Arias y Moya, amenazados por convivencia: El primer lunes en la fiscalía de Rancagua

Sin acceso al quinto piso, donde funciona la oficina del fiscal regional Emiliano Arias Madariaga y a la que se debe ingresar con huella digital, quedó desde hoy el jefe de Alta Complejidad de O'Higgins, Sergio Moya.

Esa fue una de las primeras medidas que adoptó Arias luego de la inédita denuncia de su exmano derecha en la zona, quien el viernes, en Radio Bío Bío, anunció que había presentado antecedentes a la máxima autoridad nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, por presuntas irregularidades de ribetes penales y administrativos, en que habría incurrido su superior jerárquico en la zona.

En lo concreto, Moya -quien enfrenta un sumario por el caso Huracán-, acusó tráfico de influencias en el caso Caval; obstrucción a la investigación en la causa contra el ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad, Emilio Elgueta; obstrucción de la investigación en la causa del Teatro Municipal de Rancagua; y violación de secreto, por un caso de sustracción de información de la base de datos de la fiscalía de O'Higgins la cual llegó a manos de un particular en Puerto Montt. Arias se ha defendido de todas las imputaciones y se está a la espera de que en el marco del Consejo Extraordinario de fiscales, citado para mañana a las 15 horas, el tema se aborde en profundidad.

Además de la prohibición de acceso a Moya a ese piso en específico, Arias pretendía durante esta mañana establecer la dedicación exclusiva de su denunciante a la investigación de los suspendidos jueces de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, para la cual se habilitó un espacio en la Metropolitana Sur.

Así, ambos no tendrán que coincidir mientras el Fiscal Nacional define qué medidas adoptar mientras se desarrolla la investigación contra Arias. La más grave es la posible suspensión del cargo, por lo cual esta mañana se desarrollaban en Rancagua una serie de reuniones para establecer directrices sobre cómo proceder en causas que enfrentan momentos clave: las eclesiásticas, en la que se está a la espera de un informe policial para definir la formalización de obispos por encubrimiento; y la de los incendios del verano 2016-2017, en las que ya se negoció con CGE un proceso de indemnizaciones a las víctimas.

Arias envió temprano esta mañana un correo electrónico a los fiscales de la región refiriéndose a la situación. "Llamamos a mantener el foco en la atención de calidad a nuestros usuarios, así como el buen servicio y profesionalismo que siempre han demostrado. Respecto de los antecedentes publicados y entrevistas concedidas en los medios, espero pronto inicio por parte de la Fiscalía Nacional de investigación administrativa o penal con el deseo de que concluyan en el menor plazo para no distraernos y continuar con nuestras labores investigativas y de apoyo a la investigación, en beneficio de las víctimas y la sociedad", dice el correo.

Como es sabido, la causa contra el fiscal regional debe ser asumida por otro fiscal. Arias Madariaga manifestó hoy a Cooperativa que espera, por la trascendencia del tema, que "se designe un fiscal regional que haga una investigación penal con urgencia en que se respeten las garantías. Si se decide hacer una investigación administrativa, yo voy a presentar una autodenuncia penal".

Fuentes consultadas por La Tercera PM apuntan a que uno de los nombres que el personero recusaría, de ser designado, es el de Alberto Ayala Gutiérrez, de la Fiscalía de Antofagasta, quien la semana pasada se reunió con Moya. Ayala está a cargo de la querella que presentó Natalia Compagnon y su esposo Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, contra los dos fiscales en pugna por violación de secreto y presunta extorsión en el marco del caso Caval.