Moreno, el negociador: La agenda del ministro que contrapesa la mano dura de La Moneda en La Araucanía

Un discurso que tiene dos caras. Los últimos ataques incendiarios en La Araucanía revelaron nuevamente el  hincapié del gobierno en hacer ver que en la zona hay "conductas claramente terroristas" -como dijo el lunes el ministro del Interior, Andrés Chadwick-, mientras por otro carril el Ejecutivo avanza en conversaciones con actores de la región que incluyen, entre otros, a forestales y ex miembros de la Coordinadora Arauco Malleco.

Ello, a un mes del plazo que el Presidente Piñera dio al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, para la entrega del Plan de Desarrollo Regional de La Araucanía, el que contempla no sólo la inversión privada y en servicios públicos, sino también la concreción de un Acuerdo por la Paz y el Desarrollo. Este último -concretamente, el diálogo con actores y parlamentarios de la región- ha sido el leit motiv del ex canciller, quien ha visitado la región  cuatro veces y se apronta a ir nuevamente la próxima semana.

Según afirman en el Ejecutivo y parlamentarios de la zona, las dos caras de este discurso -"zanahoria y garrote", dicen algunos- forman parte de una estrategia de La Moneda, en la que se entrelazan la altísima votación que obtuvo Piñera para la presidencial de 2017 (un 62,4%) con un discurso enfocado en la seguridad, y el convencimiento de que, para solucionar el conflicto, se debe avanzar desde el punto de vista político.

"Hay que separar las cosas. Estratégicamente, cuando se juntan las cosas y hablas de los dos temas, estás infiriendo que el tema delictual tiene que ver exclusivamente con el tema mapuche, cosa que no es así. Por eso está bien la estrategia del Gobierno de que los temas de seguridad estén en Interior y, por otro, que los temas de cambio de ley, de institucionalidad, de conversaciones políticas estén en principio en el ministerio de Desarrollo Social", dice el diputado Evópoli y ex intendente Andrés Molina. "Eso, sin perjuicio de que los temas relevantes van a terminar en el ministerio del Interior y el Presidente. Pero en este camino de exploración tienen que estar separados", agrega.

Moreno, así, tiene a su cargo el avance del Plan Impulsa Araucanía (que coordina el intendente Luis Mayol) y, sobre todo, lo que se denomina "reconocimiento y valoración de la diversidad" y los "diálogos por la paz". Para lo primero, desde marzo se ha venido reuniendo con los parlamentarios de la zona para ver el espacio para realizar reformas legales clave, que incluyen el reconocimiento constitucional, nueva institucionalidad y un cambio a la ley Indígena en materia de tierras. Las citas han continuado de manera semanal, pero a nivel de asesores. Para lo segundo, desde el Ejecutivo preparan nuevas reuniones del ministro con distintos actores de la región, entre las cuales no se descartan otros encuentros con personas ligadas a la CAM, como lo hizo el 24 de junio con Víctor Ancalaf.

Un trabajo en el que participa el director de Conadi, Jorge Retamal; el asesor especial de Asuntos Indígenas, Andrés Cortés; y el jefe de gabinete de Moreno, Juan Pablo Longueira. También integran el equipo, de forma externa, el ex asesor especial Sebastián Donoso, y el director ejecutivo de la Fundación Aitué, Nicolás Figari, quien fue secretario ejecutivo de la mesa asesora sobre el tema que comandó el obispo Héctor Vargas y que oficia de puente con quienes participaron de esa iniciativa.

"Eso yo lo valoro; ha habido un esfuerzo real del ministro Moreno de acercarse a entender nuestra posición, y eso yo lo valoro", dice el diputado PPD por la zona, Ricardo Celis.

Sin embargo, en la oposición y en algunos sectores del mundo mapuche miran con desconfianza el discurso del gobierno. De hecho, el 4 de julio la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam), que reúne a nueve comunas, viajó a Santiago a reunirse con el ministro Chadwick para plantearle su "profunda diferencia en relación al Plan Impulso Araucanía y la política de criminalización hacia el pueblo mapuche".

"Nos preocupan las decisiones desacertadas que se están tomando desde Santiago en relación a nuestro pueblo. Por ejemplo, la instalación el pasado viernes del 'Comando Jungla', intentando replicar una trágica y fallida experiencia como la de Colombia", señalaron en una carta enviada al titular de Interior, recordando la última visita de Piñera a la zona.

Hace un mes, un grupo de parlamentarios de oposición le planteó a Moreno, en la sede del Senado en Valparaíso, que no veían con buenos ojos la estrategia de "cuerdas separadas" entre conflicto político y hechos de violencia. "El gobierno ha sido persistente en mantener una visión errada y no reconocer que este es un hecho político y no policial. Ese es el punto central de desacuerdo que hay en esta materia", afirma el diputado Celis. "Ante el conflicto político, el gobierno ha tenido actitud de garrote. Yo evalúo muy mal la foto del presidente con el 'Comando Jungla' detrás. Es una señal pésima para la Araucanía, tanto desde el punto de vista de la paz social como de las inversiones. Nadie va a ir a invertir a una región donde el Presidente tiene a sus espaldas un comando jungla", agrega.

En el gobierno se afirma que Moreno comparte la opinión de Piñera respecto de la relevancia que tiene el enfrentar la violencia en la región, pero que el ministro ha ido profundizando su mirada respecto de que se requiere una agenda de diálogo político con medidas concretas. Consultados en el ministerio de Desarrollo Social, declinaron entregar una versión al respecto.

De fondo, dos son las piedras de tope en las conversaciones entre oficialismo y oposición. La primera, la iniciativa establecida en el programa de gobierno de Piñera que pretende modificar la ley Indígena para reducir o eliminar las "prohibiciones de vender, hipotecar, arrendar, o disponer de sus tierras". Mientras Celis afirma que están en contra de flexibilizar el tema, el diputado Molina afirma que el gobierno no está por permitir la venta, cuestión que él pretende plantear en una indicación que abra la puerta a que sí se pueda realizar en zonas urbanas.

La segunda se trata sobre la eventual inclusión de representación especial de los pueblos indígenas en el Congreso. Si bien Piñera no ha estado de acuerdo, en general, con dar escaños reservados o cuotas, en Evópoli y la oposición respaldan dar algún tipo de salida al tema.

"Me gustaría que hubiera temas políticos más allá de lo que el gobierno está pensando, como participación política de los pueblos originarios. Tenemos que darles espacio, y estar tranquilos de que hemos hecho todos los esfuerzos para que no haya ninguna justificación alguna para la violencia. El estado ha violentado compromiso tras compromiso, y uno de esos compromisos ha sido la participación política", recalca Molina.

Sea lo que se resuelva hasta antes del 20 de agosto, cualquier cambio legislativo requerirá además un proceso de consulta indígena. Incluso, de los temas que hoy están sobre la mesa -como el reconocimiento constitucional- ya fueron aprobados en el marco de la consulta que se realizó para el proceso constituyente de 2017, lo que implica que el estado ya está comprometido en su concreción.