¿Delincuencia desatada o una forma de llamar la atención?: asociaciones de alcaldes enjuician bloqueo de calles hecho en Puchuncaví

Debido al cierre de los cuatro accesos a la comuna, ordenado por el alcalde Marcos Morales, la fiscalía decidió abrir una investigación de oficio por infringir el Artículo 268 septies del Código Penal por interrumpir la "libre circulación de personas y vehículos". Los hechos provocaron distintas reacciones, pero el fondo de la acción es compartido: los problemas de seguridad son reales y el Ministerio del Interior debe actuar.


Durante la mañana de este martes, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, ordenó el bloqueo de los cuatro accesos a la comuna por cerca de una hora, situación que generó una extensa fila de vehículos en la Ruta 5 Norte.

Pese a que desde el municipio argumentó la acción como una “prevención ante la falta de seguridad y dotación policial en la zona y por parte del gobierno”, la Fiscalía Local de Quintero decidió abrir una investigación por la obstrucción de la libre circulación de personas y vehículos, lo que infringiría el Artículo 268 septies del Código Penal.

El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieren sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta.

Art. 268 septies, Código Penal

Si bien desde el órgano persecutor se aclaró que la investigación no es contra el alcalde, las acciones del edil provocaron el rechazo por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). Específicamente de su presidenta y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien al emitir su opinión sobre el bloqueo de calles confesó: “¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se logra con esta situación aparte de llamar la atención?”.

Leitao sostuvo que como autoridad comparte que el tema de seguridad comunal es una prioridad. Sin embargo, recalcó que no comparte la forma en que se desplegaron las acciones: “Las autoridades no podemos ir cortando las calles y sobre todo incumpliendo la ley (...) Recogiendo la preocupación del alcalde y de otros municipios de la Región de Valparaíso, tenemos que hacernos cargo de las situaciones complejas de homicidios, del crimen organizado porque es un fenómeno que se está dando. Pero también nosotros como municipio tenemos que involucrarnos con la prevención y todas aquellas medidas que podemos impulsar. Lo que tenemos que hacer nosotros los alcaldes es proponer medidas concretas para resolverlo, y la Asociación Chilena de Municipalidades lo está haciendo”.

En tanto, desde la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) tuvieron una reacción distinta al manifestar que “lo ocurrido en Puchuncaví es la respuesta a la falta de Estado en materias de seguridad”.

Las municipalidades de Chile estamos conviviendo con un problema que afecta gravemente la tranquilidad de nuestros vecinos y que es una materia en la que debe actuar el Ministerio del Interior. Lo único cierto es que los funcionarios de seguridad pública municipal no son policías y tampoco tienen atribuciones para controlar y/o erradicar la delincuencia. Aquí hay varios problemas que confluyen (...) La medida de presión que hizo Puchuncaví tiene relación con la falta de instrumentos. Hace años que pedimos armar un plan nacional, global. Y ser parte de soluciones, tenemos mucho que aportar, solo necesitamos facultades, manos a la obra y que la institucionalidad de nuestro país esté al servicio de nuestros vecinos”, comunicó el presidente de AMUCH y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

Mejora de condiciones y dotación policial

En conversación con La Tercera PM, Marcos Morales defendió su postura al explicar que el bloqueo de calles fue una decisión que se tomó en conjunto con el Consejo de Seguridad Pública de la comuna al comprobar que “la delincuencia está desatada a nivel nacional. Pero lo que más nos preocupa, y lo que estamos pidiendo, en este caso a las autoridades competentes, es que la dotación de Carabineros que debe existir en la comuna de Puchuncaví se cumpla. Hoy tenemos un 35% menos de dotación policial para los 30.000 habitantes de la zona, que aumentan casi a 70.000 los fines de semana. Una zona turística como esta no aguanta y nuestros funcionarios municipales están haciendo un doble esfuerzo que no es parte de su función”, mencionó.

Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Puchuncaví ha presentado 561 delitos de mayor connotación social, informados por ambas policías durante el segundo trimestre de 2022, lo que representa una baja de un 5,1%.

No obstante, se constató un aumento del 54% en robo de vehículo motorizado (de 26 casos a 40 en 2022) y un 37% de robo en lugar no habitado (60 a 82).

“Nosotros no estábamos acostumbrados al tipo de delito que estamos viviendo”, precisó Morales, quien agregó que más allá de si estuvo bien o no cerrar las calles, “hay que ver la delicada situación que nos encontramos debido a la falta de dotación policial. ¿Qué comuna puede sostener a más de 30 mil habitantes con 31 carabineros?”.

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