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CGE y Fiscalía pactan pagos para por incendios en la VI Región: Se compensan hasta $200 millones

Autor: Ivonne Toro

El miércoles pasado ingresó al Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo un escrito de suspensión condicionada del procedimiento en contra de los imputados de la compañía eléctrica a cambio del pago de compensaciones económicas que oscilan entre los $5 y los $200 millones. Quienes han reclamado cifras superiores -algunas incluso por $3.700 millones-, deberán negociar directamente con la empresa.


En diciembre de 2016, en el Fundo La Cabaña, en la comuna de Paredones, se inició una serie de incendios que afectaron a la región de O’Higgins y que provocaron la quema de más de 77 mil hectáreas con más de 500 propietarios afectados. La investigación de la Fiscalía, encabezada por Emiliano Arias, determinó que en al menos cinco siniestros, el origen del fuego había estado determinado por el descuido en el tendido eléctrico por parte de la empresa a cargo, la Compañía General de Electricidad S.A (CGE) que opera en la zona.

Se inició entonces un largo proceso que tuvo como protagonistas a tres ejecutivos de CGE formalizados -Pablo Yáñez Mardones, José Patricio Reyes López y Esteban Vuchetich De Cheney Chirino- dos de los cuales cumplieron con prisión preventiva por su eventual responsabilidad en los hechos.

Hoy, luego de más de dos años de investigación y una serie de tratativas, se logró un acuerdo similar al que la empresa consiguió en la región del Maule: el miércoles pasado ingresó al Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo un escrito de suspensión condicionada del procedimiento en contra de los imputados a cambio del pago de compensaciones económicas que oscilan entre los $5 y los $200 millones. Aunque desde CGE no entregan el monto estimado que deberá pagarse, si plantean que será similar al que se destinará en el Maule, que se cifró en $10 mil millones.

Detalles

Según el acuerdo establecido entre la compañía y el Ministerio Público “el procedimiento compensatorio aplicable a las víctimas operará bajo el principio de tratar de concordar una compensación que sea aceptable para ambas partes, y estará sujeta a que CGE se cerciore razonablemente tanto de la existencia de los daños reclamados como de la razonabilidad de los valores pretendidos”. Se plantean además una serie de condiciones para acceder al dinero, el cual se divide por tramo de exigencia.

Para quienes reclaman el pago de hasta $5 millones, “el procedimiento compensatorio aplicable a estas víctimas será expedito, operará bajo la presunción de buena fe de la reclamación presentada, no contemplará inspecciones a los bienes afectados salvo motivo fundado para proceder a la misma”, y estará sujeto únicamente a la entrega de ciertos antecedentes como que se hubiese completado el formulario de declaración de daños proporcionado por la Fiscalía.

Para las víctimas que declaran daños por más de $5 millones de pesos y hasta un máximo de$ 30 millones, se propone concordar el pago en un plazo breve y el desembolso estará “sujeto a que CGE se cerciore razonablemente tanto de la existencia de los daños reclamados como de la razonabilidad de los valores pretendidos”. En este sentido, se informa que un liquidador registrado en la Comisión para el Mercado Financiero designado por CGE para estos efectos hará selectivamente visitas en terreno a alguna de las víctimas comprendidas en esta categoría.

Quienes estiman los daños entre $30 y $200 millones serán sometidos en su totalidad a “una visita inspectiva por parte del liquidador designado por CGE, a fin de verificar sus daños efectivos en terreno”.

La situación más compleja es la de los grandes latifundistas como Sofía Izquierdo González que plantean pérdidas de hasta $3.780 millones. En estos casos, explican fuentes de CGE, se buscarán acuerdos de forma individual, previas negociaciones con los seguros involucrados.

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