Celebraciones con espumante en horario laboral, cocktails y almuerzos: Contraloría propone retiro de cuarta antigüedad del Ejército

En 104 páginas, la Contraloría General de la República dio un duro golpe al Ejército. En ese documento, el ente contralor propuso sanciones administrativas contra 12 uniformados, activos y en retiro, entre los cuales figura el general de división y actual jefe del Comando de Operaciones Terrestres (COT), Esteban Guarda Barros.

La investigación de la entidad fiscalizadora comenzó en octubre de 2016, a través de una auditoria a las cuentas de la Dirección de Movilización Nacional del Nacional (DGMN), organismo encargado -entre otras cosas- de controlar el uso de armas y explosivos, y que depende del Ministerio de Defensa. Su personal en su mayoría es uniformado y está a cargo de un general. Entre 2014 y 2015 este cargo fue ocupado por el general Guarda Barros.

El 27 de diciembre del año pasado el ente contralor aprobó el sumario administrativo y propuso sanciones del mismo tipo contra los investigados, quienes, según la indagatoria, habrían traspasado fondos de una cuenta para fines administrativos para a "fondos internos", los cuales fueron utilizados en alimentación y bebidas del personal, bajo la comisión "rancho y cantina".

Según el documento, firmado en diciembre del año pasado por el contralor Jorge Bermúdez, "se constató que los recursos presupuestarios transferidos hacia la cuenta corriente creada para el manejo de los llamados 'fondos internos', fueron utilizados, entre otras cosas, en el beneficio propio de ciertos funcionarios o de terceros, tales como inauguraciones, aniversarios, atención de autoridades, entre otras, para las cuales, en ocasiones, se ocupó tiempo de la jornada de trabajo".

Contraloría sostiene que "la conducta acreditada en el expediente disciplinario en estudio importa una infracción grave al principio de probidad administrativa, en cuanto con ella se propendió a una vulneración del principio de legalidad presupuestaria, contemplada en los artículo 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República, toda vez que los instrumentos aludidos sirvieron de fundamento para el traspaso de recursos desde la cuenta corriente destinada al manejo de recursos presupuestarios hacia la cuenta de fondos internos, operaciones jurídicamente improcedentes".

En la investigación se tomaron en consideración los descargos hechos por los 12 investigados, donde además de Guarda figuran otros siete funcionarios activos, para quienes se propuso su retiro.

En el caso de Guarda, general que estuvo a cargo de la Parada Militar 2019, se le imputaron tres cargos. El primero es "haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, al autorizar la transferencia improcedente de recursos desde la cuenta corriente, destinada a la administración de fondos públicos (...),  de presupuesto del sector público, años 2014 y 2015, respectivamente, hacia la cuenta corriente apresurada para el manejo de fondos internos, vulnerando la rectitud de la ejecución de las normas presupuestarias, así como el adecuado ejercicio de las potestades públicas, lo cual afecta el interés general".

Sin embargo, son los cargos dos y tres los que más llaman la atención, los cuales la Contraloría relata de manera detallada en su informe, con fecha, día y hora.

El ente contralor apunta al general Guarda, en su calidad de director de la DGMN, por haber "autorizado el empleo de recursos de la institución para la realización, en provecho propio o de terceros, y para fines distintos a los jurídicamente procedentes, de eventos tales como a) Champagne de ascenso comandante Carlos Eissman, de fecha viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10.00 horas, para 25 personas; b) Champagne de despedida subdirector general, de fecha 9 de diciembre de 2014, a las 12.00 horas, para 20 personas; y c) almuerzo despedida subdirector general, de 9 de diciembre de 2014, a las 13.00 horas, para 15 personas, para cuyo pago se utilizaron recursos presupuestarios consultados en la cuenta corriente de la DGMN, dando con ello preeminencia al interés particular sobre el general".

Enseguida, se relata que también autorizó a realización de eventos, tales como un cocktail de Navidad, el 24 de diciembre, a las 12.00, otro evento para el 31 de diciembre de 2014, y un "café con torta de ascenso al comandante Carlos Eissmann, al cabo segundo Miguel Aburto y a Carlos Videla, a las 8.30 horas, todos ajenos a los fines institucionales, ocupando para ellos tiempo de la jornada de trabajo".

Guarda hizo sus descargos en el sumario, señalando que cuando él asumió el cargo de jefe, el 11 de diciembre de 2014, las actividades ya estaban definidas. "Reconoce haber autorizado el traslado de recursos, lo que se materializó por la suma de $ 15.404.690, indicando que dicha acción no habría sido deliberada, dado que la irregularidad en este sentido, al momento de los hechos, llevaba poco tiempo en el cargo de director general", dice Contraloría.

Además, expuso que dice que "los procedimientos habrían sido propuestos por la jefa del departamento de Finanzas, mayor de Ejército, Leonor Garante, quien no advirtió ninguna anomalía o irregularidad respecto de los mismos".

También, sobre las celebraciones, manifestó, según la resolución de Contraloría, que "atribuir a su actuación el carácter de falta grave a a probidad consiste en una calificación desproporcionada, ya que 'desconoce' la realidad de lo que implica dirigir personas. En este sentido, señala que, como superior, siempre ha procurado mantener buenas prácticas laborales, lo cual implica tomarse el tiempo para conversar con los funcionarios y hacer recesos a efectos de celebrar cumpleaños, celebrar un onomástico y un 'amigo secreto'".

Tomando en cuenta todos los antecedentes del sumario, incluidos los descargos del  general, Contraloría finalmente propuso el retiro del general, quien es el cuarto al mando del Ejército. "Se considera una falta grave al principio de probidad administrativa la ejecución de actividades, ocupar el tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales (…) El inculpado autorizó la realización de eventos ajenos a dichos fines, utilizando para ello personal, así como recintos de la institución", concluye el oficio, firmado por el contralor Jorge Bermúdez.

Una vez que Presidencia sea notificada de la decisión, tienen diez días hábiles para adoptar las medidas propuestas por la Contraloría, o bien derivar más antecedentes para el caso.