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La compleja ruta judicial que espera a las denunciantes de Nicolás López

Autor: Tamy Palma

El director Nicolás López ha sido acusado de acoso y abuso sexual por ocho mujeres.

El principal escollo, es que el acoso sexual está circunscrito a la legislación laboral. Eso podría cambiar en la actual discusión de la ley contra la violencia integral.


Menos de un mes debería pasar desde que a seis de las denunciantes de Nicolás López les llegó la citación a declarar -cursada esta semana por la Fiscalía- hasta que se efectúe la presentación de ellas ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y de Menores de la Región Metropolitana de la Policía de Investigaciones.

Pese a que las denunciantes no se acercaron a la justicia para formalizar sus acusaciones, el Ministerio Público decidió investigar los hechos denunciados en Revista Sábado y abrir una causa por los antecedentes allí expuestos y que, según la fiscal especializada en delitos sexuales de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, Paola Salcedo, “podrían revestir características de delitos”. Por lo mismo, cada una de las seis actrices tendrá que declarar a solas en una oficina frente a la fiscal jefa de la Fiscalía de Las Condes, Lorena Parra, a cargo de la causa que desde iniciado el proceso de investigación pasará a ser parte de las estadísticas de delitos sexuales investigados durante este año. Eso, aunque la investigación no llegue a puerto.

En 2017, según cifras entregadas por la Fiscalía Nacional a La Tercera PM, fueron 15.602 los ingresos por abuso sexual, y 4.687 los ingresos por violación, cifras que incluyen las causas que han sido archivadas y no se están investigando actualmente. Sin embargo, la cifra de acosos sexuales –acusación más frecuente en las denuncias a López- no están consignadas. Esto, porque los requerimientos de carácter sexual que un hombre o una mujer realizan a otra persona sin su consentimiento, se investigan sólo si se enmarcan en el ámbito laboral. Este apartado es la principal dificultad del caso López.

“El acoso sexual está reglamentado en la legislación laboral”, dice la fiscal Salcedo. Sin embargo, aclara que en el caso de Nicolás López, podría ser igualmente investigado, básicamente porque “los carabineros y medios oficiales para denunciar tienen que recibir cualquier tipo de denuncia que haga una persona. Y cualquier denuncia que reciben la van a remitir al Ministerio Público, pero es la fiscalía la que va a decidir si el hecho es constitutivo de delito o no”. “Pero -advierte-, el acoso no está tipificado como delito, sólo el abuso sexual”.

Esta consideración pondría en jaque a las denunciantes representadas por Juan Pablo Hermosilla, a quien llegaron a través de la fundación Para la Confianza creada por José Andrés Murillo, uno de los tres denunciantes de Karadima.

Incipiente proceso

Parte del procedimiento, si la fiscal Parra lo estima conveniente, podría ser un informe psicológicos a cada una de las involucradas, incluyendo a López en calidad de imputado. A diferencia del procedimiento que existe con menores de edad, en el que el peritaje psicológico tiene que existir específicamente para confirmar los hechos ocurridos a través de sus declaraciones, en denunciantes adultos no es una necesidad un informe de este tipo como evaluación de credibilidad, explica la fiscal experta en delitos sexuales, Paola Zárate.

En este caso, al tratarse de seis mujeres mayores de edad -aparte de corroborar lo que sucedió a través de una entrevista psicológica si así lo estima conveniente la fiscal-, se deben establecer las circunstancias conocidas de cada delito. “Por ejemplo, si hubo fuerza tienen que acreditarlo; si hubo intimidación, acreditar que hubo intimidación; si hubo relación de dependencia labora, acreditar esa dependencia, así como también en el caso de la dependencia económica”, dice Salcedo.

Pese a que el relato sicológico que podría pedir la fiscal Parra a las denunciantes puede ser usado como un aporte a la investigación, si se comprueban elementos denunciados, como el que sostuvo la actriz Daniela Ginestar, quien indicó que López se masturbó frente a ella sin que existiera una situación sexual entre ambos, Salcedo explica que no se constituiría un tipo de abuso sexual. Sólo podría condenarse como una “ofensa al pudor o injuria”. “La ley sanciona si un acto así se efectúa ante menores de edad procurando la excitación de un niño. Ahí podríamos estar ante la presencia de un delito de corrupción de menores, aunque eso tiene sentido en términos bien específicos en el caso de menores de edad”, indica.

Relevancia de los testigos

Durante el domingo, la abogada Paula Vial, representante del cineasta, fue consultada por supuestos audios que su representado y algunas de sus denunciantes se habrían enviado. Si bien se desconoce el contenido de estos, “en Chile existe libertad probatoria, es decir, si la defensa estima conveniente incorporar como modo de defensa audios, lo pueden hacer. Y pueden hacerlo tanto en la investigación tanto como en la presencia de un juicio”, dice la fiscal Zárate.

En ese sentido, pese a los audios que puedan existir entre ambos, la confirmación de las acusaciones de las seis actrices contra el cineasta podrían estar sujetas también a lo que dicen testigos. “Son importantes porque son un elemento de prueba para verificar el contexto en que suceden las conductas denunciadas”, dice la fiscal Salcedo y advierte: “Creer que porque hay audios en un tono amistoso puede sugerir que no existen tales acusaciones de abuso es no comprender el fenómeno del abuso sexual”. En general, advierte, en los delitos sexuales no hay testigos presenciales, pero sí hay testigos de contexto que pueden aportar al caso. Por ejemplo, amigas que hayan sabido de juntas de las acusadas de López, un registro donde estén los antecedentes que declararon en la revista. “Hay que acreditar que pudo haber sucedido. Los testigos sirven”, dice Zárate.

¿Pero si hay acoso sexual, qué puede pasar con la investigación? Salcedo asume que si bien “la jurisprudencia no es muy alentadora en denuncias de este tipo en adultos”, a raíz del caso de López “la sede penal puede empezar a instalar el tema pese a que los acosos no son materia penal”.

En esa misma línea, la semana pasada se reactivó la discusión en la Cámara sobre el proyecto de violencia integral que dejó andando la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet. Al respecto, en Radio Duna, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, aseguró ayer que están  tramitando el proyecto que se llama de violencia integral,  que es un mensaje del gobierno anterior, (…) que pretende sancionar el acoso sexual en espacios públicos y privados, entendido el acoso sexual de la misma forma en que se entiende en el Código del Trabajo, que son todas aquellas expresiones de connotación sexual sin consentimiento y especialmente aquellas que se realizan desde una posición de poder”.

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