Guerra por guetos verticales: Contralor Bermúdez fija reunión con líder de la Construcción

Autor: Ivonne Toro

guetos
Archivo Foto: Patricio Fuentes

La Contraloría acogió un requerimiento presentado por el Estudio Jurídico Osorio Vargas y ordenó la paralización de los denominados “guetos verticales”. Las inmobiliarias buscan revertir esa decisión.


Inmobiliarias Fortaleza, Placilla Spa, Cenit Placilla, Eurocopr Dos y varias otros del rubro presentaron este último mes una serie de recursos de protección en contra de la resolución de la Contraloría que, como publicó La Tercera, acogió un requerimiento presentado por el Estudio Jurídico Osorio Vargas y ordenó la paralización de los denominados “guetos verticales”, además de establecer que se debía hacer un sumario dentro de la municipalidad de Estación Central.

Mientras Osorio-Vargas acudió a la justicia porque el municipio encabezado por Rodrigo Delgado aún no adopta las medidas requeridas por el organismo fiscalizador, la industria inmobiliaria se movilizó en contra de esta resolución, que se suma a otras consideradas negativas por la Cámara Chilena de la Construcción como el dictamen que mantuvo a firme el criterio del contralor regional de Valparaíso, Víctor Merino que determinó que las faenas que la Inmobiliaria del Puerto en Valparaíso, a cargo del proyecto Parque Pumpin no cumplen las exigencias legales para dar por iniciadas las obras, lo cual implica la caducidad de sus permisos.

El flanco abierto con el poderoso gremio se da en medio del duro revés que sufrió Bermúdez luego de que la Corte Suprema declarara ilegal la remoción de la subcontralora Dorothy Pérez y ordenara reintegrarla.

En este contexto, la autoridad fijó para el próximo 27 de diciembre una reunión con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso Tagle. La información fue ratificada a La Tercera PM por el departamento de prensa del organismo fiscalizador desde donde adelantaron que “la Contraloría siempre ha estado dispuesta al diálogo y a integrar espacios que coordinen el trabajo entre los actores involucrados y destrabar nudos críticos. Prueba de ello es el rol que tuvo el organismo en la habilitación del edificio Costanera Center. En esa oportunidad la Contraloría estableció qué tipo de obras de mitigación eran necesarias para su apertura”.

Respecto de la controversia con el gremio inmobiliario, consignan que “en el último tiempo, la Contraloría General de la República ha recibido una serie de presentaciones de diversos organismos y particulares manifestando sus aprensiones respecto de la planificación territorial que involucra la construcción de diversos proyectos inmobiliarios” y que frente a ello se ha propuesto trabajar en una solución global.

“La norma en materia urbanística ha generado diversas interpretaciones entre los organismos involucrados: Ministerio de Vivienda, Dirección de Obras, municipios, Poder Judicial y la Contraloría, entre otros. Por lo tanto, la solución a la supuesta controversia es adecuar la normativa urbanística, en particular la ordenanza general de urbanismo y construcción, además de dictar los planes reguladores pendientes”, detallan.

Frente a las críticas por la supuesta paralización de inversiones que han significado las medidas adoptadas, plantean desde Contraloría que “se ha tomado razón de diversas contrataciones que favorecen la inversión pública y al mismo tiempo ha capacitado a los seremis de vivienda en materia urbanística a fin de evitar errores en la aplicación de la normativa”.

Uno de esos dictámenes, según pudo constatar este medio, es el relativo a un proyecto inmobiliario en Las Salinas, en que la entidad se pronunció de manera favorable para que el proyecto contemple la construcción una vía en medio del emplazamiento manteniendo la posibilidad de acogerse a la ley N°19.537 de copropiedad inmobiliaria. De haberse pronunciado en contra, la inmobiliaria tendría que haber loteado todo el paño disminuyendo así el valor del proyecto.

En cuanto a los guetos verticales, no obstante, el criterio, precisan en Contraloría no ha cambiado. “Sobre los proyectos inmobiliarios en Estación Central, la Contraloría no ha cambiado su jurisprudencia administrativa, sino que en el dictamen de 2017, lo que hizo fue ratificar el criterio y la interpretación que hizo el mismo Ministerio de Vivienda sobre la materia, es decir, no es posible aplicar el Sistema de Agrupamiento de Edificación Continua sin contar con una norma urbanística de altura máxima y que los permisos de edificación otorgados en Estación Central, correspondientes a este concepto, no se ajustan a derecho”.

Sobre este punto, el abogado Gabriel Osorio Vargas, quien presentó el requerimiento en contra de los guetos de Estación Central, aseveró que “era absolutamente previsible que las inmobiliarias recurrieran a la justicia. Sin embargo llegaron un año tarde, puesto que la Contraloría fijó los límites de los guetos verticales mediante un dictamen del año 2017 y no en el dictamen emitido hace pocas semanas. Además, esto es otra demostración que los recurrentes no quieren hacerse cargo las externalidades negativas que provocan a las comunidades y en particular, a los vecinos de Estación Central”.

Además adelantó que la fundación Defendamos la Ciudad y las agrupaciones que defienden los barrios de Estación Central se harán parte “en cada uno de los recursos de protección deducidos contra el dictamen, a fin de hacer oír la voz de los vecinos en estrados”.

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