Big Data: Las explicaciones pendientes de la gestión de Quiñenco ante el gobierno

Quiñenco

Foto Andres Perez

"Desde el Consejo consideramos que la mejor opción ante este escenario es tener una perfecta claridad de cuál es el origen del informe y cómo se establecieron las relaciones público-privadas, que eventualmente podrían estar sujetas a requerimientos de la Ley del Lobby, pero cuyo cumplimiento en términos de registro está en manos del organismo incumbente. Si existen dudas sobre este particular existe una instancia fiscalizadora que es la Contraloría General de la República", dice el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada.




A cuentagotas se ha ido conociendo la información sobre la gestión que Quiñenco realizó con el gobierno para poner en contacto a autoridades -específicamente, al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y al director de la ANI, Gustavo Jordán- con la empresa española Alto Data Analytics. Una tarea respecto de la que hoy -a juicio de expertos en transparencia- aún siguen pendientes varias explicaciones tanto sobre su contexto como su contenido.

Hasta hoy, lo que se sabe es que a fines de noviembre, el gerente legal del holding, el exministro Rodrigo Hinzpeter, se comunicó directamente con Ubilla. Ambos habían trabajado juntos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. El primero, como titular de Interior, y el segundo, como subsecretario de esa cartera. Y ambos han mantenido un vínculo tras salir del gobierno en 2014: Ubilla fue, de hecho, quien llamó directamente al abogado para avisarle que un explosivo había sido enviado a su oficina, en julio de 2019.

Desde Quiñenco afirman que la empresa -matriz de la familia Luksic- buscó colaborar con el gobierno en medio del caos reinante con masivas marchas y millonarios siniestros. Según se explica, en el mundo político y empresarial existía la sensación de que el gobierno estaba "dando palos de ciego", sobre todo respecto de cómo estaba desplegando sus acciones en materia de orden público, las que también eran objeto de acusaciones de violaciones de derechos humanos. Es por eso que a fines de noviembre, Hinzpeter habría llamado a Ubilla para preguntarle si le interesaba conocer los servicios de Alto Data Analytics.

El subsecretario -cuentan las fuentes consultadas- se mostró abierto a conocer los servicios de la hispana, y pidió a Hinzpeter que la reunión se realizara en las oficinas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). La primera se concretó el lunes 2 de diciembre. Ese día, el director general de Alto Analytics, el español José Miguel Cansado, acompañado de otro ejecutivo español, realizó una presentación en las oficinas de Quiñenco sobre el trabajo realizado al conglomerado del grupo Luksic. Al terminar la cita, Hinzpeter y Cansado, junto al gerente de Asuntos Públicos del holding, Mauricio Lob, emprendieron rumbo al centro de Santiago. En calle Tenderini, donde se encuentran las oficinas de la ANI, fueron recibidos por Jordán y Ubilla. A la reunión de presentación se sumaron dos funcionarios de la agencia.

En esta cita, los ejecutivos españoles expusieron a Ubilla y Jordán el trabajo realizado en Chile y cómo hacían seguimiento a redes sociales. También dieron cuenta de información recopilada en otros países, aunque aclararon que habían casos en los que no trabajaban. Ejemplo de ello era el proceso independentista en Cataluña en España. Hinzpeter -afirman las fuentes consultadas- se habría retirado antes de concluir la reunión de presentación y no habría hecho entrega de un informe al gobierno.

La cita continuó por cerca de una hora y los presentes acordaron una reunirse una vez más al otro día. A la siguiente reunión, que se llevó a cabo el día 3 de diciembre, asistió sólo Lob por parte de Quiñenco. La idea, cuentan conocedores del caso, era facilitarles el transporte.

Posteriormente a la primera reunión, Alto Data Analytics entregó un informe. El gobierno recibió un estudio en relación al contexto del país, que el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, describió como "altamente sofisticado" y envió al Ministerio Público. El documento -según ha explicado Interior- no tuvo costo para el Fisco, puesto que habría sido realizado por la propia consultora a fin de conseguir un contrato con el Estado como proveedor.

Alto Data Analytics ha decidido guardar absoluta reserva del caso. Verse expuesta por los cuestionamientos al informe que, entre sus conclusiones, apunta a los seguidores del K-Pop entre los grupos que habrían tenido influencia en el estallido social, ha llevado a la compañía a mantener total silencio. Detrás del hermetismo de la hispana se escondería el temor a perder sus contratos, pues una de sus mayores virtudes es la reserva con la que interactúa con sus clientes. A la fecha, la compañía cuenta con oficinas en Brasil y no solo se encarga de elaborar informes en base al monitoreo de redes sociales en el contexto de movilizaciones. También con un equipo de clase mundial busca encontrar la clave para una amplia gama de desafíos, "como desinformación, integridad electoral, falsificaciones profundas, reputación, comunicaciones estratégicas o respuesta a crisis hasta análisis de debate político", señala la empresa en su página web.

Las dudas de los expertos

El capítulo levanta una serie de dudas que aún están pendientes, como si el titular de Interior, Gonzalo Blumel, supo de las gestiones que estaba realizando Quiñenco ante Ubilla, quien era su subordinado.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, dio una opinión formal en representación de la entidad. "Desde el Consejo consideramos que la mejor opción ante este escenario es tener una perfecta claridad de cuál es el origen del informe y cómo se establecieron las relaciones público-privadas, que eventualmente podrían estar sujetas a requerimientos de la Ley del Lobby, pero cuyo cumplimiento en términos de registro está en manos del organismo incumbente. Si existen dudas sobre este particular existe una instancia fiscalizadora que es la Contraloría General de la República", dice a La Tercera PM.

"El Gobierno se ha referido al tema de los orígenes del informe, pero sólo en el caso de establecerse que se pidió, se generó o se contrató desde el Gobierno, se podría exigir mayor claridad vía transparencia para determinar el cumplimiento de la normativa en las distintas etapas de su realización", explica.

"El Estado debe transparentar y rendir cuenta de sus acciones y los antecedentes en que se basa. Y acá la opinión pública está demandando eso. Se pueden excusar, como lo hacen, en temas de inteligencia y seguridad nacional que requieren más reserva, pero por lo que se sabe del contenido del informe, a mi juicio, no estaríamos frente a ese caso. La verdad es que no se entiende mucho, porque un privado que representa a un holding participa (si fue así) de esa reunión. Y por ser con la ANI tiene mucho más reserva y menos transparencia y puede estar haciendo lobby por la contratación de esa empresa", indica María Jaraquemada, Directora de Incidencia de Espacio Público. 

La abogada explicó que la actual Ley de Lobby "tiene zonas grises que en el fondo se podría utilizar (los intervinientes) para decir que no existe una infracción legal". "¿Quiñenco hizo solo de nexo de presentación para esta empresa Alto Analytics?; ¿Su objetivo fue influir respecto a que tomaran una decisión sobre inteligencia o seguridad? Si la respuesta es alguna de esas dos, debió haber registrado la reunión y haberse enviado a Contraloría el detalle de la cita si es que consideran que afecta a la seguridad nacional", dice la experta. "Creo que se abusa del sistema, porque honestamente no entiendo por qué dado el contenido del informe la reunión es con la ANI y no simplemente con el Ministerio del Interior, excusándose en el tema de inteligencia para no dar mayor publicidad a este tipo de información y eso es problemático", concluye.

Por su parte, Alberto Precht, Director Ejecutivo de Chile Transparente, explica que el Ministerio del Interior debió haber dado una respuesta mucho más clara desde un comienzo. "El secretismo nunca ayuda a eliminar suspicacias, porque lo que se hizo está acorde al marco legal y no hay gasto público por lo que se sabe. Es información que el Estado consideró útil", acota.

"Es importante que las explicaciones sean lo más aclaratorias posibles para que después no se tenga que estar sobre explicándose y hemos visto en este caso que semana tras semana nos vamos enterando de nuevas piezas de este puzzle, cuando la explicación era mucho más sencilla desde un inicio. Pero eso tiene que ver más bien en cómo analizan sus estrategias comunicacionales", remata.

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