El marcador de la jueza "caza estrellas": Romy 13 - Ejército 0

La ministra Romy Rutherford.

La ministra Romy Rutherford.

La ministra en visita cumple este mes dos años a cargo de las 23 aristas de la investigación por el fraude en la institución. Ya acumula 13 procesados, todos de alta graduación -coroneles, generales- y sin miriamientos entre activos y en retiro. Y le queda otro año más.




Con la caída del general (r) Jozo Santic, ex jefe de finanzas del Ejército durante la era Fuente-Alba -recién detenido y con posibilidades de ser procesado por eventual malversación de caudales públicos -, el marcador de bajas que lleva a su haber la ministra en visita Romy Rutherford Parentti, desde que investiga las 23 aristas en que se ha propagado el fraude en el Ejército, está por pasar a una nueva fase. Una, de hecho, que mantiene inquietos a varios oficiales. Activos y en retiro.

Si Rutherford termina procesando a este alto oficial, el récord de la jueza de la Corte Marcial se empinará por sobre los 13 encausados, de los 36 que hasta ahora suma la causa. ¿El detalle? Todos de alta graduación militar. Coroneles y generales de división, incluyendo a un excomandante en jefe ¿Otro detalle? Le queda un año completo en el cargo.

En efecto, la ministra cumple este mes dos años a cargo del caso. La causa llegó a sus manos en marzo de 2017, cuando el entonces integrante de la Corte Marcial, Omar Astudillo, quien conducía las pesquisas, cumplió su período de tres años como integrante de ese tribunal. En ese momento la indagatoria sumaba 21 aristas.

Antes de eso, desde 2014, el caso -radicado en la VI Fiscalía Militar- estuvo a cargo de la fiscal militar Paola Jofré, quien inició una amplía investigación sobre el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército, unidad desde donde se reportó el extravío de millones de pesos, a través de facturas falsas, provenientes de la entonces Ley Reservada del Cobre.

Durante todo ese período, en el cual las pérdidas se estimaron en cerca de $5.500 millones, fueron procesados tres coroneles en retiro y una serie de suboficiales. Incluso, a fines de 2016 el ministro Astudillo intentó levantar cargos contra tres generales, por incumplimiento de deberes militares, pero en enero de 2017 la Corte Marcial revocó los procesamientos.

La ventaja del sistema antiguo

Y ese eso, llegó la ministra Rutherford, quien preferentemente ha puesto su mira en la parte más alta del escalafón. Con el "agravante" de las herramientas adicionales que le da que el caso esté en el sistema judicial antiguo.

"En el modelo inquisitivo anterior los imputados gozan de menos garantías, por algo lo cambiamos. Tiene el secreto de sumario y otras herramientas que son lesivas para poder estructurar debidamente una defensa", observa Gabriel Zaliasnik, uno de los abogados penalistas que mira desde fuera este caso,

Explica que para la magistrada es una ventaja porque "no es que ella avance más, pero sí priva a la defensa de algunas herramientas para desvirtuar imputaciones con antelación. También está la facultad de poder tener a alguien cinco días detenido antes de determinar si lo procesa o no. Pone al imputado en una situación de desventaja que, teóricamente, lo hace colaborar con mayor prontitud".

Coroneles y generales

Así como en el Ejército ha circulado el comentario de que "no la vieron venir", en el Ministerio de Defensa -pese a que les ha cambiado la agenda interna- dicen que aprueban su cometido. "Ella ha hecho un trabajo muy profesional y puntilloso, detallista, no deja nada al azar, es severa", afirman en la cartera.

Coroneles, tenientes-coroneles y generales han caído por igual, y sus decisiones han forzado cambios en el alto mando del Ejército. Eso, sin detenerse en el dato histórico de que un ex comandante en jefe como Juan Miguel Fuente-Alba arriesgue juicio por malversación de fondos públicos y lavado de dinero.

Su primer procesamiento significativo en esta causa ocurrió el 11 de febrero de 2018, cuando le levantó cargos al general (R) Héctor Ureta por eventual fraude al fisco.

Sin embargo, la puntería ha ido subiendo, desde que abrió la arista denominada "Empresas de turismo", producto de dineros y pasajes que algunos altos oficiales transaban con agencias de viajes, para fines personales, y obtenían devoluciones de recursos. Ya no eran solo boletas y facturas falsas. En el horizonte aparecían dineros directo al bolsillo.

Fue allí, en particular, donde Rutherford se convirtió en el terror del Ejército, cuando el 16 de octubre del año pasado detuvo y procesó al general de división John Griffiths Spielman. El jefe del estado Mayor del Ejército. Un oficial activo. El segundo de la institución al mando y quien integró la última quina para ser comandante en jefe. El mismo que se vio obligado a renunciar.

Entre otros, fueron los testimonios del coronel Fredis Jara, ex jefe del área de pasajes y fletes del Ejército, los que involucraron a Griffiths. Tras declarar como inculpado por dineros vinculados a devoluciones de pasajes, fue detenido y procesado.

Hubo conmoción por lo inédito de la medida. Pero el tema no quedó allí. El mensaje estaba claro. El "caiga quien caiga" de Romy Rutherford era una realidad. Y creciendo.

En esa misma arista también han sido encausados otro general, Guillermo Porcile, y cinco coroneles: Sergio Vásquez Undurraga, Rodolfo Hidalgo Fariña, Iván Faber Navarro, Juan Cornejo de la Fuente y Fredis Jara.

Y a mediados de febrero vino el último remezón. El procesamiento al general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, excomandante en jefe entre 2010 y 2014.

¿Qué tan insólito es hasta ahora el cometido de Rutherford? Para otro penalista, Miguel Soto-Piñeiro, lo es más el tipo de causa que el conteo de bajas. "Lo que la jueza hace es lo que conlleva la investigación que realiza. Puede ser tan inusual como que sea la primera vez que se investiga con detención un determinado aspecto de la administración de los fondos militares", dice.

Y agrega que "al ser la primera vez, puede resultar sin antecedentes previos, y en ese sentido insual. Pero me parece que lo sea o no es relativamente irrelevante; lo relevante es que se esté investigando por primera vez la administración de dineros en el Ejército".

Para Zaliasnik, en cambio, "lo que pareciera indicar la forma en que la ministra Rutherford ha abordado las responsabilidades penales que ella vislumbra -no conozco los antecedentes-, indica que éstas parecieran estar en los altos oficiales. Puede que tenga que ver con que ellos son los que tienen acceso a los gastos reservados".

Y que "en lo de los pasajes, lo que debe ocurrir es que quienes hacen más uso de pasajes al extranjero financiados institucionalmente, otra vez, son oficiales superiores".

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