Álvaro Corbalán apeló a Ley Zamudio: Van 140 recursos judiciales contra Piñera y Mañalich por Coronavirus

Palacio de Tribunales en el Día del Patrimonio Nacional

De ellos, un 75% han sido desestimados por tribunales, y sólo un 15% actualmente se encuentra en tramitación tras ser declarados admisibles. Álvaro Corbalán y Raúl Iturriaga Neumann, entre un grupo de internos de penal Punta Peuco, apelaron a la ley Zamudio por no ser incluidos en la ley de indulto conmutativo.




140 recursos de amparo y protección se han presentado entre el 15 de marzo -fecha en que Chile entró en la fase 4 de la pandemia por coronavirus- y el 20 de abril en las distintas Cortes de Apelaciones a nivel nacional. La mayoría, contra el Presidente Sebastián Piñera, y los ministros de Interior y Salud, Gonzalo Blumel y Jaime Mañalich.

De ellos, un 75% han sido desestimados por tribunales, y sólo un 15% actualmente se encuentra en tramitación tras ser declarados admisibles.

Según información recopilada por La Tercera PM en base al portal del Poder Judicial, ninguno de los recursos presentados ha sido fallado en el fondo, pues en su gran mayoría no logra pasar la etapa de admisibilidad. Todos han apuntado a cuestionar el plan desplegado por el gobierno en la contención de coronavirus y la decisión de los tribunales es una sola: no es materia de la justicia regular políticas públicas.

¿Quiénes y por qué han presentado los requerimientos? Un 26% de los recursos de amparo y protección han sido efectuados por presos del penal Punta Peuco y todos sin excepción han sido declarados inadmisibles. A ellos se suman una serie de municipalidades y particulares que piden que sus comunas sean declaradas en cuarentena debido el temor que despierta la enfermedad. También se encuentran casos de alcaldes que han buscado obligar al Ministerio de Salud a revelar los nombres de las personas contagiadas en sus comunas, cuestión que esta semana fue desestimada por la Contraloría.

Corbalán e Iturriaga Neumann apelan a Ley Zamudio

El 26 de marzo pasado, un grupo de 22 internos del módulo Nº1 de la Cárcel de Punta Peuco ubicada en la comuna de Tiltil presentó un recurso de amparo en contra del Presidente Piñera. Según estableció el escrito, a su parecer el mandatario “ha puesto en grave peligro nuestras vidas al excluirnos por ser autores de delitos de violación de derechos humanos del proyecto de ley que en razón de la pandemia del coronavirus, envió al Congreso Nacional -con suma urgencia- otorgando indulto conmutativo parcial con monitoreo para sustituir el régimen de reclusión cerrado por arresto domiciliario total”.

Entre los firmantes del escrito se encontraban Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI); Raúl Iturriaga Neumann (82), general de Ejército y subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), y Manuel Carevic Cubillos (76), ex Coronel del Ejercito y agente de la DINA.

Añadieron que frente a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud han anunciado que hombres y mujeres mayores de sesenta años constituyen el segmento social de más alto riesgo de contraer esta enfermedad, debido al promedio de edad que mantienen. En esa línea puntualizaron que “el concepto de distanciamiento social impulsado por el ministerio de Salud del gobierno, para los presos de Punta Peuco es letra muerta”, aseguraron e incluso apelaron a la normativa contra la discriminación.

“Enfatizamos que la decisión presidencial no sólo atenta con nuestras vidas, sino que también perturba la ley Nº 20.609 del año 2012. Medida contra la discriminación, más conocida como Ley Zamudio, pues sólo por la naturaleza de nuestros delitos, se nos discriminó condenándonos a una muerte segura”.

El 30 de marzo, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago presidida por la ministra Dobra Lusic y conformada por los ministros Alejandro Rivera y Rafael Andrade desestimó el recurso de amparo de los internos.

“Los antecedentes expuestos en el recurso no dan cuenta de hechos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía, puesto que se refieren a políticas públicas impulsadas desde la Presidencia de la República”, consignó la resolución.

No es la primera vez que los presos de Punta Peuco apelan a la Ley Zamudio. También lo hicieron hace dos años, cuando en marzo de 2018, el gobierno de Michelle Bachelet evaluó la posibilidad de cerrar el penal, lo que implicaba el traslado de los internos a cárceles ordinarias.

Aislamiento y la disputa por conocer a los infectados

A la fecha, 25 son las municipalidades que han presentado recursos de protección y amparo en busca de que sus comunas sean declaradas en cuarentena. No solo Pudahuel o Cerro Navia han acudido a tribunales en busca de la medida restrictiva, también lo han hecho municipalidades de las regiones de La Araucanía y O’Higgins.

A modo de ejemplo, en esta última zona, el alcalde de Lolol, Marco Marín, el pasado 26 de marzo presentó un recurso de protección solicitando que el Minsal aplique la medida de cuarentena en la comuna, aduciendo múltiples factores de riesgo. Entre ellos “una gran carencia de recursos humanos, equipos e implementos médicos. A ello se suma que el 23% de su población posee más de 60 años, según el censo de 2017″. A juicio del jefe comunal, al excluirse de la cuarentena total a Lolol “se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de la región de O’Higgins”.

Sin embargo, cuatro días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua desestimó los reclamos del edil y concluyó que la solicitud presentada “excede el marco de sus atribuciones”. ¿La razón? “Por tratarse la materia impugnada de cuestiones que son propias de ser resueltas por la autoridad política y del gobierno”. En su resolución aclaró que su decisión va en línea con lo dispuesto en el Nº2 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

A diferencia de Lolol, los alcaldes de Palena, comuna ubicada en la Región de Los Lagos, Cerro Navia y Pudahuel -que presentaron sendos recursos de la misma índole- volvieron a insistir en la medida y la palabra final la tendrá la Corte Suprema en los próximos días.

Más recientes son los casos de las municipalidades de María Pinto y Valparaíso que presentaron recursos de protección a fin de obligar al Minsal dar a conocer los nombres de los infectados en sus comunas.

El 16 de abril, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, presentó un recurso de protección asegurando que el ministro de Salud, Jorge Mañalich, vulneraba una serie de derechos de funcionarios municipales y servidores públicos de la comuna. En su escrito, aseguró que el Minsal “omitía entregar información relevante respecto de los casos de coronavirus en la comuna de Valparaíso, lo que impide tomar decisiones importantes en materia sanitaria".

La entrega de la información solicitada “permitiría a la entidad comunal el poder afinar estrategias de manera coordinada y eficiente, redistribuir recursos, además de colaborar con la autoridad sanitaria en el control de la enfermedad, resguardando siempre, en todo caso, los derechos de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud y que se encuentran resguardados en la legislación vigente, en especial, la debida reserva de la información”, sostuvo la autoridad. Al otro día de presentado el requerimiento, el tribunal de alzada porteño lo declaró inadmisible, pues la pretensión excede sus funciones.

Disputas con fallo pendiente

A diferencia de los casos anteriores, otras municipalidades que buscan imponer cuarentena total en sus comunas han logrado pasar la etapa de admisibilidad. ¿Cómo lo hicieron? Básicamente demostrando los riesgos que implica no ejecutar la medida.

Ejemplo de ello es el caso del municipio de Andacollo, que el 1 de abril presentó un recurso de protección explicando que 2.155 personas de la comuna sufren enfermedades graves como diabetes (592); hipertensión arterial (1.232), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (97) y asma (234). La acción la dirigió en contra del Presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud y el Jefe de la Defensa Nacional de Coquimbo, Pablo Onetto. El pasado martes, este último contestó el requerimiento, asegurando que el recurso es improcedente y que debe ser desestimado.

Entre las medidas que ha llevado a cabo la autoridad figura “la coordinación entre la Seremi de Coquimbo con la Clínica Red Salud Elqui, para la atención de pacientes públicos institucionales tanto de resolución quirúrgica como de medicina interna. Lo anterior debido a la alta demanda de los centros asistenciales públicos que se proyecta debido al avance del nuevo Coronavirus”.

A ese caso se suma el de funcionarios públicos que piden el cierre total de la Región de Tarapacá. Además de los litigios de los municipios de Monte Patria, Lumaco, Porvenir y Combarbalá que exigen que sus comunas sean sometidas a cuarentena obligatoria.

Los reclamos por el retorno que ordenó Hacienda

Otro de los motivos por los cuales se han presentado recursos de protección es la circular Nº 18 del Ministerio de Hacienda, que ordena un retorno progresivo a funcionarios públicos que mantenían funciones de teletrabajo durante la pandemia. En efecto, de los 140 requerimientos efectuados, el 7% de ellos han sido presentados principalmente por agrupaciones sindicales que buscan revocar la resolución.

Entre los reclamantes se encuentra la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que la semana pasada presentó una acción de este tipo, pero que tres días después fue declarada inadmisible. Sin embargo, la agrupación volvió a insistir a través de una reposición. En su resolución el tribunal de alzada capitalino sostuvo que no era la vía apropiada para efectuar el reclamo.

De igual manera, la periodista María Olivia Monckeberg, premio Nacional de Periodismo, también presentó un recurso de protección que finalmente fue declarado inadmisible.

“La señal que el gobierno ha enviado con el hecho de anunciar retomar las actividades por parte de los funcionarios públicos ha generado gran inquietud y confusión en el país. Y como lo han dejado en claro diversas entidades médicas y científicas es una decisión que no ha considerado las opiniones de esas instancias. Ni siquiera de la Mesa Social y el Consejo Asesor y tampoco ha tenido en cuenta la voz de organizaciones gremiales y sociales”, apuntó la escritora.

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