Tercera PM
Presenta:
Ernesto Silva Méndez

Ernesto Silva Méndez

La Tercera PM

Atraer talento a la política

Hoy dedicarse a la política es más costoso y exigente que lo que era hace un tiempo atrás. Bajar los sueldos de las altas autoridades parece una solución simplista para un problema complejo.


Desde hace ya un tiempo, un grupo de parlamentarios ha promovido la rebaja de las dietas parlamentarias. En los últimos días, el debate evolucionó hacia una posible rebaja de las remuneraciones de todas las altas autoridades en el Estado, incluyendo al Presidente de la República, a los ministros, a los jueces de los tribunales superiores, a los integrantes del Tribunal Constitucional, a los fiscales del Ministerio Público, a los consejeros del Banco Central, a los ejecutivos y directivos de las empresas estatales, por mencionar a los más relevantes. En síntesis, reducir las remuneraciones de todos quienes ganan más de cinco millones de pesos mensuales en el Estado.
Los argumentos han sido diversos: que los salarios chilenos se encuentran entre los más altos de países comparables, que nuestro país necesita un esfuerzo de austeridad fiscal que debe ser liderado por sus autoridades, que las brechas de ingresos entre las remuneraciones de las autoridades y el ingreso mínimo sería excesivos.
La remuneración constituye uno de los elementos que incide en la decisión de participar de la política y el servicio público, pero no debe ser analizada de forma aislada, sino en un contexto más amplio que incluye la regulación sobre inhabilidades, incompatibilidades, exclusividad o no en la labor pública, por mencionar algunos ejemplos.
La pregunta central, a mi juicio, es cuáles son los desafíos que enfrenta nuestro país hacia el futuro y qué recursos humanos necesitamos para abordar esos desafíos desde la política parlamentaria y desde el servicio público en sus diversas formas. A partir de esa reflexión debe definirse el marco general para atraer y retener talento en la política.
Transitar desde la realidad de un país de ingreso medio a un país desarrollado es tanto o más complejo que avanzar desde el subdesarrollo hacia la realidad actual. Ello demanda de líderes preparados, comprometidos y dedicados, que sean capaces de aportar no sólo su sintonía con los temas que demanda la ciudadanía, sino también sus competencias para deliberar de buena forma y promover iniciativas que contribuyan al progreso del país. ¿Se logra lo anterior bajando los sueldos que existen actualmente?
Si miramos el asunto desde una perspectiva más amplia sobre atracción y retención de talento, es prudente preguntarse qué ha pasado en los últimos años: se aumentaron las exigencias para las declaraciones de patrimonio e intereses, se elevaron estándares en conflictos de intereses y se precisaron exigencias para encargar la administración del patrimonio a un tercero o incluso desprenderse del mismo, se congelaron por algunos años los reajustes de las dietas parlamentarias y de altas autoridades, se aumentaron -de hecho- las incompatibilidades para el ejercicio de la labor parlamentaria, se establecieron nuevas sanciones ante infracciones relacionadas al ejercicio del cargo, se perfeccionaron el sistema de asignación, control y gasto de las asignaciones parlamentarias, etc. Cada una de estas medidas tiene una explicación y valor, pero en su conjunto pueden alterar los incentivos para la atracción de talento para el servicio público. Además, la horizontalidad de la comunicación, el desarrollo de una clase media informada y empoderada, la inmediatez de la comunicación y la penetración de las redes sociales, han hecho que la actividad política sea una labor cada vez más expuesta y sometida a un alto escrutinio de la opinión pública. Hoy dedicarse a la política es más costoso y exigente que lo que era hace un tiempo atrás.
Bajar los sueldos de las altas autoridades parece una solución simplista para un problema complejo.
Si el argumento es la austeridad, se puede reducir la cantidad de parlamentarios sin afectar la deliberación democrática, o bien, atreverse a enfrentar los enormes bolsones de recursos públicos que se utilizan mal y que no se reducen por la presión permanente de grupos de interés. Ambas medidas serían mucho más eficaces.
Si la razón es lo elevado del sueldo en comparación con otras realidades, podría evaluarse su nivel, pero en conjunto con otras medidas como dar más flexibilidad para actividades compatibles con la labor pública y permitir otras fuentes de ingreso, todo ello con estricto resguardo de posibles conflictos de interés. ¿A quién no le gustaría tener un marco flexible que permitiera tener a personas como un César Hidalgo en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados o a una María Teresa Ruiz en la Comisión de Educación del Senado? Tal vez con un sistema más abierto y flexible, podríamos incluso sumar a muchas personas valiosas a aportar a la política.
Si la razón es la desigualdad y brecha de salarios con quienes menos ganan, la reducción de los sueldos no corregirá el problema de forma relevante y sólo será una medida menor. Sería mucho mejor generar políticas que permitan subir el nivel de ingreso de quienes hoy ganan menos.
Es de esperar que este debate sobre rebaja de remuneraciones a todas las altas autoridades nos haga pensar sobre cómo y a quiénes queremos atraer y retener en la política y el servicio público. Las decisiones que se tomen hoy pueden tener un impacto relevante en las próximas décadas.

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