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Comité de Ministros de Piñera debe zanjar US$3.230 millones de inversión estancada


Con una batería de propuestas para levantar la inversión en el país el gobierno liderado por Sebastián Piñera prometió la creación de 250 mil nuevos puestos de empleo extras al 2021. Su estrategia va de la mano con la reciente agencia de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) que a su vez pretende promover proyectos por US$65.000 millones.

Una de las instancias que tiene La Moneda para dar el vamos -o rechazar – los proyectos más complejos radica en la propia administración central. Se trata del Comité de Ministros, que deberá zanjar entre otros proyectos la línea de transmisión de Cardones-Polpaico y el Terminal Marítimo GNL Talcahuano. En total, son 11 los proyectos de inversión que suman en total US$3.230 millones, cuya tramitación ha sido compleja, y que figuran en el listado interno del Servicio de Evaluación Ambiental, órgano técnico dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Justamente es esta cartera liderada por Marcela Cubillos es la encargada de presidir el Comité de Ministros, entidad colegiada que es integrado también por Baldo Prokurica (Minería); Emilio Santelices (Salud); José Ramón Valente (Economía), Susana Jiménez (Energía) y Antonio Walker (Agricultura).

Sin bien no existe fecha sobre la primera sesión de la instancia, ni un orden establecido sobre cuáles serán los primeros proyectos que serán evaluado, al interior del gobierno admiten que la mochila es pesada debido a la complejidad de las iniciativas y el tiempo de demora que mantienen. Más aún se defienden, asegurando que han cambiado el equipo que en el SEA se encarga de las reclamaciones y existe un fiscal nombrado hace menos de un mes.

“Ahora se está empezando a rearmar el equipo, pero el grueso del tiempo de retraso viene de la administración Bachelet”, sostiene una fuente conocedora del proceso.

A modo de ejemplo, la reclamación ingresada sobre el proyecto Embalse Ovejería de Codelco División Andina data del año 2015, y según el Artículo 27 de la Ley N°19.880 se establece que el plazo máximo legal para resolver dichos requerimientos es de seis meses. Sin embargo, sólo dos de los once proyectos cuentan con una reclamación ingresada este año.

A ello se suma que el Comité de Ministros tiene un plazo de 60 días hábiles para resolver un recurso de reclamación, contado desde la fecha de presentación del mismo, según lo establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Más aún, si se consideran los ingresos el tiempo de tramitación ambiental de los proyectos de inversión se ha extendido por hasta 24 años. De hecho, el proyecto que la cuprera estatal pretende levantar en la Región Metropolitana ingresó a evaluación ambiental en el año 1994.

De igual manera la “Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Avenida El Salto – Príncipe de Gales”, iniciativa de la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A (AVO)ingresó al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que considera una inversión de US$900 millones ingresó a tramitación ambiental el año 2009.

Entre los proyectos que empujará la nueva Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables se encuentran: la Central Ciclo Combinado Los Rulos, el Centro de Distribución el Peñón, Terminal Marítimo GNL Talcahuano; la Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine y la Concesión Américo Vespucio Oriente. Se trata de cinco de los 11 proyectos que deben ser sometidos a evaluación por el Comité de Ministros, y cada uno de ellos mantiene una Resolución de Calificación Ambiental favorable.

El listado de proyectos pudo haberse extendido. Sin embargo, durante la última semana Isidoro Quiroga echó pie atrás en el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico Achibueno y una línea de transmisión Centinela-Panimávida.

Crítica

Paulina Riquelme, socia fundadora de Eelaw cuestionó el tiempo de demora que mantienen los proyectos que deben ser definidos por el Comité de Ministros.

“Me parece una muy mala señal. Hacia los inversionistas. Y para la institucionalidad de evaluación ambiental. Esos proyectos están paralizados y en la incertidumbre mientras el Comité de Ministros no resuelva. Puedes ver las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial respecto del Comité de Ministros. Debiese tener sesiones frecuentes. Transparencia en su gestión y apoyo técnico”, respondió

De igual forma para Valentina Durán, Abogada y Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile “es necesario que se ajusten los tiempos de tramitación de las reclamaciones ante el comité para dar certeza tanto a los inversionistas como a los posibles afectados por algún proyecto”. Y añadió: “Reconozco que en el último año hubo un importante esfuerzo por tratar de poner al día los casos pendientes ante el Comité de Ministros y es de esperar que se mantenga esa línea”.

Mientras para el ex director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso “si la Administración no se pronuncia en ese plazo, el reclamante, que puede ser el Titular del Proyecto o una persona natural o jurídica que haya hecho observaciones al EIA, podría alegar el silencio administrativo”.

“Sin perjuicio de lo anterior, existen situaciones en las cuales la Secretaría Técnica del Comité de Ministros, esto es el SEA, puede suspender el procedimiento de tramitación del recurso, en virtud por ejemplo, de la existencia de algún recurso o acción presentada en la Justicia. En este caso, la administración debe abstenerse de resolver mientras no se hayan resuelto las causas que se encuentran en la justicia”, complementó.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declinaron entregar declaraciones sobre este artículo.

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