El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se encuentra otra vez suspendido. El persecutor acumula casi nueve meses de interrupción de sus funciones debido a los sumarios que tenía en su contra y a la fallida solicitud de remoción que presentó el fiscal nacional, Jorge Abbott, ante el pleno de la Corte Suprema.

Sin embargo, a pesar del fallo favorable de la Suprema, las disputas judiciales en contra de Arias aún siguen pendientes. A fines de agosto la Segunda Sala del máximo tribunal acogió parcialmente la querella de capítulos que ingresó el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. El fallo de la Suprema dio luz verde para que Campos llevara a juicio al suspendido fiscal Arias, pero los ministros acotaron que esto solo podría hacerse respecto del delito de violación de secreto.

El caso penal de Arias consiste, según la acusación de Campos, en que el suspendido persecutor le ordenó a su secretaria, en 2018, obtener la ficha de su sobrino y de otra persona del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF). Eso, según ha dicho Campos en la causa, contenía información sensible y confidencial la cual solo pudo ser obtenida usando este sistema informático de uso interno del Ministerio Público. Dicha ficha fue utilizada por Arias con el objetivo de que su familia denunciara a su sobrino por la comisión de un posible delito de tráfico o microtráfico de drogas. La pena que arriesga Arias, en base al único ilícito en cuestión, es la eventual suspensión del empleo de 61 a 2 años o multa de 6 a 20 UTM.

En este contexto, la defensa de Arias —representada por el abogado Marcos Contreras y su pareja Marisa Navarrete— está a la espera de que se fije la audiencia de preparación de juicio oral. Navarrete asegura a La Tercera PM que “nuestra expectativa es que el juicio se realice lo antes posible” y adelanta algunas de las pruebas que solicitarán al tribunal.

De las personas que nosotros sí vamos a considerar citar como testigos de la defensa está el fiscal nacional y sus asesores directos”, asegura la abogada. Junto con Abbott, la solicitud de la defensa también incluirá a la directora ejecutiva de la fiscalía nacional, Francisca Werth; a la directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, Marta Herrera; y al jefe de gabinete de Abbott, Mauricio Salinas.

“Este caso tiene un contexto bien relevante. Hemos tomado conocimiento de conversaciones que el fiscal Sergio Moya tuvo vía Whatsapp con el fiscal nacional y que dan cuenta de que ambos se pusieron de acuerdo para denunciar a Emiliano Arias. Esto es relevante, porque tiene un efecto concreto en las causas que llevaba el fiscal en esa fecha”, agrega Navarrete.

La defensora precisa que estos serán “testigos de la defensa del caso" y que "darán información relevante para nuestra tesis. Tienen la obligación de concurrir y va a ser la primera vez que el fiscal nacional tendrá que explicar todos estos mensajes, que son además parte de una querella que nosotros ingresamos”.

La decisión de la defensa del fiscal Arias apunta a que se puedan explicar “las razones de por qué (Abbott) tomó conocimiento con el denunciante antes de que se hiciera la denuncia y cuáles son razones que lo motivaron a realizar en conjunto una denuncia de esta naturaleza”.

Esta información será ventilada en la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que la solicitud de Arias deberá ser aprobada por el tribunal. Sin embargo, pese a esto, en la acusación que presentó el fiscal Campos en marzo se incluyen 54 testigos, entre ellos el fiscal Sergio Moya, así como también funcionarios de la Fiscalía Nacional. Quienes conocen de esa acusación aseguran que de todo el listado de testigos incorporados ya viene incluido por parte del Ministerio Público tanto Abbott como Werth, Herrera y una serie de otros funcionarios de la fiscalía nacional. La idea de Campos es que los funcionarios de la fiscalía nacional acudan al juicio y sean interrogados para sustentar la acusación del caso.

Con todo, la apuesta final de Arias es probar que la ficha SAF no es secreta. Para fundamentarlo, aseguran que existe jurisprudencia de la Corte Suprema y también el fallo con el cual se rechazó su remoción. Esa vez, los supremos dejaron por escrito que “dicho instrumento de apoyo a gestión no reviste el carácter de reservado, restándole mérito a la imputación”.

Consultada la Fiscalía Nacional por estos antecedentes, indicaron que no se pronunciarían al respecto.