El polémico decreto sobre funcionarios municipales que el gobierno retiró de Contraloría

11 de diciembre de 2018/SANTIAGO El Contralor Jorge Bermúdez y la representante del Programa de Naciones Unidas en Chile (PNUD), y el ministro Gonzalo Blumel encabezan ceremonia para celebrar el “Día Internacional contra la corrupción”, junto a integrantes de la Alianza Anticorrupción (UNCAC). FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

El documento ingresado el viernes fue retirado sorpresivamente ayer en la tarde. La iniciativa buscaba dotar a los funcionarios municipales de labores de control y fiscalización, a cargo del jefe de la Defensa Nacional. El Ejecutivo apunta modificaciones a especificar mejor el rol de los vigilantes.


Solo un día hábil alcanzó a estar en Contraloría el decreto del gobierno que entregaba facultades a funcionarios municipales para actuar en el estado de excepción. Fue el viernes a las 19.30 de la tarde cuando ingresó a las oficinas de Teatinos 56, y ayer a la misma hora fue cuando lo retiraron.

La creación de este decreto fue anunciado la semana pasada, en La Moneda, por el Presidente Sebastián Piñera, donde señaló que "hemos conversado con los alcaldes un apoyo para poder darle más músculo, más recursos, a la fundamental labor que cumplen los municipios”. Sin embargo, la iniciativa encontró críticas en algunos alcaldes, y también en parlamentarios de la oposición. Ayer, los senadores Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS) impugnaron estas disposiciones, dado que consideraban que podría afectar instancias constitucionales.

La Tercera PM accedió al polémico documento de cinco carrillas, firmado por el Presidente Piñera, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el ministro de Defensa, Alberto Espina. El decreto 201 parte señalando que en su encabezado que “imparte instrucciones a los jefes de la Defensa Nacional para que dispongan la colaboración de los funcionarios municipales con las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que motivó la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe en territorio nacional”.

Enseguida se enumeran nueve puntos como considerando, donde se expone el contexto actual del país en medio de la emergencia. “Con ocasión del brote de Covid-19 que afecta al país, se ha dispuesto una serie de medidas necesarias para el control de la emergencia sanitaria, la limitación de los desplazamientos y el mantenimiento del orden público, las que debe ser fiscalizadas y controladas para su efectividad en el objetivo planteado. El cumplimiento de estas medidas por parte de la población es fundamental par el control de los contagios, pero hasta la fecha se han generado más de 32 mil detenciones por infracción a medida aislamiento (...) y cuarentenas dispuestas por la autoridad sanitaria, según informaciones de Carabineros”, se expone en su punto tres.

Posteriormente, el gobierno señala que en un estado de excepción son los jefes de la Defensa Nacional, quienes imparten las instrucciones operativas “a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentran en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efecto de la calamidad pública”.

Los artículos

Explicado lo anterior, el gobierno propuso la creación de tres artículos para robustecer la labor de los fiscalizadores municipales, los que, según han expuesto alcaldes y los parlamentarios Harboe e Insulza, no tiene poder constitucional para cumplir labores de orden.

En el primer artículo se expuso que “los jefes de la Defensa Nacional (...) impartirán directamente instrucciones a los funcionarios municipales que se encuentren en sus respectivas zonas y en conformidad a las funciones de fiscalización que le otorga la ley", agregando que, “por esta medidas se entenderán las de aislamiento, cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias y prohibiciones de funcionamiento dispuestas por la autoridad competente, así como las medidas sanitarias dispuesta para del funcionamiento de establecimientos comercial y lugares de libre acceso al público”.

En el segundo artículo, el gobierno abordó la colaboración con la fiscalía. Acá se señaló que "los jefes de la Defensa Nacional impartirán directamente instrucciones a los funcionarios municipales anteriormente referidos (…) -para en que caso que- detecten una contravención a las disposiciones sanitaria denuncien ante el Ministerio Público”. Y finalmente, en el punto tres del decreto, se establecía que la duración del decreto solo correría mientras estuviera vigente el estado de excepción constitucional.

Los cambios

En el gobierno afirman que no se especificó en el decreto qué atribuciones tendrían los municipios, debido a que se estableció que serían los jefes de defensa quienes instruyeran esa materia y quedaba a criterio de cada jefe de zona de acuerdo a la realidad que enfrentara. De todas formas, precisan que se estaba pensando en funciones relativas a revisar que se estuviera cumpliendo normas del comercio y la facilitación de vehículos para que funcionarios públicos pudieran desplazarse.

En ese sentido, en el Ejecutivo recalcan que nunca se pensó que los municipios tuvieran facultades para detener personas, ya que eso, dicen, les corresponde solo a las policías. Eso sí, en el gobierno reconocen que en el decreto original que iban a enviar -no el que se terminó ingresando el viernes- se establecía la posibilidad de detener personas en flagrancia, solo en esos casos. Esto, recalcan es lo que la ley permite a cualquier persona, pero que eso finalmente no quedó debido a una recomendación que hizo la Contraloría.

En esa línea, afirman que Interior ha estado en conversaciones con el organismo, aunque creen que hay cierta resistencia de la Contraloría a entregar más facultades a los municipios. Conocedores del proceso indicaron que en el ente contralor se advirtió que los inspectores municipales no estarían facultados para controlar a personas, ni tampoco el cumplimiento de las cuarentenas. En el caso de la fiscalización al comercio, ahí podría existir alguna posibilidad, aunque esto debería realizarse a través de una ley y no vía decreto.

En este escenario, en La Moneda aseguran que los cambios que harán en el decreto apuntan a simplificarlo y apegarse a la Ley Orgánica, en la que se establecen ciertas facultades a los jefes de defensa para que puedan instruir. Así, recalcan que a diferencia de antes, las instrucciones estarán en relación a lo que establece la ley orgánica y que, de acuerdo a eso, se va a precisar la colaboración de los municipios en cuanto a las medidas sanitarias.

El decreto con las correcciones, afirman las mismas fuentes, será ingresado entre hoy o mañana. De igual manera, en Palacio destacan que este decreto no es el único para darle atribuciones a los municipios, sino que también está el de Salud.

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