Los coletazos de la entrevista al “comandante Ramiro”: Protestas en la Cárcel de Alta Seguridad por suspensión de videollamadas

Uno de los ingresos a la Cárcel de Alta Seguridad

Al prohibirle contactarse con sus familias a través de videollamadas (que reemplazaron a las visitas durante la pandemia), se han registrado desórdenes y más de 70 internos de la Sección de Máxima Seguridad se sumaron a las protestas. La determinación fue tomada por Gendarmería cuatro días después de la entrevista -vía celular- que dio a La Red el exjefe operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena. Según la entidad penitenciaria, la medida se debe a que "se ha detectado que algunos privados de libertad han realizado un mal uso de los equipos celulares" y que -en todo caso- se mantiene el contacto con familiares a través de llamadas comunes.




El ambiente detrás de los muros de la Sección de Máxima de Seguridad, dependiente de Unidad Especial de Alta Seguridad (más conocida como Cárcel de Alta Seguridad), está más tenso de lo habitual. A la preocupación que genera en la población penal y en los funcionarios de la entidad penitenciaria las posibilidades de que se generen brotes de Covid-19 al interior del recinto, se suma el hecho de que desde el 19 de marzo los reos ya no pueden comunicarse con sus familias a través de videollamadas. Anteriormente podían hacerlo a través de esta vía dos a tres veces por semana por cerca de dos horas, como un reemplazo de las visitas presenciales.

¿La razón del cambio? Así lo determinó Gendarmería -al no renovar el contrato con la empresa de telefonía móvil que le daba acceso a los reos a redes sociales- como una decisión institucional, considerando que se trata de internos que están en la Sección de Máxima Seguridad por su alto nivel de peligrosidad.

Pero la la razón tiene un trasfondo: se tomó luego de que el exjefe operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPRM), Mauricio Hernández Norambuena, condenado a 26 años de cárcel por el crimen del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro del empresario Cristián Edwards, el 15 de marzo diera una entrevista a La Red a través de un celular que debía destinar sólo a hacer llamadas en horario de visitas.

El hecho provocó la indignación de Gendarmería, organismo que pidió en dos oportunidades al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que sancionara a Norambuena, señalando que el no hacerlo podía provocar “un desgobierno de los establecimientos penitenciarios que sería altamente peligroso para la seguridad de los propios internos y de todos quienes desarrollan actividades relacionadas con el quehacer carcelario”. Asimismo, advirtió que “podrían proferirse amenazas y planificar acciones que pongan en riesgo la seguridad del establecimiento a través de dicha vía”.

Sin embargo, la jueza Marcia Figueroa resolvió “no ha lugar” a la reposición interpuesta por Gendarmería. Para esta decisión, dijo considerar que “los principios de derecho público esgrimidos por la autoridad penitenciaria dicen relación a las obligaciones que mantienen los funcionarios públicos, requisito que no cumple el sentenciado Hernández Norambuena”. De hecho, el 18 de abril pasado, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, dijo en una entrevista que “no conozco una regla que impida que den entrevistas los reos rematados”.

La hermana de Hernández Norambuena, Laura Hernández, explicó que “suspendieron las videollamadas de todos los presos que están ahí luego de la entrevista. Dejaron sólo hacer llamadas telefónicas de corta duración y bajo la supervisión de un gendarme al lado del preso”. Señaló que “además en el penal hay una situación de brote de Covid y se están inundando, ya que hay una situación de la CAS desde hace mucho tiempo que se supone que se iba a reparar y eso ha estado súper lento. Son varias cosas. Indudablemente no poder tener las videollamadas es algo que que urge reparar porque es el único contacto que tienen con la familia”. Explicó que su hermano no se sumó a la huelga de hambre -una de las medidas de presión que han adoptado los reos, que en todo caso sólo aplica a la alimentación fiscal- por problemas de salud.

Sobre la medida, desde Gendarmería señalaron que “la autorización de realizar videollamadas para mantener contacto con familiares en contexto de pandemia, fue una medida excepcional para reemplazar las visitas presenciales que han estado suspendidas en fase 1 y cuando hay brotes en una unidad penal. Sin embargo, se ha detectado que en ciertas ocasiones algunos privados de libertad han realizado un mal uso de los equipos celulares facilitados para dicho propósito. Se resolvió el 19 de marzo aplicar nuevas medidas de seguridad penitenciarias. De esta manera, se mantiene la realización de llamadas de voz de los privados de libertad con sus familiares, pero sin acceso a redes sociales y videos, manteniendo, así la seguridad del penal y de la comunidad en general”.

Consecuencias de la medida

A raíz de la prohibición de Gendarmería a toda la población penal de la Sección de Máxima Seguridad de realizar videollamadas, el 13 de abril pasado se registró en el recinto una protesta de los internos en la que quemaron frazadas y realizaron una serie de desórdenes al interior del penal.

A eso se suma otra presión de la población penal para exigir que les reactiven las videollamadas: 72 reos señalaron haber iniciado una huelga de hambre líquida. Así lo comenzó a informar la entidad penitenciaria a los diversos tribunales del país que tramitan las causas penales de los internos involucrados en la acción.

Por ejemplo, el 27 de abril pasado, el organismo carcelario envió un informe reservado al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dando cuenta de que 16 internos comenzaron una huelga de hambre líquida “en contra de Gendarmería, debido a que los teléfonos proporcionados por la administración penitenciaria y que tienen como finalidad la comunicación con sus familiares productos de la pandemia, no contaría con redes sociales para que los reclusos puedan comunicarse a través de videollamadas, contando solamente con teléfonos habilitados para llamadas de voz”. Entre los internos que iniciaron la medida de presión está Manuel Díaz, alias el “Guatón Nolo”, uno de los líderes de la banda imputada por el robo de $ 16 mil millones a la empresa de transporte de valores Esertval, en Independencia, en 2017, más conocido como “el robo del siglo”. A raíz de esto, el 30 de abril, el tribunal señaló que “de acuerdo a la informado, Gendarmería de Chile deberá tomar las medidas de cuidado necesario del interno Díaz Ávila y remitir informe médico diario al tribunal sobre de las condiciones de salud y le evolución del estado diario del referido”.

El 29 de abril, en tanto, Gendarmeria informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que otros ocho reos de la Cárcel de Máxima de Seguridad iniciaron una huelga de hambre líquida por la misma razón, entre ellos, Pablo Martínez Castro, imputado por las amenazas a la fiscal Ximena Chong y por tenencia de armamento prohibido por tener una sub ametralladora UZI abajo de la cama.

Desde Gendarmería explicaron que se trata de “cerca de 70 privados de libertad se han estado negando a recibir alimentación fiscal desde fines de marzo. Sin embargo, continúan recibiendo encomiendas por parte de sus familiares o conocidos. Es preciso señalar que recientemente, el pasado lunes 26 de abril, informaron formalmente al jefe de unidad y posteriormente a tribunales el inicio de huelga de hambre 16 personas privadas de libertad. Y el 1 de mayo, cinco de los internos depusieron y dieron término a la huelga”.

Asimismo, Gendarmería indicó que “los privados de libertad han recibido visitas y entrevistas con abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros organismos. Por ende, mantenemos nuestro compromiso con el resguardo y protección de los derechos humanos de quienes están bajo nuestra custodia, como también el respeto a las normas y reglamentos vigentes de nuestro sistema penitenciario”.

A esta situación se suma el hecho de que el 21 de abril, Gendarmeria informó al tercer tribunal de garantía que nueve reos del tercer piso de la Sección de Máxima Seguridad dieron positivos de Covid-19. Entre ellos, hay cinco integrantes del llamado robo del siglo ocurrido en 2017. Se trata de los imputados Luis Mosquera, Roberto Bilbao, Rodrigo Lorca Aravena, Hugo Jiménez Valenzuela y Juan González Plaza.

Sobre esto, Gendarmería detalló que hasta ayer 2 de mayo había 14 confirmados de Covid-19, que ninguno presentó sintomatología o complicaciones de salud y que hoy lunes terminaron sus cuarentenas y aislamientos del resto de la población penal.

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