Mañalich, el abogado, y la acusación contra Piñera: "Una eventual destitución del Presidente como resultado es muy delicado y grave"

Iba a asistir alrededor de las 14 horas de hoy a prestar testimonio a la comisión de la Cámara de Diputados que revisa la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, y que se votará en sala este jueves 12. Los promotores del proceso lo citaron, muy probablemente, luego que llamaran la atención unas columnas y entrevistas suyas en las que explicaba qué leyes y normas regularían la responsabilidad penal del mandatario si se le abriera causa en tribunales a raíz de los muertos y heridos ocurridos durante el estado de excepción que dictó. Pero Juan Pablo Mañalich Raffo dice que "no he tenido contacto con quienes la redactaron, así que desconozco por qué pensaron que yo podía hacer una contribución al estudio de la cuestión".

El abogado penalista, hasta hace meses militante del PS e hijo de uno de los ministros más piñeristas del piñerismo químicamente puro tampoco podrá preguntarles hoy, porque al final no va ir al Congreso. Hasta el viernes figuraba confirmado, pero se excusó: "No asisto porque tengo responsabilidades académicas que me hacen imposible estar en Valparaíso hoy lunes. Soy director del Departamento de Ciencias Penales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile está reactivando sus tareas; tengo responsabilidades administrativas inmediatas. Y por otro lado, la cuestión que se le plantea a la Cámara es una pregunta que en su dimensión jurídica tiene que ver con preguntas de derecho constitucional. No soy constitucionalista, si no que me dedico al derecho penal".

Eso sí, dice que no recibió presiones ni menos comentarios de su padre, Jaime Mañalich, y que "no, no. No he conversado con el actual ministro de Salud sobre esta cuestión".

Con todo, explica que "lo que intentaba hacer era mostrar cuáles son las condiciones que tendrían que cumplirse para que personas que ocupan altas posiciones de responsabilidad política, por cierto el Presidente de la República, algunos de sus ministros, puedan tener responsabilidad penal comprometida según algunas reglas de la ley que tipifica crímenes de lesa humanidad". Esa ley es la 20.357, a la que ha aludido detalladamente en sus textos.

Eso sí, aclara que no está diciendo que Piñera tenga que ser juzgado. "He sido bien enfático en que es necesario distinguir lo conceptual de la cuestión probatoria. Qué puede sostenerse en términos definitivos acerca de lo que hizo o no hizo alguien de manera tal que eso pueda llevar a que un tribunal pudiese declaralo culpable... ese es un análisis en el que no me corresponde meterme", dice.

Para Mañalich, "solo un tribunal puede establecer responsablemente si acaso el Presidente o alguno de sus ministros efectivamente tienen responsabilidad penal comprometida en crímenes de lesa humanidad. Lo que he querido hacer es mostrar, más bien, que la legislación chilena contempla algunas reglas, que no estaban vigentes durante los años en que perpetraron sus crímenes los órganos represivos de la dictadura". Y que "mi preocupación es decir que hoy esto no es una especulación absurda ni fantaseosa; hay condiciones claras, sobre las que podemos plantear la pregunta con seriedad".

"He intentado mostrar cuáles son esas condiciones para que se planteen estos asuntos en tribunales. Eso tampoco es especulativo: ya hay querellas presentadas contra el Presidente. Que cuando eso se discuta se haga con cabal claridad acerca de qué tendría que probarse para que se le pudiese atribuir responsabilidad penal como autor al Presidente. No es algo que yo esté afirmando, pero es crucial tener claridad sobre cuáles son las reglas bajo las cuales eso podría ocurrir".

-¿Tiene alguna convicción acerca de la responsabilidad presidencial?

-No. He intentado enfrentar esto desde un punto de vista riguroso. Puedo tener el grado de crítica que sea respecto de cómo el gobierno ha llevado el asunto. Pero nadie puede reemplazar a los diputados y senadores en la tarea de decidir si esa acusación tiene mérito. El debate acerca de la posible responsabilidad política no es el mismo debate acerca de la responsabilidad penal que le pudiera caber a algún ministro o al Presidente. Por supuesto, hay puntos de conexión entre ambas preguntas, pero hay muchas diferencias relevantes entre ambas cuestiones".

-¿Y qué posición tiene ante el debate de si había o no que acusar al Presidente?

-Por un lado, una eventual destitución del Presidente como resultado de esto es muy delicado y grave. Relativizar o banalizar el asunto muestra incomprensión por lo que está en juego. Pero por otro lado, he escuchado opiniones que apuntarían a algo así como un déficit democrático en quienes han impulsado la acusación, porque se trata de destituir irregularmente al Presidente. Frente a eso, y sin perjuicio de lo que dije antes, es un mecanismo que la Constitución prevé, que su uso debe quedar reservado para situaciones de especialísima gravedad. Nadie puede sostener que esto supone echar mano a una medida de fuerza para destituir a un Presidente, si la propia Constitución lo establece.

"No me parecería inaudito ni descabellado que la manera de establecer responsabilidad política de un gobierno por acciones u omisiones termine estableciéndose por la vía de que la declaración de culpabilidad recaiga sobre el ministro del Interior", agrega.

Pero "insisto en que el destino de cualquiera de estas dos acusaciones constitucionales -lo digo como penalista- debe mantenerse al margen del destino de las querellas contra el ex ministro Chadwick y el Presidente. Hay un mar de diferencia. Hay una diferencia brutal. Lo que termine resultando de una acusación constitucional no debería -en derecho- tener mayor importancia para el destino de una imputación penal, ya sea que la acusación sea favorable o desfavorable".