Ex inversionista pide arbitraje contra Gabriel Urenda: Contratos prometían hasta 14% de rentabilidad

Nada alentador es el panorama judicial que enfrenta Gabriel Urenda Salamanca, dueño del holding financiero de Intervalores. El empresario investigado por el Ministerio Público por una serie de delitos, como estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores y apropiación indebida sumó esta vez un nuevo flanco en tribunales.

La semana pasada, Rodrigo Alberto Díaz López, constructor civil, uno de los presuntos afectados por el descalabro financiero del grupo presentó una demanda en contra de Urenda. En la acción solicitó al 25º Juzgado Civil de Santiago la designación de un arbitro luego que la Intervalores S.A. no cumpliera con sus obligaciones. La firma "logró finalmente captar el interés del demandante en invertir cuantiosas sumas de dinero, llegando a celebrar varios contratos de mandato y addendum para inversión restringida de los mismos, debiendo la demandada encargarse de la administración de dichos dineros, a objeto de que fueran invertidos en los negocios que Intervalores S.A. considere oportunos", sostiene la acción a la que tuvo acceso La Tercera PM.

El 1 de agosto de 2012, el inversionista firmó un mandato con el cual entregó a Intervalores SA, $ 100.000.000 con el fin de que sean invertidos en los negocios que la firma considerara oportunos. Según lo estipulado en el citado contrato, Intervalores S.A. le pagaría al inversionista, al término del período de inversión un 14,4 % sobre el monto capital de la inversión (intereses de la inversión), lo cual se produciría el 1 de Febrero de 2014.

Posteriormente, el 31 de enero de 2014, el demandante suscribió un segundo contrato de renovación esta vez no con Urenda, sino que con el gerente comercial de la sociedad, Sebastián González. En dicho documento encargó el mismo monto de administración con la finalidad de que sean invertidos con un interés de 9,6%, los cuales serían pagados en forma trimestral hasta el año 2015.

Bajo el mismo esquema, el pasado 31 de enero de 2018, el inversionista entregó un nuevo mandato por el mismo monto, pero con un interés de 12% sobre el monto invertido, consignando que el pago final sería en septiembre del presente año.

A la fecha, 25 son las demandas de indemnización de perjuicios que se han presentado en contra de Urenda y las ocho sociedades ligadas al holding financiero. Las acciones suman en total $4.169.599.695, siendo la sociedad Real Empire SpA, cuya sede se encuentra  en Concepción la cual como acreedor exige el mayor monto: $1.180.000.000.