Candidatos se comprometen a que, de ser electos, todos los órganos del Estado tendrán un mismo régimen de transparencia

El pasado viernes los candidatos presidenciales Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, firmaron un compromiso llamado “Transparencia, Publicidad y Probidad en el ejercicio de la función pública del Estado”. En el documento, que fue redactado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), se contemplan 16 medidas que impulsarán desde el Ejecutivo el primer año de su mandato en el caso de ser electos.

Uno de los puntos comprometidos será incorporar a todos los órganos del Estado al régimen general de transparencia, lo que supone la supresión de sus regímenes especiales de transparencia, mediante la aplicación de criterios y sistemas de control uniformes.

“Una de las cosas que nos trajo el estallido social, entre muchas otras, fue esta percepción de abuso de poder y uso de la función pública para cometer irregularidades o sacar provecho. La corrupción no pasa sin dejar huella y amenaza seriamente nuestra democracia”, sostuvo Gloria de la Fuente, presidenta del CPLT.

El abanderado de Apruebo Dignidad dijo que estos compromisos son procesos que ayudan a la democracia y que “son también procesos permanentes que requieren que todos nos comprometamos con la transparencia. Por eso me comprometo para seguir impulsando esto desde el lugar donde me toque estar”.

Por su parte, Kast también firmó el compromiso, aunque desde su comando no quisieron profundizar respecto de su postura.

En los últimos meses se han revelado casos donde la probidad se ve afectada en organizaciones públicas, como lo que se supo sobre las denuncias de malversación de caudales públicos de la Municipalidad de Vitacura, Lo Barnechea y recientemente en Maipú. Es por ello que el CPLT considera relevante que ambas candidaturas impulsen medidas para evitar estas situaciones.

“La transparencia es un pilar fundamental de la democracia y parte importante de la recuperación de la confianza ciudadana en la institucionalidad (…); ninguna norma es posible de implementar sin compromiso real de quienes ejercen la función pública”, enfatiza De la Fuente.

Junto con lo anterior, los candidatos hicieron un pacto que en el caso de llegar a La Moneda avanzarán en mayores exigencias de entrega de información por parte de todos los actores que se desempeñen en áreas financiadas significativamente con recursos públicos o que cumplen funciones sociales fundamentales, tales como: asociaciones y empresas de carácter municipal, universidades, empresas de servicios básicos, partidos políticos, gremios, sindicatos, corporaciones y fundaciones, u otros.

Junto con esto, acordaron también impulsar un proyecto que busque prevenir, denunciar y sancionar “con el máximo rigor de la ley” los actos de corrupción y los abusos en el ejercicio del poder político. Además, poner urgencia a diversas iniciativas que están hoy en tramitación en el Congreso, entre ellas un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante anónimo de actos contra la probidad administrativa, tanto para funcionarios públicos como para particulares.

Uno de los compromisos también busca reforzar el respeto al principio de probidad y a las reglas de integridad, avanzar en medidas tales como, poner fin a la “puerta giratoria”, regulando el tránsito de altos profesionales entre órganos supervisores e instituciones supervisadas; reforzar las reglas antinepotismo y perfeccionar la Ley de Lobby.