile.

En mayo pasado, la fiscal había firmado un convenio de cooperación con Brasil que le impide imputar en Chile los delitos por los que se haya autoinculpado el exejecutivo de OAS. Pero sus dichos son claves para avanzar en la arista que hasta ahora lleva en carácter desformalizado.

Chong ya acreditó que los más de US$ 200 mil que costó el viaje de Lula a Chile en octubre de 2013 -ocasión en la que se reunió con Bachelet en su comando de campaña, y tuvo encuentros con Sebastián Piñera, Lagos y un grupo de empresarios chilenos junto a Léo Pinheiro- habían sido financiados por OAS.

Tras estos acontecimientos, la fiscal está a la espera de tener en sus manos el testimonio de Pinheiro para iniciar nuevas diligencias en torno al contrato firmado en junio de 2014 entre OAS Chile y la empresa Transversal, de propiedad de la sociedad Martelli & Asociados, del geógrafo Giorgio Martelli, quien fuera administrador electoral de la primera campaña de Bachelet y parte de los equipos responsables de la recaudación de fondos de Frei en 2009 y Bachelet en 2013.

El contrato establecía el pago de $ 100 millones en 10 cuotas mensuales de 10 millones cada una desde julio de 2014 hasta marzo de 2015, por el trazado de un mapa y la redacción de estudios de plusvalía en la zona de Chiloé.

Martelli ha insistido en que esos trabajos se realizaron y que su relación con OAS fue profesional, por lo que niega que haya triangulado platas políticas. Así lo dijo el 10 de febrero de 2017, a las 15.20 horas, cuando fue interrogado por Chong sobre sus nexos con OAS.

En su declaración ante la fiscal, Martelli aseguró que había conocido a los representantes de OAS en marzo o abril de 2014, durante una reunión a la que asistió en calidad de miembro de Codesup -Corporación de Desarrollo Sustentable de Pudahuel- relacionada con la licitación del aeropuerto internacional de Santiago.

Esa información, sin embargo, sería inexacta. Tras los allanamientos a las oficinas de OAS, la fiscal incautó correos electrónicos y documentos que daban cuenta de la relación entre el exgerente general de OAS Chile Felippe Padovani con Martelli que databa de 2009. Padovani no solo le preguntó a Martelli cómo debían proceder para hacer una donación a la campaña presidencial de Frei, sino que también le pidió que gestionara reuniones con los ministros Sergio Bitar (Obras Públicas), Marcelo Tokman (Energía) y Santiago González (Minería) durante el primer gobierno de Bachelet. Ante la fiscal Chong, Martelli reconoció que se había reunido con Léo Pinheiro y otros ejecutivos de OAS en el hotel Ritz, en abril de 2014, ocasión en la que le hizo una propuesta sobre el mapa de Chiloé. "Él se mostró mucho más interesado en el mapa", dijo.

Hasta entonces no habían hablado sobre los costos de ese trabajo. En mayo de 2014, un representante de OAS en Chile lo contactó. "Me dijo que estaban de acuerdo y me señaló un monto cercano a los 100 millones", dijo Martelli a la fiscalía.

Al Ministerio Público aún le llama la atención que el contrato redactado por OAS no incluía la elaboración del mapa entre los servicios prestados por Martelli.

El contrato nunca se ejecutó completamente. En diciembre de 2014, OAS comenzó su retiro de Chile en medio de los problemas judiciales que ya enfrentaba en Brasil por el escándalo de corrupción. Para entonces, Martelli había recibido solo cinco pagos de 10 millones cada uno.

Aunque tenía un contrato vigente, Martelli optó por no demandar a OAS por el saldo pendiente.