Tercera PM

Presenta:

Carlos Gajardo

Carlos Gajardo

Abogado, ex fiscal. Socio de Gajardo y Norambuena.

La Tercera PM

La carta a Lula

La conclusión más penosa de la misiva en cuestión, es la poca adhesión a la probidad como principio que demuestran los firmantes de la carta. Si el acusado es de las filas contrarias, denunciamos el hecho y pedimos las máximas sanciones y que las instituciones funcionen. Si el acusado es nuestro aliado, entonces la investigación es una persecución, el fiscal un títere, las pruebas inexistentes y el estado de derecho una pantomima.


Durante los últimos años se ha descubierto una extensa red de corrupción y sobornos que ha recorrido desde Brasil a buena parte de los países de Latinoamérica. Reformas realizadas a la justicia brasileña en la década del 2000 fortalecieron la autonomía e independencia del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, e incorporaron la figura de la delación compensada. A partir de ello, investigaciones descubrieron elaborados “mecanismos” para favorecer a funcionarios públicos y financiar campañas en todo el continente, siendo las principales empresas involucradas Odebrecht y OAS. Las declaraciones, incautaciones, contabilidades, correos electrónicos y demás evidencias llevaron a prisión con altísimas penas a los máximos responsables de ambas compañías, Marcelo Odebrecht y Leo Pinheiro. Para obtener beneficios que les permitieran rebajas sus condenas, ambos accedieron a delatar a otros involucrados. Así fue como políticos de diversas tendencias, en diversos países fueron imputados por corrupción, gatillándose investigaciones por estos hechos en Perú, Argentina, Colombia, entre otros.

Uno de los políticos que fueron delatados de esta manera fue  Lula da Silva. Efectivamente Leo Pinheiro en su delación indicó con detalle cómo para favorecer los negocios de OAS se sobornó a Lula mediante la entrega de un triplex en la playa de Guarujá en Sao Paulo. Efectivamente, Lula había adquirido un departamento de 80 metros en un conjunto habitacional que estaba siendo construido por una cooperativa que quebró. La operación fue continuada por OAS, que ofreció a los adquirentes la devolución del dinero o continuar adelante con la operación pagando el saldo del precio. En los antecedentes contables el único que no tomó ninguna de esas opciones fue Lula. Pinheiro indicó que a cambio, Lula aceptó un triplex de 240 metros en el último piso que era el único en esas condiciones y que comenzó a ser alhajado especialmente de acuerdo a los requerimientos de la familia de Lula.

A pesar de negar haber estado en el lugar, una fotografía mostró a Lula en el triplex junto al propio Pinheiro. En un allanamiento en el domicilio de Lula se incautó un borrador del contrato de compraventa del inmueble sin firmar. Existe además correspondencia electrónica con colaboradores de Lula de los que se desprende el acuerdo. Sólo después que fuera arrestado Pinheiro, la familia de Lula reclamó la devolución de los dineros que había entregado por el departamento inicial de 80 metros. La defensa de Lula ha señalado que dicho departamento nunca fue de su propiedad y que ni siquiera tuvo las llaves, lo que no contradice la tesis de la Fiscalía, pues el departamento estaba aún siendo remodelado y no había sido entregado a sus propietarios. Tampoco ha aparecido otro dueño que reclame el inmueble como propio. La prueba reunida fue considerada suficiente por la Fiscalía para acusar y por el Juez Sergio Moro, quien lo condenó en primera instancia a 9 años de prisión, sentencia que al ser revisada por la Corte fue elevada a 12 años, pena que fue comenzada a cumplir hace algunos meses por el ex Presidente, rechazándose recursos de amparo que su defensa interpuso para frenar el encarcelamiento.

Esta semana, un numeroso grupo de destacados políticos chilenos ha enviado una carta reclamando por el encarcelamiento de Lula y exigiendo su libertad, indicando que el proceso se trata de una persecución política y que no existe estado de derecho en Brasil. Muchos de los firmantes son los mismos que han reclamado impunidad en Chile por la falta de sanciones ante los hechos de corrupción que se han descubierto en nuestro país. Los alegatos de persecución política se encuentran en el ABC de la defensa de los políticos cuando son acusados de conductas de corrupción en cualquier lugar del mundo. Lo hemos visto en nuestro país esta misma semana de boca de un ex Ministro de derecha y de un ex senador socialista.  Lo mismo ha dicho Lula en Brasil, Cristina en Argentina, Correa en Ecuador o Rajoy en España. Da lo mismo lo que hayan hecho o las pruebas que existan. “Lo importante es que me persiguen por mi ideología, no porque soy corrupto”, dicen. El alegato, entendible hasta cierto punto en el acusado, pasa a ser ridículo en boca de políticos de otros países como es el caso de la carta a la que aludimos. No importa la multiplicidad de pruebas. Si el acusado no ha confesado, toda prueba les será insuficiente. Los alegatos incluso han alcanzado a la figura de la delación compensada. Es ilegítima, han dicho. Desestiman de esta manera un instrumento que en el mundo ha sido fundamental para combatir la corrupción. La conclusión más penosa de la misiva en cuestión, es la poca adhesión a la probidad como principio que demuestran los firmantes de la carta. Si el acusado es de las filas contrarias, denunciamos el hecho y pedimos las máximas sanciones y que las instituciones funcionen. Si el acusado es nuestro aliado, entonces la investigación es una persecución, el fiscal un títere, las pruebas inexistentes y el estado de derecho una pantomima.

Mucho nos queda por avanzar en combatir la corrupción en nuestro país. Pero para que ello prospere, es necesario entender que la corrupción no tiene color político. Un gran bien nos haría dejar que las instituciones, en Brasil y sobre todo en Chile, de verdad funcionen.

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