El espiral de acusaciones de corrupción en Rancagua que ha protagonizado el Poder Judicial y el Ministerio Público este 2019 no tiene precedentes. Como tampoco lo tiene, en los 20 años de creación de la Fiscalía de Chile, la actuación que ayer por la tarde concretó el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien ingresó en el juzgado de garantía de esa ciudad una petición para formalizar –por primera vez en la historia- a un jefe regional del organismo dedicado a la persecución penal.
En una sola página el fiscal Campos pide que se agende una audiencia para la "formalización de la investigación respecto del ciudadano Emiliano Andrés Arias Madariaga" por los delitos de violación de secreto e informáticos que habría cometido en su calidad de fiscal regional de O'Higgins y que "los hechos ocurrieron durante los años 2018 y 2019". Con esto el Ministerio Público concreta el alzamiento de una inédita y grave acusación al investigador quien hoy se encuentra suspendido de sus funciones.
El destino de Arias comenzó a escribirse el 19 de abril cuando el fiscal jefe de Rancagua Sergio Moya –a quien lo ataba una relación de amistad- lo acusó públicamente de una serie de delitos vinculados a faltas a la probidad, algunos de los cuales se relacionaban con la indagatoria por supuesta corrupción en contra de tres ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad.
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A esa altura Moya ya había hecho una denuncia formal ante el fiscal nacional Jorge Abbott asegurando que su entonces jefe, Emiliano Arias, había –entre otras cosas- revelado el secreto de investigaciones y cometido tráfico de influencias debido a una supuesta estrecha relación con el abogado Luis Hermosilla (actualmente asesor en el Ministerio del Interior) lo que habría influido en una investigación contra el alcalde de esa ciudad, Eduardo Soto, a quien el abogado representaba hasta antes de trabajar el Gobierno.
Una decena de interrogatorios realizados por el fiscal Campos, que incluyeron toma de declaración al ministro del Interior Andrés Chadwick, hizo que el jefe regional de Magallanes –por el momento- descartara la acusación de "tráfico de influencias" y decidiera en esta primera etapa de investigación atribuir autoría en el delito de violación de secreto de investigación penal por tráfico de drogas y delitos informáticos. Esto en relación a antecedentes que el fiscal Arias habría entregado a sus familiares sobre un caso de tráfico de estupefacientes en que habría estado vinculado el sobrino del jefe de O'Higgins.
Al ser la primera vez que se formaliza a un fiscal regional en ejercicio, la permanencia de Arias se ve compleja al interior del Ministerio Público. Lo que se profundizaría aún más de ser condenado en esta indagatoria.
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Los tiempos en que Emiliano Arias y Sergio Moya eran una dupla.[/caption]
La acusación fiscal
Ya hace algunas semanas el propio Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió hacerse parte de la acusación contra Arias a través de una querella.
La acción criminal dirigida de forma nominativa en contra de Arias Madariaga sostiene que ordenó a subalternas ingresar al sistema informático interno del MInisterio Público, al que sólo tienen acceso fiscales, para sacar información sobre investigaciones penales relativas a un infractor de la Ley de Drogas. La historia, dice la querella, se remonta al 13 de mayo de 2018 cuando Hans Heydel Jacob se apersonó en el departamento del OS-7 de Puerto Montt para decir que "tenía antecedentes de un individuo que se dedicaba a la venta de drogas en dicha ciudad portuaria", tras lo cual le dijo a los policías que podía enviarles un correo electrónico con toda la información que él tenía. "En efecto, el mismo día 13 de mayo de 2018, esta persona envía un correo electrónico, que señalaba en el asunto "información drogas", adjuntando un documento denominado "Antecedentes Patricio Navarro.pdf"".
El origen del documento estaba en información que Arias, según acreditó la investigación, solicitó a una funcionaria y que luego envió a su hermana. Esto debido a que ella quería denuncia a un supuesto traficante que habría tenido ciertos vínculos con su hijo, el sobrino de Arias. La acusación del fiscal Moya es que luego que el OS-7 de Puerto Montt se da cuenta de que los documentos fueron extraídos de la Fiscalía se hizo una denuncia la que fue remitida desde Los Lagos a O'Higgins y el fiscal Arias habría ocultado los antecedentes en una bodega en vez de poner en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía Nacional.