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Consejo de asignaciones alerta conflicto de interés pero permite contratación de concejales en el Senado

Andrés Zaldívar.

Resolución final del Consejo de Asignaciones dice que "no procede prohibir su contratación por parte de los Senadores, prohibición que, para aplicarse, debería estar establecida en la ley".


“Ante las múltiples consultas formuladas tanto por senadores como por otras organizaciones, respecto de la posibilidad de contratar con cargo a las asignaciones parlamentarias, a Concejales y/o Consejeros Regionales, este
Consejo concluye que carece de potestades para ampliar las inhabilidades a las que hoy estos ya están sujetos”.

De esta manera, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias que preside el ex senador Andrés Zaldívar se inclinó a favor de abrir la puerta a la contratación de autoridades municipales y regionales en el Senado, con cargo a las asignaciones parlamentarias. La semana pasada, la entidad envió la versión final de la resolución que regula el uso de los recursos para la función parlamentaria, atendidas las observaciones que le hicieron organismos de transparencia y precisiones que le hicieron senadores y diputados.

El organismo externo argumentó que “lo anterior se funda en una interpretación armónica de la garantía constitucional vinculada a la libertad de trabajo, así como el derecho a ser admitido a todas las funciones y empleos públicos (…) no procede prohibir su contratación por parte de los senadores, prohibición que, para aplicarse,
debería estar establecida en la ley”.

Aunque determinó que no tiene herramientas legales para prohibir la contratación de concejales y consejeros regionales, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias estableció en su resolución de junio una alerta por potenciales conflictos de interés. “Este Consejo estima que la contratación de Concejales y/o Consejeros Regionales por parte de los Senadores puede traer aparejado un potencial conflicto de intereses; en razón de lo anterior, dicha contratación deberá ajustarse a exigencias”, sostiene el Consejo.

La entidad detalla que las contrataciones de esa naturaleza deberán “efectuarse en condiciones similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado; en el respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios a honorarios, en su caso, deberá explicitarse la calidad de Concejal y/o Consejero Regional; igualmente, en la página web relativa al personal de apoyo o asesoría externa deberá consignarse expresamente la calidad de Concejal y/o Consejero Regional de la persona contratada, especificándose la comuna o región en la que ejerce su cargo de
representación popular”.

El Consejo, además, dice que las contrataciones deberán “sujetarse a las exigencias derivadas del principio de probidad administrativa, al que queda sometido todo aquel que ejerce una función pública, de cualquier naturaleza o jerarquía” y que “será deber del senador respectivo tomar los resguardos necesarios para prevenir potenciales conflictos de intereses, poniendo término a la contratación en caso de constatar su materialización”.

Prohibición de lobbystas

El acuerdo que regula el uso de los recursos para la función parlamentaria establece en su versión final del 29 de junio que está expresamente “prohibida la contratación, con cargo a las asignaciones parlamentarias destinadas a personal de apoyo y/o asesoría externa, de funcionarios públicos, lobbystas o gestores de intereses particulares y de personas que declaren candidaturas a cargos de elección popular (…)”. Asimismo, detalla que de efectuarse elecciones primarias, dicho plazo se podrá extender, de acuerdo a la ley.

“En caso de estar contratado, con cargo a las referidas asignaciones, alguien que declare candidatura en los términos señalados precedentemente, su contrato de trabajo o de prestación de servicios, en su caso, deberá cesar antes de que se inicie alguno de los períodos indicados”, agrega el escrito.

Las medidas apuntan a dar contenido a la prohibición de que se financien actividades electorales o de campaña con cargo a las asignaciones parlamentarias.

El Consejo de Asignaciones elevó las exigencias para la contratación de asesores externos, particularmente en relación a las sociedades inscritas para prestar apoyo a los parlamentarios. Desde ahora deberá individualizarse a los integrantes de las sociedades.

Al respecto, también se añade que “el Senado no procederá a ninguna de las contrataciones a que se
refiere el numeral anterior sin que previamente exista una constancia escrita del Departamento de Finanzas, que certifique que el Senador que la solicita cuenta con disponibilidad de recursos dentro de la asignación parlamentaria
de que se trate”.

Y agrega: “Tratándose de los gastos asociados a la contratación de asesorías externas, además de la verificación a que se refiere el numeral anterior, dicha contratación solo podrá materializarse si las personas naturales o jurídicas,
además de cumplir los requisitos que para cada caso establece la presente Resolución, se encuentran previamente inscritas en el Registro de Asesores Externos que administra el Senado, el que solo procederá a efectuar el pago
respectivo si se ha dado cumplimiento a esta última exigencia”.

 

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