El resto es ingenuidad

El Ministro de Justicia le expresó a un grupo de miembros de su partido político que la mayoría de los jueces eran de izquierda y que había que netearlos. Es decir, nombrar jueces de derecha. Una afirmación fáctica que no es posible de confirmar o refutar.

Luego que se conociera esta opinión, el Ministro recibió una lluvia de críticas. Algunos estimaron que se ponía en jaque el Estado de Derecho. Muchos exigieron que solo se tomaran en cuenta criterios profesionales.

¿Es tan grave lo que dijo el ministro? La expresión escogida "netear" evoca más a productos de un supermercado que a quienes tienen el deber de interpretar las leyes, lo que constituye una falta de respeto lamentable. Pero si vamos al fondo del planteamiento, no creo que esté en juego el Estado de Derecho, ni la independencia del Poder Judicial más allá de lo que se puede estimar legítimo en un sistema democrático. Es más, argüir que se deben tomar en cuenta solo criterios profesionales, aporta poco al debate.

El derecho tiene un amplio margen de interpretación. La aspiración de Montesquieu de que los jueces sean la boca de la ley probó ser solo una ilusión. Yo tampoco quisiera que así fuese y por eso no me parecen convenientes los intentos cada vez más fuertes de restringir la función de interpretación y aplicación al caso concreto de la ley; intentos  que vemos desde el legislativo en contra de la función judicial en episodios como la ley Emilia, control de armas, etc.

Dada esta inevitable función interpretativa, inherente a la función judicial, parece legítimo desde una visión democrática que quienes interpreten y apliquen la ley estén sometidos a alguna forma de control democrático. No creo que dicha aspiración deba ser llevada al extremo de elegir popularmente a los jueces, pero sí que un poder elegido democráticamente tenga alguna participación en dicha función y escoja, una vez que se ha asegurado los mínimos de idoneidad para el cargo, entre quienes se cree adscriben a su ideario político. Ello, acompañado de la inamovilidad en sus cargos me parece que asegura las cuotas de independencia necesaria para que puedan cumplir su labor sin abandonar su rol de intérpretes leales de la ley. La visión política tiene injerencia en la visión que se tiene del derecho. Incluso, en las obligaciones emanadas de un contrato.  Ello, porque el derecho usa conceptos abiertos, ambiguos y echa mano a principios generales.

La invocación a seleccionar basado en el mérito profesional no resuelve el problema. Primero, porque en términos judiciales determinar cuál es la "mejor" profesional o la mejor calificada no es totalmente neutro a las visiones acerca de la sociedad en que queremos vivir. Pero, segundo, porque existiendo dos profesionales igualmente calificadas, me parece legítimo elegir entre ellas dos por quien adscribe a la visión de la ley que tiene quien ganó las elecciones. Por algo le hemos entregado dicha función a un órgano político elegido democráticamente. Introducir mayores niveles de transparencia y establecer ciertos requisitos mínimos para ocupar los cargos centrados en conocimientos jurídicos, niveles de especialización y de instrucción, me parecen necesarios. Pero pretender que la selección de jueces debe carecer de todo criterio político, me parece un error en una sociedad democrática.