Tercera PM
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Las razones de RD para no plegarse a la ofensiva del FA contra el Fiscal Nacional

El fiscal nacional, Jorge Abbott, el 13 de junio pasado.

El partido, liderado por Giorgio Jackson hizo un estudio de los antecedentes. “El reproche que se efectúa al fiscal no alcanza necesariamente el estándar de negligencia manifiesta”, dice el informe que los automarginó de la petición.


Revolución Democrática aparece como “el gran ausente” en el escrito ingresado ayer ante la Corte Suprema por la oposición, y el resto de los partidos del Frente Amplio, con el que se pretende remover al fiscal nacional, Jorge Abbott, en una iniciativa inédita en la historia del Ministerio Público. La decisión de la colectividad, liderada por el diputado Giorgio Jackson, ha generado crítica en los otros partidos del FA.

¿Por qué RD decidió restarse de la ofensiva? Una minuta a la que tuvo acceso La Tercera PM –confeccionadas por abogados de la colectividad-  describe debilidades en la ofensiva del FA respecto a argumentos de derecho de que no es posible configurar la negligencia inexcusable de Abbott en los cinco hechos que se le imputan  ante el máximo tribunal y, por otro lado, la debilidad probatoria de los mismos.  “Considerando que es probable que los ministros de la Corte Suprema observen la solicitud atendiendo a la estabilidad del sistema democrático y sus instituciones, existirían fundamentos para que la solicitud no pasare la admisibilidad”, concluye el análisis.

En el documento se sostiene que “los hechos señalados en la solicitud, permiten afirmar que existe la posibilidad que el Pleno de la Corte no los estimen como aquellos que configuren la causal, dado que el reproche que se efectúa al fiscal no alcanza necesariamente el estándar de negligencia manifiesta”.

Y hacen un análisis de cada uno de los casos que se presentaron ante la Corte Suprema, como meritorios para emprender el proceso de remoción de Abbott.

Análisis a los hechos

Respecto al hecho uno sobre la cita entre el fiscal nacional y el entonces senador UDI Hernán Larraín (hoy ministro de Justicia) en diciembre de 2017 por el caso Penta, que a juicio de los que piden la remoción de Abbott habría sido un acto que vulnera los principios de probidad, RD llega a otra conclusión. “Es posible sostener que dicha reunión no infringe el principio de probidad administrativa, por cuanto puede fundarse simplemente en hacer efectivo el derecho de petición”, sostienen.

Agregan que “la audiencia aparece publicada en la página de la fiscalía, declarada como audiencia por lobby, señalando que su objeto fue ‘situación que afecta al senador Iván Moreira. Asiste en la audiencia, Marta Herrera Seguel, Directora Unidad Especializada’”. Junto con esto, la minuta de RD sostiene que “la infracción a la probidad se generaría en el caso que el Fiscal intercediera de manera concreta en favor de Moreira, pero justamente por encontrarse inhabilitado y por otros claros límites legales no tiene las facultades para llevarlas a cabo”.

Concluye entonces el análisis que “si las hubiere realizado, serían ellas las que configurarían la causal, y no el hecho de aceptar una reunión en un marco institucional . Hay que recordar que quien se encuentra inhabilitado lo está para  dirigir la investigación y ejercer la acción penal pública respecto de determinados hechos punibles, pero no para recibir en audiencia a quien lo solicite por ley del lobby”.

Sobre el hecho dos de la remoción que es la reunión del abogado de Santiago Valdés con Abbott, RD argumenta en la misma línea respecto a que la reunión en sí no cumple por sí misma con una “negligencia”, destaca que tras la cita el fiscal nacional rechazó la petición del profesional y asegura: “no se presentan directamente medios de prueba, sino que se ofrece pedir la declaración al Fiscal Nacional para que se pronuncie sobre ello, por lo que sería posible que la Corte no estimare esto como un hecho que apunte a configurar la causal”.

Revolución Democrática en su minuta de análisis de la petición de remoción de Abbott admite que la situación “más compleja” es la que se describe sobre una dirigenta de los funcionarios, Paulina Ruiz, quien acusa una práctica antisindical pues tras una entrevista en CNN en que dijo que en la Fiscalía se violaban los derechos humanos, el fiscal nacional abrió una causa penal para indagar los hechos denunciados. Sin embargo, sostiene que tampoco configura la causal descrita en la Constitución.

Situaciones laborales

“Estos son posiblemente los hechos más complejos para el Fiscal Nacional, y que dan cuenta básicamente de una práctica antisindical orientada a amedrentar a la presidenta de la asociación. Sin embargo, la Corte podría estimar que el Fiscal Nacional justamente cumplió con su deber funcionario al iniciar la investigación tras tomar conocimiento que se imputaban violaciones a los derechos humanos en la institución, y designar a un fiscal regional para ello”, dice el documento de RD.

La cuarta acusación del escrito de remoción dice relación con una situación de presunto acoso laboral en que el fiscal nacional habría determinado dejar sin efecto el contrato de la denunciante. Sobre este punto la minuta RD sostiene que “la justificación o no del despido se resolvió en sede judicial, por lo que la Corte podría desestimar esto como un hecho que apuntara a la configuración de la causal, más aún cuando el Fiscal Nacional ordenó la instrucción de un sumario administrativo a partir de las denuncias (respecto del cual no constan sus resultados en la solicitud)”.

Finalmente RD refuta que el discurso que hizo Abbott este año en la Cuenta Pública y que generó polémica por pedirle a los fiscales que tuvieran en cuenta que sus actuaciones podían afectar a otras instituciones, como el funcionamiento del Congreso con los desafueros, fuera un argumento que acredite una falta a la probidad. Al respecto la minuta concluye: “Es posible que la Corte señale que en la cuenta pública no se pretendió entregar un criterio de actuación ni instrucciones particulares sino una mera opinión del Fiscal Nacional, lo que no reviste los caracteres de gravedad de la causal exigida”.

Tras este estudio de causales y hechos, es que la colectividad decidió restarse de una actuación inédita pues es la primera vez que se pide la remoción de un fiscal nacional y en la que RD decidió restarse meramente por argumentos técnicos: “Las causales son de derecho estricto porque pertenecen al ámbito del derecho público” y que en el escrito presentado por el resto de su conglomerado, no se configurarían.

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