Más de 100 carpetas del archivo eclesiástico: La delicada "pesca" del fiscal Arias

Más de cien carpetas con información delicada para la Iglesia, además de archivos digitales, fue el resultado de la incautación ayer en la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) y del Tribunal Eclesiástico encabezada por el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, tras la detención del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, por abuso sexual y estupro reiterado contra menores de edad. Hoy el religioso fue formalizado y por orden del Tribunal de Garantía de Rancagua quedó en prisión preventiva.

Pero no fue el único logro del Ministerio Público. Si hace un mes, Arias consiguió acceso a la investigación eclesiástica en curso contra Muñoz Toledo, ahora amplió exponencialmente su rango de acción. La orden emanada de tribunales de Rancagua le permitió, según pudo confirmar La Tercera PM, acceder a todas las denuncias e investigaciones realizadas desde el año 2007 a la fecha iniciadas por delitos que afectan la integridad e indemnidad sexual de menores de edad –sea abuso sexual, violación, prostitución infantil, almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil-cometidos por miembros de la Arquidiócesis de Santiago, es decir, todos los religiosos de la Región Metropolitana.

Se trata, en suma, de todas las piezas de las investigaciones: las de denuncia, las de investigación previa, las investigaciones que fueron puestas en conocimiento de la Congregación para La Doctrina de la Fe y también las que pudieron terminar con sanciones canónicas, en cualquier formato en que se encuentren. Aquí, como es sabido, hay procesos que no llegaron a la justicia civil como el que se siguió contra el ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht sancionado en el año 2012 por el Vaticano luego de confirmar "conductas abusivas". Tras esto el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, determinó, mediante un decreto la prohibición absoluta de ejercer de manera pública el ministerio sacerdotal por cinco años. Este y otros casos podrían ser revisados ahora por el Ministerio Público.

De hecho, se analiza ampliar el equipo investigador de Carabineros que trabaja con Arias, pero la prioridad es mantener la confidencialidad del material requisado. Hoy, por ejemplo, durante la formalización no se dio lectura a los duros testimonios de las víctimas de Muñoz Toledo.

Los fundamentos para dar curso a este especie de "pesca de arrastre" de posibles abusadores, se sustentó en que la Fiscalía hizo hincapié en la existencia de un proceso de investigación de delitos por parte de la Iglesia Católica "de naturaleza paralela, autónoma y sin que se informen o denuncien delitos de acción penal pública de abusos sexuales cometidos contra menores se informen a los Tribunales, Fiscalía y/o a las Policías".

En esta línea, se enfatizó que la Fiscalía, que es el único órgano constitucionalmente mandatado para investigar, tomó conocimiento de que Muñoz Toledo enfrentaba acusaciones de abuso "por un comunicado de prensa y por haber incautado el expediente canónico de Muñoz".

"Sólo una incautación ha permitido no sólo investigar sino por sobre todo dar protección y atención a las víctimas que sufrieron abusos sexuales en la Región de O´Higgins", expuso el fiscal Arias en tribunales y acotó que hubo sucesivas negativas de la Iglesia Católica representada por la máxima autoridad de la Diócesis de dar a conocer de delitos cometidos contra de menores de edad. En el caso de Muñoz Toledo se recalcó que como Canciller del Arzobispado se encontraba a cargo de todos los archivos de la Diócesis y por él pasaban todos los decretos relativos, entre otros, a dar curso o desechar investigaciones canónicas por abuso sexual.

En este sentido, se pidió que se permitiera revisar si existen hechos constitutivos de delitos sexuales contra menores, eventualmente cometidos por sacerdotes de la Arquidiócesis de Santiago, "de igual o de peor gravedad que los cometidos por el sacerdote Oscar Muñoz Toledo".

Las víctimas de Muñoz Toledo están recibiendo contención por parte de la Fundación para la Confianza, que además podría brindarles apoyo legal.

En la audiencia de formalización de Toledo, quien se autodenunció en enero de este año luego de ser encarado por sus familiares por los delitos cometidos contra niños de su propio núcleo, Arias explicó que se está ante "víctimas todas menores de edad, son víctimas con inexperiencia sexual, son víctimas que fueron atacadas sexualmente en el domicilio del imputado, en el domicilio propio de las víctimas cuando estaban bajo el cuidado de éste, por la confianza que generó con las víctimas y con los padres de las víctimas. (O sea) son dos áreas de confianza, con los familiares y además utilizando su cargo de sacerdote en la Iglesia Católica. No es menor que se hayan cometido los delitos al interior de la Iglesia, al interior de casas parroquiales".

También asevero que el imputado, que arriesga una pena de entre dos años y un día y 15 años, usó una "clara manipulación psicológica y de abuso de conciencia en relación a las víctimas".

"El sujeto entra como guía espiritual en niños que se encuentran en plena etapa de formación, entra en su interior y los conduce a ser objeto del gravísimo delito de atentado sexual. En este caso, y recordando las palabras del Papa, se trata de víctimas a las que se les ha quitado su inocencia", dijo.

En cuanto al estupro, el persecutor detalló que se está ante una víctima "que es un fiel de la Iglesia, que se confiesa ante el mismo agresor sexual que lo convence de que los actos que está realizando no son contrarios a la sexualidad".