La suprema inquietud por acusación constitucional: Jueces fijan pleno extraordinario tras cita con el Presidente

Fue el viernes pasado cuando los ministros del máximo tribunal reunidos en su cita semanal decidieron solicitar una audiencia al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para dar a conocer formalmente, al representante del Poder Ejecutivo, la preocupación que existe en la Corte Suprema del uso que se le está dando a la herramienta de acusación constitucional.

La respuesta llegó el lunes y los magistrados determinaron que no sólo fuera el presidente del máximo tribunal Haroldo Brito, sino que a la cita en La Moneda éste fuera acompañado por el supremo Sergio Muñoz quien, mientras subrogó en la presidencia de la Suprema, dio un duro golpe en la mesa cuando en un discurso de juramento de nuevos abogados cuestionó en forma y fondo los argumentos de la acusación constitucional alzada por parlamentarios del Frente Amplio y la Nueva Mayoría.

Hoy Brito citó a un pleno extraordinario para abordar la buena recepción que habría encontrado en el líder del Poder Ejecutivo de las inquietudes de los supremos ante esta embestida de personeros de oposición. Pocas horas antes, en medio de una nueva ceremonia de juramento de abogados y abogadas, alzó la voz como la mayor autoridad del Poder Judicial para calificar de "poco lícito" el actuar de los congresistas y advertir que esta acusación tendrá un impacto en el sistema de justicia, poniendo incluso en peligro la certeza jurídica con la que deberían contar los ciudadanos de este país.

Desde el viernes pasado se comenzó a tejer un diseño comunicacional en que el pleno quiso dar claras señales del peligro -que no se ha advertido de forma tajante- en que parlamentarios escudados en una herramienta que les da la Constitución puedan impugnar por esa vía las decisiones jurisdiccionales que tienen como última instancia las cuatro salas del máximo tribunal. "No podemos retroceder a épocas antidemocráticas", dice uno de los jueces muy molesto con la presentación del libelo que busca sacar a Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller y Manuel Valderrama del máximo tribunal.

Es así como durante los últimos días se han enviado varias señales. Una de ellas comenzó con una reunión, el lunes 20 de agosto cuando estaba de vacaciones Haroldo Brito, entre el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el diputado PC Hugo Gutiérrez, y el entonces subrogante de la presidencia de la Suprema Sergio Muñoz.

En la cita se abordó un proyecto sobre un proyecto de recursos judiciales y se habría tocado, según uno de los presentes, el tema de la acusación constitucional. Para Gutiérrez, un mítico abogado ligado al patrocinio de familiares de víctimas del régimen militar, no le es indiferente lo que pase en la Corte Suprema.

Cercanos al diputado sostienen que él valora en lo personal la trayectoria de los jueces que hoy están acusados, sobre todo porque en épocas que él, litigaba fue la Sala Penal la que acogió las hipótesis de los abogados de las víctimas, en ausencia de leyes que el Congreso demoró en dictar. Quizás por eso, dicen también, es que no patrocinó el libelo que hoy tiene enfrentados al Poder Legislativo con el Judicial, aunque quienes está tras la arremetida aseguran que una vez en sala la acusación contará con todos los votos de los parlamentarios comunistas.

Tras esa cita vendría la primera señal, luego que el ministro Muñoz -quien hasta el año pasado era el coordinador de las causas de Derechos Humanos que se tramitan en el país- no asistiera a una cita con la Comisión liderada por el diputado comunista que tenía lugar al día siguiente de la cita de ambos.

Al interior del pleno se destacó la actitud de Muñoz liderando la defensa de los supremos acusados y recordado es su discurso del 22 de agosto en que en medio de una ceremonia de juramento de abogados golpeó la mesa y dijo fuerte y claro: "Ni el Presidente o el Congreso pueden revisar los fundamentos de los fallo".

La primera actividad que desarrolló Brito al llegar de sus vacaciones y volver a asumir como presidente fue visitar a los integrantes de la sala penal. De ahí en más vino la petición de reunión con el Presidente Piñera, que será comunicada en detalle hoy a las 13:00 horas en el plano extraordinario, y se suma a los supremos que ya han alzado la voz en contra de la ofensiva.

El primero de ellos fue Carlos Aránguiz -de la Tercera Sala Constitucional- quien comparó lo que estaba sucediendo con "un quiebre jurídico sólo comparable a septiembre de 1973" y luego el ministro Guillermo Silva -de la Primera Sala Civil- que dijo a radio Biobío que la acusación podría ser un ataque mortal a la independencia del Poder Judicial.

El viernes 7 vence el plazo para que los supremos respondan, vía oral o escrita, a la acusación. Luego de eso, la Comisión que tramita esta acusación tiene seis días para emitir un informe no vinculante a la sala de la Cámara de Diputados opinando a favor o en contra de la acusación. Quienes alzan el libelo están instando para que se vote el 11 de septiembre cuando se cumplan 45 años del golpe y el resultado de la arremetida contenga un fondo significativo para los familiares de las víctimas del régimen militar.