Paz social y razonabilidad

Nunca olvidaremos el estallido del 18 de octubre pasado: de golpe la paz social se desestabilizó y nuestras mentes recibieron de lleno su embestida. Fue como un crujido sordo acompañado de sirenas y helicópteros. De ahí en adelante hemos estado en un tobogán de emociones y sensaciones nefastas al ver incendios y saqueos: oscilamos entre la ansiedad, la angustia, la dificultad para concentrarnos y el miedo. Las marchas pacíficas nos sacan de esos estados, pues la alegría y la esperanza que irradian nos tranquiliza. Confirman que no estábamos adormecidos por los hechizos del consumo, el fútbol y el reggaetón, para decirlo de una manera un tanto pintoresca. Pero eso dura poco cuando el fuego y los balines vuelven a aparecer como si fueran la repetición de una mala noticia. Los días más calmados los vivimos en suspenso, pues sabemos que la violencia en cualquier momento podría prender.

Si la historia termina bien, cuánto valoraremos, cuánto cuidaremos la paz social en el futuro: hemos aprendido en carne propia que sin ella no es posible la paz mental. Sin esta última, la vida misma se vuelve una especie de carga fatigosa. Ojalá tampoco olvidemos que las reformas neoliberales a la chilena que se hicieron en la dictadura no sólo fueron injustas: eran una bomba de tiempo. La promesa del goteo no dio el ancho: muy pocos tienen mucho, muchos tienen muy poco. Desde la Antigüedad nos vienen advirtiendo del peligro que entrañan las plutocracias. En el mundo moderno eso ocurre cuando el poder económico se ubica por sobre el poder político. Corpesca dictó la Ley de Pesca. Una empresa de telecomunicaciones hizo lobby durante diez años para que no hubiera portabilidad numérica favoreciendo con ello exclusivamente a sus accionistas en desmedro de sus competidores y de toda persona que usara un celular para comunicarse.

El histórico acuerdo del jueves pasado al parecer ha descomprimido los ánimos; pero nadie ha querido cantar victoria y seguramente todos cruzamos los dedos para que la violencia descontrolada del martes 12 quede rápidamente atrás. La imagen de la iglesia de la Veracruz en llamas mostró que se había llegado demasiado lejos en este clima de venganza. Por eso cada día que pasa sin violencia es un día ganado. Ya que el Estado, por un sinnúmero de razones, se ha revelado incapaz de contener el vandalismo desatado, nadie podría descartar de plano que la situación, en principio, podría agravarse. Este pensamiento nadie quiere tenerlo, pues sabemos que un nuevo martes 12 significaría que el gran acuerdo constitucional habría tenido un efecto apaciguador puramente transitorio, por no decir nulo. La lectura de ese hecho llevaría a una conclusión muy compleja: aparentemente no estaríamos ante un problema político. ¿Cómo se podría arreglar algo así en el corto plazo?

La respuesta militar sería en extremo riesgosa: se multiplicarían en las calles -simbólicamente- los Catrillancas, pues se usarían balas de verdad y habrían cientos de celulares registrando eso que Thomas Hobbes llamó la guerra de todos contra todos. Tal escenario es impensable. También lo sería una movida política desesperada que sepultaría nuestra democracia: que Piñera renuncie, como si no fuera suficiente el acuerdo constitucional. Quienes piden su cabeza en las calles y en las redes no parecieran comprender lo que está en juego. Aunque uno no haya votado por él, ¿acaso no fue elegido por la mayoría de los chilenos que acudieron a las urnas?

Quizás sea la paz mental alterada lo que ha llevado a no pocas personas a confundir algo fundamental: que una cosa es comprender las causas de por qué ha estallado la violencia -abusos sistemáticos, desigualdad indignante, esperanzas defraudadas, baja movilidad social, segregación urbana a gran escala- y otra cosa es justificarla. Es sorprendente encontrarse con tantos jóvenes y líderes de toda naturaleza que den ese salto irracional sin amilanarse. No caen en la cuenta de que si alguien justifica la violencia podría en último término justificarlo todo. Bastaría con encontrar un objetivo justo. Son tantos, que no vale ni la pena consignar los más apremiantes. Acabar por esa vía con el neoliberalismo y su "codicia legalizada" -como decía un graffiti de la Alameda- podría tener un costo total: hundir el país que amamos. De eso hasta el más radical terminará arrepintiéndose.

Es cierto que no hay con quién sentarse a negociar hoy: las pulsiones violentas están completamente atomizadas. Un grupo de veinte personas puede incendiar la pradera con una facilidad nunca vista. Pero de ello no se concluye que todo ciudadano que cree que es posible sentarse a conversar, a llegar acuerdos, a argumentar, deba rendirse ante la estridente evidencia de que la violencia consigue "mover la aguja". Habrá que hacer un esfuerzo enorme para coronar exitosamente el proceso constituyente. Habrá que escuchar sin interrumpir al otro evitando pequeñeces y mezquindades, eliminar de plano los ataques personales cuando hay un desacuerdo, no distorsionar las posiciones ajenas para botarlas, hacernos cargo de las objeciones que levantan los demás cuando defendamos nuestro punto de vista, en fin, discutir dentro de los humildes márgenes de la razonabilidad. ¿Estaremos a la altura?