La Moneda contrarreloj: Las intensas gestiones de Piñera y sus ministros para sellar acuerdo en seguridad

Pasadas las 9.00, el Presidente Sebastián Piñera cruzó por el patio de La Moneda a uno de los salones de Interior. Esto, con el objetivo de encabezar un encuentro para analizar la jornada de anoche, la que fue calificada como "crítica" por La Moneda, muy similar a lo que denominaron el "viernes negro": el 18 de octubre pasado, cuando se originó el estallido social y el Mandatario decidió decretar estado de emergencia, sacando a los militares a las calles.

En la cita de esta mañana, que se extendió por más de una hora, estuvieron presentes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la titular de la Segegob, Karla Rubilar y los subsecretarios Rodrigo Ubilla (Interior), Katherine Martorell (Prevención del Delito) y Claudio Alvarado (Subdere). Se analizaron los hechos de violencia -los cuales, según el balance de la última jornada la Subsecretaría del Interior, ascendieron a "99 eventos graves"- y la necesidad de comprometer a la oposición para sacar adelante una agenda de seguridad mediante un acuerdo. Una agenda que Piñera había intentado concretar mediante un acuerdo el lunes en una reunión con los tres poderes del Estado, pero que no consiguió.

Según fuentes de gobierno, el Jefe de Estado les transmitió esta mañana a las autoridades que deben estar enfocados cien por ciento en reestablecer el orden público y seguridad y que, por lo mismo, "deben estar encima" del tema. "Estamos contra el reloj", recalcan en el Ejecutivo, donde manejaban la información de que hoy sería otra jornada compleja.

En la misma reunión se conversó la conveniencia de que Piñera realizara una declaración resaltando esa materia, lo que se concretó pasadas las 13.00. Las iniciativas que busca impulsar en esta área el Mandatario son siete: modernización de Carabineros; fortalecimiento del sistema de Inteligencia; las leyes antiencapuchados, antisaqueos y antibarricadas; el estatuto de protección a las policías y el mensaje que ingresó ayer para permitir que las Fuerzas Armadas puedan proteger infraestructura crítica sin necesidad de decretar estado de excepción.

Esta última medida, en todo caso, no convenció del todo a la oposición y generó ciertas aprensiones por varias razones, una de las cuales es que el gobierno lo envió como una reforma a ley orgánica de las FF.AA. y no como una reforma constitucional. Además, hubo cuestionamientos porque en la iniciativa se establece la exención de la responsabilidad penal aplicable a las Fuerzas Armadas cuando se cumpla el reglamento del uso de la fuerza que determine el Presidente.

En este contexto, en el gobierno reconocen que están complicados y preocupados porque no ven que la "calle se calme". Recalcan que haber optado por el camino del diálogo -cuando se decidió no recurrir a los militares nuevamente el pasado 12 de noviembre- surtió efecto en un inicio, pero que han visto poca colaboración de la centroizquierda. Ello, aún cuando anoche altos personeros de La Moneda valoraban la declaración que un grupo de 80 militantes PS publicaron señalando que "la democracia está en riesgo".

Por esta razón, el ministro Blumel ha intensificado los contactos con personeros de la oposición, entre ellos, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), y su par de la Cámara, Iván Flores (DC), para amarrar un acuerdo "de manera urgente", haciendo hincapié que la situación no da para más y que la mejor señal en este momento es que todos los poderes del Estado firmen el acuerdo por la paz que les presentó el lunes el propio Mandatario.

El titular del Interior, según fuentes de la cartera, habló durante la mañana con los presidentes de la Comisión de Seguridad de ambas cámaras y los jefes de bancada de Chile Vamos en esta misma línea para que ayuden a sellar un pacto lo antes posible. A ello se suma la reunión que sostendría en principio con los dirigentes de la mesa de Unidad Social durante el día -se especulaba que sería a las 15.30 horas, en Palacio-, la organización que congrega a organismos sindicales, medioambientales y gremios que convocó ayer al paro nacional que terminó con serios desmanes en distintas regiones del país.

Un poco después de la reunión de Piñera con sus ministros en La Moneda, a las 10.45, los presidentes de ambas cámaras del Congreso se reunieron para abordar la compleja situación de orden público y seguridad que vive el país.

Tanto en el Senado como en la Cámara ven con preocupación la escalada de hechos de violencia que anoche tuvieron uno de sus puntos más álgidos y que, incluso, también quedaron registrados en el informe de Human Rights Watch, en el que, además, se aseguró que ha habido graves violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros.

Durante esta mañana Quintana se reunió con los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), Ximena Rincón (DC), Felipe Kast (Evópoli), José Miguel Insulza (PS), Alfonso De Urresti (PS) y Felipe Harboe (PPD), encuentro al que, posteriormente, se sumaron los senadores Ena Von Baer (UDI) y Andrés Allamand (RN). La idea era abordar los últimos hechos y -hasta el cierre de esta edición- se intentaba concordar una declaración conjunta en la materia, la que incluiría un compromiso de legislar la agenda en iniciativas de seguridad.

Así, Piñera en su declaración, que duró nueve minutos, llamó al Congreso aprobar las medidas de esta agenda. "Deben transformarse ahora, en cuestión de días, en leyes de la República", dijo. Y añadió que el gobierno está cumpliendo con su parte y que "la violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad. La violencia ha significado dolorosas pérdidas de vidas humanas y muchas personas lesionadas. La violencia está destruyendo sueños y proyectos de vida para muchas personas y emprendedores en nuestro país".

En el gobierno recalcan que están "contra el tiempo" y, por lo mismo, no descartan que Piñera pueda decretar nuevamente un estado de excepción si esto no se resuelve rápidamente con medidas legislativas en el Congreso. De hecho, además de Blumel, el ministro Alberto Espina (Defensa) y Felipe Ward (Segpres han estado desplegados en el Congreso hablando con parlamentarios y participando de comisiones. Hoy, en la comisión de Defensa de la Cámara, el titular de Defensa aseguró que "la situación que está viviendo hoy día el país es extremadamente crítica en materia de seguridad. Se está llegando a niveles de violencia que no se registraba en Chile desde el retorno a la democracia bajo ninguna circunstancia. Asaltos, saqueos, policías y Carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados. No va a haber, ni va a subsistir otro acuerdo de otra naturaleza si no hay respeto al orden público y mínima garantía de que se produzcan saqueos, ataques permanentemente con una destrucción gigantesca".

Esta mañana, en la Mesa de Unidad Social aún se definían los últimos detalles para asistir a la cita con el ministro Blumel. Las dudas: si la reunión se concretaría hoy o mañana y cuáles serían los nombres dentro del bloque sindical -conformado por el Colegio de Profesores, la CUT, la Unión Portuaria de Chile, SINTEC, la ANEF y No + AFP, entre otros- que representarían a la organización en La Moneda.

Entre los dirigentes coincideron en que en la cita pretenden exponer tres grandes puntos. Primero, las demandas que concentra el petitorio de la mesa: aumento de las pensiones, un salario mínimo de 500 mil pesos, canasta de servicios básicos protegidos y reducción de jornada laboral. Segundo, solicitar el cese de las violaciones a los derechos humanos junto al esclarecimiento y juicio para cada uno de los casos. Y tercero, la necesidad de una asamblea constituyente "verdadera, no como la que pactaron en la cocina", dijo Mario Aguilar (PH), presidente del Colegio de Profesores.

"Nosotros no vamos a ir a negociar. No es nuestro ánimo, no vamos a entrar en transacciones. Vamos a ir a exponer lo que tenemos que exponer", explicó Aguilar. El dirigente expresa que no tienen pensado deponer los paros y movilizaciones. "No es algo que hayamos planteado deponer las movilizaciones, tampoco está planteado por la ciudadanía. Nosotros no somos dueños de las movilizaciones, solo organizamos una parte. Estimo que la ciudadanía tendría que evaluar esa respuesta del gobierno", agregó.

Otra visión mostró Jorge Hernández, presidente de Sintec, quien se abrió a la posibilidad de parar la movilización. "Un gesto tremendo sería que se le pidiera la renuncia al general de Carabineros, Mario Rozas, y que paren la agenda legislativa, que hoy día no se está avanzando en nada, son puras soluciones que no ayudan a calmar este conflicto. Creo que son dos cosas importantes para poder trazar ciertos acuerdos mínimos", aseguró.