Tercera PM
Presenta:
Carlos Gajardo

Carlos Gajardo

Abogado, ex fiscal. Socio de Gajardo y Norambuena.

La Tercera PM

Letelier y Abbott

Letelier
Foto. Agenciauno

Las explicaciones posteriores de la Fiscalía en cuanto a que la remoción de los fiscales y la reunión con el senador no están relacionadas, constituyen un insulto a la inteligencia de la ciudadanía que hace rato ya no comulga en estos temas con ruedas de carreta.


La Fiscalía ha pedido audiencia para formalizar investigación en contra de un ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, imputándole posibles delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, la Corte Suprema ha decidido suspender de sus funciones al ministro que va a ser formalizado y a otros dos ministros por posibles infracciones en nombramientos de distintos cargos llevados a cabo en el Poder Judicial de la Región de O’Higgins.

Los antecedentes hasta ahora conocidos han motivado una comprensible preocupación de la ciudadanía que, tras los escándalos de corrupción en el financiamiento de la política, en Carabineros, en el Ejército y en otro sinfín de instituciones, descree fácilmente de ellas y vuelve a golpear la credibilidad del sistema judicial que ya se encontraba en niveles críticos de confianza. Por lo mismo, es exigible una investigación profunda por parte de la Fiscalía que haga respetar su autonomía y que respete asimismo la presunción de inocencia que obra en contra de los investigados mientras no se dicte en el caso sentencias definitivas. Por ello, resulta particularmente grave e inoportuna la reunión que se produjo con fecha 19 de noviembre de 2018 entre el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el senador de la Región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier, para tratar las “públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el Fiscal Regional de la misma región”. La cita, si bien se encontraba registrada en la plataforma de Lobby de la Fiscalía, no indicaba detalle alguno de su contenido, el que sólo fue conocido tras una solicitud vía transparencia de Ciper. Más grave resulta que tras dicha reunión, el Fiscal Nacional haya decidido apartar de la investigación a los fiscales Arias y Moya sin un motivo plausible para ello. Las explicaciones posteriores de la Fiscalía en cuanto a que la remoción de los fiscales y la reunión con el senador no están relacionadas, constituyen un insulto a la inteligencia de la ciudadanía que hace rato ya no comulga en estos temas con ruedas de carreta. Tampoco han sido felices las explicaciones del senador Letelier que en vez de reconocer y enmendar su error, ha descrito improbables campañas orquestadas en su contra, utilizando el gastado comodín de hacerse el ofendido cuando un político es descubierto en falta.

Sin embargo, junto con la profunda investigación que requiere en el caso, es necesario, como hace años reclama la Asociación Nacional de Magistrados, un cambio sustantivo en los mecanismos de selección y nombramientos de jueces, ministros, notarios y fiscales, los cuales hoy se basan en mecanismos opacos de selección., Así un estudio del año 2017 mostraba cómo, de un total de 401 notarios, 135 tenían vínculos familiares con cargos relevantes dentro del Estado. Asimismo, un mapa del poder realizado por La Tercera el año 2018 mostraba la extraordinaria representación que tiene la Masonería al interior del Poder Judicial y de la Fiscalía después de diversos gobiernos en que el Ministerio de Justicia estuviera en manos de dirigentes políticos del Partido Radical.

La investigación de la Fiscalía junto con develar graves problemas de probidad al interior del Poder Judicial que deben ser exhaustivamente investigados constituye una oportunidad única para modificar en serio los sistemas de nombramientos al interior del sistema judicial que probablemente es una de las causas del profundo descrédito que el sistema tiene. Claro, eso si es que efectivamente hubiera interés en mejorar el sistema y su credibilidad.

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