El acuerdo por el orden público que desordenó a la oposición

Senadores Acuerdo de Paz

27 DE NOVIEMBRE DE 2019/VALPARAISO senadores de distintas bancadas acuerdo por la paz social, los derechos humanos y el orden público. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

El texto que anoche firmaron 25 parlamentarios del oficialismo y la oposición bajo el rótulo de "Declaración por la Paz Social, los derechos Humanos y el orden público" generó duros momentos de tensión entre los senadores opositores, quienes se vieron horquillados entre dar una señal de unidad para condenar la violencia y aparecer al lado de la derecha en un tema que a la izquierda le resulta especialmente incómodo con sus bases: el orden público.




El martes en la noche, tras una de las jornadas más duras de violencia desde el estallido de la movilización social, el senador de Evópoli, Felipe Kast, llamó por teléfono a la senadora DC Ximena Rincón y al senador PPD, Felipe Harboe, para plantear la idea de una declaración conjunta por el orden público y para avanzar en la agenda de seguridad.

El texto que anoche firmaron 25 parlamentarios del oficialismo y la oposición bajo el rótulo de "Declaración por la Paz Social, los derechos Humanos y el orden público" generó duros momentos de tensión entre los senadores opositores, quienes se vieron horquillados entre dar una señal de unidad para condenar la violencia y aparecer al lado de la derecha en un tema que a la izquierda le resulta especialmente incómodo con sus bases: el orden público.

A lo anterior se suma que varios senadores de oposición vieron en este llamado a la unidad un intento de La Moneda de compartir responsabilidades con el Congreso ante la obligación de ejercer sus facultades constitucionales ante la violencia.

"Hay un sector de la izquierda que por los efectos de la dictadura nunca ha querido asumir los temas de seguridad y no se da cuenta de que este es un tema tremendamente progresista, porque las principales víctimas de la delincuencia son los trabajadores", dice el senador Felipe Harboe. 

Harboe fue uno de los tres PPD que firmó el documento junto al presidente del Senado, Jaime Quintana, y al senador Ricardo Lagos Weber. Al otro lado de la línea quedaron los restantes miembros de su bancada: el senador Guido Girardi y Ximena ÓrdenesEl primero hoy recalcó que "el Presidente siempre tuvo las facultades para resguardar el orden público" y aseguró que no habría accedido a la firma de un documento de unidad cuando el gobierno ha mostrado "indolencia" con los casos de violaciones a los derechos humanos que, a su juicio, son más graves estando en democracia. "Está más preocupado de endosar responsabilidades al Congreso, que adoptar medidas efectivas", dijo la senadora Órdenes. 

En 2010, tras el terremoto de febrero, este mismo debate se tomó a la Nueva Mayoría, entonces en el gobierno con Michelle Bachelet a la cabeza. Recién 36 horas después del megasismo y tras una ola de saqueos y caos que se dio sobre todo en la región del Biobío, la Presidenta firmó el decreto con el que sacó a unos 14 mil militares a las calles. "Para una coalición que luchó contra la dictadura militar, la idea de tener a los militares en la calle no fue fácil", reconoció el entonces ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar (PPD).

La maratónica redacción

La idea que empujaron Kast, Harboe y Rincón, fue socializada desde temprano con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y con el propio Presidente Sebastián Piñera, que estuvo al tanto de las tratativas durante todo el día. La redacción partió ayer en la oficina de la presidencia del Senado con la venia del titular de la corporación, Jaime Quintana. Luego se sumaron el vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti y su par PS José Miguel Insulza, ambos socialistas.

Todo iba avanzando hasta el mediodía cuando Kast propuso incluir en el texto un respaldo explícito al Presidente ante una eventual declaración de estado de excepción. Harboe e Insulza plantearon que no estaban disponibles para firmar un documento así. La redacción más tarde varió a "el Presidente de la República dispone de las herramientas constitucionales para reestablecer el orden público y la seguridad del país, y deberá velar por el respeto de los DD.HH. de todos los chilenos y chilenas".

Fue en el PS donde ayer hubo mayores discrepancias por el documento. Aunque estuvo en las primeras negociaciones, De Urresti finalmente optó por marginarse y no firmar. En la bancada aseguran que pesaron las críticas de Carlos Montes y del presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, que anoche cuestionó la utilidad de la declaración.

Al final sólo firmaron Insulza y Rabindranath Quinteros, quien esta mañana defendió su decisión: "La declaración sí nos representa a todos los senadores; lo que pasa es que algunos no quieren figurar firmando con otra gente, ese es todo el asunto. Yo pedí el último punto: que el Presidente dispone de todas las herramientas legales para establecer el orden público, y bajo esa premisa yo firmaba".

"A mí no me vengan con que con la violencia vamos a solucionar los problemas del país. Eso no es así. Yo ya pasé una dictadura y nunca más me gustaría vivir en una. Por eso rechazo cualquier dictadura, sea del color y signo que sea, y trato de ser coherente con lo que pienso. No estoy para la foto ni para los aplausos. No me vengan algunos con que '¡cómo, socialista!'. No, señor. Soy socialista, y a lo mejor mucho más socialista que muchos, pero no estoy de acuerdo con la violencia", añade el senador por la región de Los Lagos.

En la DC también hubo duras críticas al documento. Sólo firmaron Ximena Rincón y Carolina Goic y el senador Jorge Pizarro que hizo dos observaciones al texto.

Un senador oficialista también cuenta que en la tarde intentaron convencer sin éxito a la senadora Yasna Provoste.

Lo mismo pasó con el senador del partido, Francisco Huenchumilla, quien esta mañana explicó su postura: "Este es un acuerdo de buenas intenciones pero no un acuerdo político que abarque las causas de la crisis y, por lo tanto, no es realista. Se necesita un acuerdo de la oposición y gobierno de reforma al modelo. Además creo que el gobierno nos metió en la lógica de orden público y soslaya una discusión más profunda".

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