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Fraude en Carabineros 2.0: ahora la fiscalía va tras los familiares de imputados que recibieron dineros

Audiencia de formalización del caso de fraude en Carabineros, el 12 de marzo de 2017. Foto. AgenciaUno

Informes patrimoniales realizados a los exuniformados investigados, dieron cuenta -en algunos casos- de traspasos de dineros sospechosos a parte de su red familiar. Ayer, el Ministerio Público ingresó un escrito al tribunal para indagar estos hechos.


El pasado lunes ocurrió un hito en la historia de la investigación por el mega fraude en Carabineros. Tras dos años de pesquisas, el Ministerio Público decidió cerrar la indagatoria que dejó al descubierto la sustracción de más de $ 28 mil millones desde diversas cuentas institucionales de la policía uniformada.

El caso dejó a 136 personas formalizadas y ahora el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, está trabajando en presentar la acusación. Fuentes del caso indicaron que este documento constará de más de 3.000 páginas.

Sin embargo, todas estas acciones judiciales no implican que la investigación ha llegado a su término. El Ministerio Público decidió abrir una nueva arista y ahora irá tras los familiares de los imputados que habrían recibido parte del dinero sustraído. El ente persecutor estima que ellos habrían tenido participación en los intentos por ocultar los fondos.

Las sospechas de estas maniobras fueron corroboradas por la fiscalía a través de los levantamientos patrimoniales que se realizaron a los principales imputados. En el caso del comandante (R) Javier González Brito, un informe elaborado por el OS-7 señala que en las primeras diligencias se le lograron incautar más de $ 9 millones. “Sin embargo, a la fecha aún se mantienen diligencias pendientes, por lo que se sugiere tomar declaración en calidad de testigo a la cónyuge del imputado, identificada como Iris Castro Carrasco, a fin de verificar los tres depósitos realizados por su marido en marzo de 2017, hacia sus fondos mutuos, los cuales ascienden a la suma total de $ 24.084.783, lo que llama profundamente la atención del equipo investigador, toda vez que en la fecha de los tres depósitos, el caso que afecta a Carabineros ya se encontraba en pleno conocimiento público, lo que permite deducir que el imputado González Brito intentó de alguna manera ocultar su dinero, utilizando para ello las cuentas bancarias de su cónyuge”, dice el documento.

Otro antecedente de similares características se encuentra en el rastreo patrimonial que el OS-7 realizó al general (R) Iván Whipple, exdirector de Finanzas de Carabineros. “En cuanto a su rubro familiar, su cónyuge señora Lina Canales Guajardo ha sido partícipe de los diversos movimientos bancarios inconsistentes del imputado, destacando que, conforme a la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, esta no registra inicio de actividades, por lo que no forma parte de ninguna sociedad”, indica el informe policial.

El Ministerio Público ya ha realizado pasos concretos en esta línea. Ayer ingresó un escrito al tribunal para separar investigación de la causa “madre” del fraude (donde están los líderes del desfalco) y crear una nueva indagatoria, donde se seguirán investigando -en una primera etapa- a cinco familiares de los ya formalizados.

Problemas económicos

Son ocho los formalizados en el caso que representa la Defensoría Penal Pública. Estos son: el ex director de Finanzas de Carabineros, el general (R) Flavio Echeverría; el coronel (R) Jaime Paz Meneses; el mayor (R) Diego Valdés; el exempleado civil del Departamento de Finanzas, Eduardo Pardo; el mayor (R) José Inapaimilla; Boris Valenzuela; el capitán (R) Felipe Ávila y Carlos Muñoz. Esto, en la mayoría de los casos se debe a que con los bienes raíces y dineros que les congeló la fiscalía, no cuentan con los recursos para pagar un abogado particular.

“José Luis Andrés Alarcón, abogado, por la defensa del imputado Flavio Echeverría Cortez, en causa 4730-2017, a US con respeto digo: Vengo en renunciar al patrocinio y poder conferido en esta causa, debido a diferencias irreconciliables con mi cliente, quien se encuentra plenamente informado del estado de la causa, haciendo presente también que a la fecha no existen actos inmediatos y urgentes pendientes en la causa a su respecto”, dice el escrito que presentó el entonces abogado de Echeverría. Así, el 11 de marzo el tribunal tuvo presente la renuncia de Andrés a la defensa del principal imputado del fraude.

Hoy, la defensa de todos estos imputados está a cargo de dos abogado: Yerko Pizarro y Roberto Naquira. Sin embargo, la Defensoría ya está trabajando para crear un equipo para enfrentar el juicio oral, agregando nuevos penalistas.

¿Cuáles serán las teorías jurídicas que la Defensoría va a plantear? Según fuentes de la causa, su plan es dejar claro que era una práctica institicionalizada, que si bien no es causal de justificación, entrega un contexto histórico y cultural. Asimismo, van a plantear que no existe una asociación ilícita, como lo sostiene la fiscalía, sino el aprovechamiento de esa estructura para malversar. También, dirán que han colaborado con la investigación.

Cuánto tendrán que pagar para ser defendidos

En la mayoría de los casos, los servicios de la Defensoría Penal Pública son gratuitos. Sin embargo, en casos excepcionales se cobra el monto total o parcial a los imputados que sí cuentan con recursos económicos. En el caso de estos excarabineros, muchos cuentan con pensiones de varios millones de pesos, por lo que probablemente tendrán que pagar a la Defensoría para que los represente.

Para eso, la Defensoría fija un arancel y establece ocho tramos progresivos de copago, que se calculan según los ingresos mensuales del defendido. No pagan quienes se encuentran en el 80% de la población más vulnerable y quienes “declaren estar cesantes en la primera entrevista con el abogado defensor”.

Según el decreto que fija los aranceles, siete días de juicio oral tiene un costo 87,36 UTM, es decir, $ 4.219.924. Por lo tanto un solo día de juicio está valorizado en $ 602.449. La Defensoría estipula que cada día extra de juicio oral cuesta 2,39 UTM, lo que equivale a $ 115.449.

Si se proyecta que el juicio de este caso puede durar seis meses, los formalizados que tengan abogados de la Defensoría tendrían que pagar alrededor de $17.265.661 por su juicio.

La abogada del capitán (R) Francisco Estrada, Bárbara Salinas, reconoce que esto ha sido una complicación para varios de los 136 formalizados y asegura que “hoy día los imputados, en general en esta causa, tienen todos esos bienes con medidas cautelares reales, por lo tanto, no tienen recursos para poder pagar”. Salinas dice que la mayoría de los exuniformados “tiene pensión de jubilación, por lo que podrían estar en condiciones de tener que costearse los servicios de la Defensoría”.

Eso lo tendrá que analizar el organismo según la clasificación socioeconómica que realiza, de acuerdo la información del Registro Social de Hogares, Fonasa y el Servicio de Impuestos Internos.

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