"Atria y Harasic son hipócritas": Toma de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile abre pugna entre profesores

"Lamentablemente, hoy a las 18.15 horas, un grupo de hombres y mujeres con el rostro cubierto ha ingresado al Edificio de Pio Nono N°1 por calle Santa María de forma no autorizada, trepando las rejas". Así empieza el comunicado que Pablo Ruiz-Tagle, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, envió anoche a sus profesores y alumnos para informar de la toma de la escuela.

La ocupación se decidió a partir de una votación en dependencias de la FECH, a las 15.00 de ayer. El Centro de Estudiantes de Derecho había convocado a una asamblea el lunes en la mañana para discutir "nuestra posición frente al 'Acuerdo por la Paz social y la nueva Constitución' y el uso de espacios de la Facultad", explican en el comunicado que difundieron a través de Facebook. La discusión terminó al día siguiente, cuando una corriente entre los alumnos postuló que estaban "a favor de tomarse las dependencias de la Facultad, dado que representa un punto estratégico de despliegue para la movilización, y facilitaría el trabajo de atención de primeros auxilios, sumado al gesto político que significa en el contexto nacional", según dice el mismo documento. Con 69 votos a favor y 58 en contra -de un total de casi 2 mil alumnos-, se resolvió que el camino sería la ocupación del edificio.

Tanto la toma como las imágenes de encapuchados trepando por las rejas de la escuela que se dejaron ver a través de las redes sociales desataron un fuerte cruce entre profesores y exdecanos icónicos de la facultad.

Mientras algunos explican que la toma perjudica el trabajo de la Defensoría Jurídica de la universidad -organismo que presta asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos-, otros plantean que tras el hecho no se ha esgrimido la necesidad de retomar las clases.

"El edificio de la facultad de derecho está siendo tomado. La Facultad ha cumplido su deber público, en lo suyo: la Defensoría UChile, abriendo espacios de discusión constituyente, etc. Pero esta toma causará un daño extremo. Ojalá prime la razón y el edificio sea devuelto ahora!", twitteó el abogado Fernando Atria a minutos de conocer la noticia.

El exdecano de la institución, Davor Harasic, argumentó en la misma línea. "La Facultad de Derecho debe ser devuelta, para que pueda continuar la defensa de las victimas de los atropellos de los derechos humanos que están llevando a cabo las y los estudiantes, apoyados por profesoras y profesores", dijo en su cuenta personal de Twitter.

Diversos exalumnos le enrostraron a Harasic su apoyo a anteriores tomas, como cuando en 2009 incluso llevó pizzas a quienes estaban movilizados. El abogado dejó intempestivamente el decanato de la facultad el año pasado, tras largos meses de toma feminista, luego de que el expresidente del TC, Carlos Carmona, debiera abandonar la escuela tras un sumario por un caso de acoso.

Un petitorio -sin firma- que explica las razones por las que se ocupó el edificio comenzó a circular en redes sociales. Entre ellas se detalla "la necesidad de contar con un punto estratégico, el cual pueda funcionar como centro de refugio para los manifestantes, como centro de repliegue y a la vez como punto de primeros auxilios" y "potenciar la movilización territorial de los alrededores de la facultad funcionando esta como; (a) punto de acopio, (b) espacio a disposición de asambleas territoriales y cabildos (c)", especifican en el texto. Ello, pues la ubicación del campus, al otro lado del puente de Pío Nono, es estratégica ante las manifestaciones que diariamente se realizan en Plaza Italia.

"Cualquiera sea el fin, no se justifican los medios. No me hace en falta entrar en el detalle de cualquier petitorio, desde el momento en que lo que se pretende sea imponer ese petitorio por una vía de fuerza", opina Gabriel Zaliasnik, profesor de derecho penal en la casa de estudios.

"La verdad es que la facultad no tiene las facilidades para ser centro de acopio de materiales, de salud, ni tampoco las condiciones. Me parece que no es conveniente la decisión tomada", manifiesta Roberto Nahum, profesor y exdecano de la facultad.

"Ojalá la facultad se devolviera lo antes posible, porque de eso depende que el conjunto de estudiantes y estudiantas que están prestando un servicio a las víctimas de violaciones a DD.HH lo puedan seguir haciendo. Nuestra función es el servicio legal. Ayudar a las personas a descubrir quién fue que los dañó, que no quede impune, que tenga una sanción penal y que el Estado les indemnice. Nosotros no somos enfermeros ni bodegueros", indica Harasic. 

Pero otros académicos hacen una lectura distinta de la situación. En contra de la toma de la facultad, Alfredo Jocelyn Holt, quien también es académico de Derecho, señala que "es parajódico y raro" que Atria y Harasic tengan esas posturas. "Fueron los profesores los que respaldaron la toma en 2009, Atria y Harasic en particular. Están siendo, si no contradictorios, hipócritas", dice.

Además, le preocupa que no se esté discutiendo la continuidad de las clases y que la argumentación detrás del cese de la ocupación sean los problemas para la labor de la Defensoría Jurídica. "Nadie está llamando a que se abran las puertas de la facultad para hacer clases, que es lo fundamental. La idea es hacer de la facultad una instancia de activismo político de distinta índole. Siempre se ha querido hacer como una Vicaría de la Solidaridad", agrega. 

"Acá se nota el doble estándar de la gente que promueve los desórdenes, que defiende las tomas, etc. Cuando les conviene a ellos tienen una postura, y cuando pasa exactamente lo mismo, pero no les conviene, tienen susto de que le pase algo a sus oficinas, a sus bienes y toman una posición completamente contraria", explica Rodrigo Cooper, abogado y profesor de derecho a la protección e innovación.

"Si bien es meritorio lo que la facultad está haciendo con la Defensoría Jurídica, debería preocuparse también de la defensoría de todos aquellos que han sido saqueados, los pequeños comerciantes, los dueños de kioscos. Hacia ellos no hay una Defensoría Jurídica", añade Cooper.

Hasta el cierre de esta edición, La Tercera PM intentó comunicarse con Fernando Atria, sin éxito.