Joel Hernández, comisionado de la CIDH: “Aún existen desafíos para poder avanzar en una agenda de DD.HH. que sea reparatoria del estallido social”

Joel Hernández, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: AP

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Chile, durante la cual sostuvo reuniones con el Presidente Gabriel Boric, senadores y diputados, entre otras autoridades. Hernández habló con La Tercera para referirse a los avances en la materia este último año.


Durante la última semana de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a nuestro país, en la cual se establecieron mecanismos para seguir las recomendaciones que dejó el organismo. Esto, luego de las denuncias de vulneraciones a estos derechos, ocurridas durante el estallido social de 2019, y que la CIDH detalló en su informe “in loco”, publicado el 25 de enero de 2022.

Ahora, la institución vuelve a Chile a observar los mecanismos de reparación y el seguimiento de las recomendaciones hechas. Para esto, la comisión realizó reuniones con el Presiente Gabriel Boric, con el presidente de la Corte Suprema, el presidente subrogante el Tribunal Constitucional, autoridades del Senado y la Cámara de Diputados y la mesa directiva de la Convención Constituyente. En entrevista con La Tercera, el comisionado Joel Hernández detalla los alcances de la visita.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH; Marcela Ríos, ministra de Justicia; Gabriel Boric, Presidente de Chile; Joel Hernández, comisionado de la CIDH y Antonia Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores, en La Moneda. Foto: AP

¿Cómo ve el CIDH la situación de los derechos humanos en Chile después del estallido social? En relación con las recomendaciones que se han venido haciendo desde las instituciones internacionales, ¿cómo han evaluado esta situación durante esta visita?

Creo que después del estallido social y a partir de la actuación de muchos actores, tanto nacionales como internacionales, el Estado tomó diversas medidas en cuanto a acceso a la justicia, reparación, protocolos de actuación para Carabineros. Sin embargo, a pesar de estas acciones emprendidas, todavía hoy existen desafíos para poder avanzar en una agenda de derechos humanos que sea reparatoria del estallido social. Todavía está la necesidad de impulsar medidas y ser más eficaces en estas.

De hecho, es muy importante ver que hay un reconocimiento desde el Ejecutivo, de la importancia de hacer más para poder aprender de lo que pasó en el estallido social.

En este último tiempo el gobierno presentó una agenda de justicia y una mesa de reparación en materia de DD.HH. ¿Cómo ve esto la CIDH?

Son dos cosas muy importantes las que pasaron esta semana: una es la presentación de una agenda de memoria, verdad y reparación en el marco del estallido social, un tema que conversamos con la ministra de Justicia, y creemos que es una buena medida, porque parte del reconocimiento de las medidas que hay que hacer.

El segundo tema está más vinculado con el trabajo futuro de la comisión. La comisión presenta un informe y lleva a cabo una seguimiento de las recomendaciones. En esta ocasión, y a petición del Presidente Boric, este esquema de seguimiento se realizará de manera conjunta entre el Estado y la CIDH. Esto es algo único, que la comisión generalmente hace por su cuenta, recurriendo a fuentes de información publica, que le pide al Estado y a la sociedad civil.

Pero en esta modalidad que acordamos con el Presidente Boric, lo haremos de manera conjunta, y eso permitirá que haya un seguimiento mucho mas cercano de las recomendaciones, y sobre todo porque vamos nosotros en este mecanismo conjunto, ir viendo avances concretos.

¿Por qué antes no se había hecho de manera conjunta este tipo de seguimiento?

Todo el trabajo que realiza la Comisión, y en general todos los organismos internacionales, requieren del consentimiento previo del Estado. Descansamos nosotros en la aquiescencia, y parte del trabajo de la Comisión es ir generando estos acuerdos y consiguiendo la aquiescencia del Estado. Eso nos permitió en enero del 2020 una aquiescencia del gobierno del Presidente Piñera, para poder estar acá. Pero la Comisión a partir de esa visita elaboró su informe, y es hasta ahora, cuando después de la pandemia, que podemos venir a presentar el informe, y que justo coincidió con la llegada de un nuevo gobierno. Estamos ahora en otra etapa en donde lo que es distinto es que hay un reconocimiento a la necesidad de tomar medidas más afirmativas para avanzar en la reparación a las víctimas, por parte del Estado de Chile.

Aquí esa voluntad de avanzar en esa agenda se manifiesta en este deseo de llevar a cabo el seguimiento de manera conjunta.

Joel Hernández García en el Período de Sesiones 175 de la CIDH, en Haití. Foto: CIDH

¿Cuál es el nivel de cumplimiento que tienen las recomendaciones que salieron del informe?

No tenemos en este momento una cuantificación del nivel de cumplimiento. Pero justamente el trabajo que sigue es poder elaborar en cuatro ejes temáticos con indicadores de cumplimiento. Los ejes son: reparación a las víctimas, acceso a la justicia por las violaciones incurridas, el proceso de reforma al cuerpo de Carabineros y el fortalecimiento normativo de garantía y protección al derecho a la protesta.

Son esos cuatro rubros en los que vamos a trabajar, y ahí estaremos con indicadores.

¿Qué se recomienda desde la CIDH respecto a las reformas policiales?

Ese es un tema que tiene que evaluar el Estado, de hacer una actualización de la actuación de la policía acorde a estándares interamericanos. Esto pasa por hacer una revisión de los protocolos en los casos de protesta social, para poder determinar cuál debe ser el nivel de involucramiento de las fuerzas del orden público. Pasa también por los programas de capacitación de DD.HH. Uno de los aspectos que han sido destacados es la importancia de que hayan órganos de fiscalización en los cuerpos de policía, para que haya controles a la actuación.

Ha habido ya avances importantes: está el establecimiento de un Consejo, que generó recomendaciones para la reforma de la policía, creo que es un punto de partida muy importante.

Sobre los presos de la revuelta, ¿qué ha visto la comisión, y cómo evalúa la situación actualmente?

Ahí lo primero que la Comisión observó fue el alto número de personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social. Cerca de 2.000 personas que fueron detenidas, lo que significó un rebase en las capacidades del sistema de justicia. En ese momento el pronunciamiento de la comisión estuvo hacia la importancia de que esas personas siguieran sus procesos con todas las garantías judiciales, sobre todo el debido proceso.

Un elemento hoy, a varios meses del estallido social, tiene que ver con aquellas personas que todavía se encuentran en proceso, que todavía se encuentran en una situación de prisión preventiva. Son casi 20 personas las que se encuentran en esta situación.

¿Cuáles son los principales conflictos o nudos importantes de derechos humanos ahora mismo en Chile, y cuál es la opinión de la CIDH al respecto?

La principal atención hoy se encuentra en la situación de la Araucanía, que es donde se encuentra a partir del Estado de Emergencia que se decreta, y donde hay un tema importante en materia de derechos humanos en las tareas de seguridad. La Comisión lo que ha venido observando es las causas raíz que han dado lugar a la situación del pueblo mapuche en la Araucanía.

Nuestro llamado, nuestro énfasis ha ido en el establecimiento de un diálogo para poder resolver las causas estructurales, y que están muy desarrollados con la reivindicación de su identidad cultural, sus tradiciones, y todo lo que es el reconocimiento a su arraigo a sus territorios. También implica el respeto de su cosmovisión y visión de desarrollo, de tal forma que pueda hacerse efectivo el proceso de desarrollo, el derecho a la consulta previa.

Esto lleva a la necesidad de un diálogo muy estrecho entre el Estado y el pueblo mapuche, para atender a estas causas, y así desterrar un falso dilema que existe, entre lo que es seguridad y derechos humanos. En toda sociedad democrática debe existir la garantía de seguridad, del Estado para los habitantes, pero al mismo tiempo deben defenderse los derechos humanos.

El Estado de Excepción, conforme estándares interamericanos, debe seguir ciertas normas. La intervención de las Fuerzas Armadas debe seguir ciertos estándares, debe ser una intervención temporal, debe ser un apoyo a las fuerzas civiles, debe haber un control civil, y esos son los estándares. Pero volviendo a mi primer punto, si no se avanza en el diálogo, la presencia de las Fuerzas Armadas per se puede ser tomado como un elemento de tensión adicional. Y hay que romper ese dilema, para que se pueda avanzar en el diálogo y eventualmente prescindir de este estado que, por lo demás, es excepcional.

¿Cómo evalúa la CIDH la materia de derechos humanos en Chile, en comparación con la región?

Tengo que decir que el Estado chileno ha sido un Estado que coopera con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dígase, la Comisión y la Corte. Eso lo ha hecho de manera tradicional en la OEA, se han dado los espacios para un diálogo muy abierto y muy franco entre todos los países y la Comisión, y Chile y la Comisión, para ir viendo cuáles son las áreas de trabajo y de mejora de esta. Siempre ha habido una muy buena disposición.

Sí creo que el actual gobierno que hemos visto tiene una vocación de derechos humanos y de plena cooperación con esto: creo que ahí hay un acento importante que permitirá una mayor colaboración.

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El análisis se basa en 489 estudios de poblaciones de hormigas que abarcan todos los continentes donde habitan estos insectos.