Por segunda vez en un siglo: Parlamento de Japón debate reforma de leyes de agresión sexual

Desde hace un tiempo, en Japón viene replanteándose las leyes relativas a los delitos sexuales. Uno de los últimos cambios, que se está discutiendo en el Parlamento japonés actualmente, es la redefinición del concepto de violación, que hasta el momento se centra en la violencia y no en la falta de consentimiento en el acto.

Hace poco, el país asiático subió la edad de consentimiento de los 13 a los 16 años, luego de décadas siendo la nación desarrollada con la edad más baja. Asimismo, se espera la luz verde a una ley que condene el “foto voyerismo”, o sea, la toma de fotos o videos no consentidos de actos sexuales o partes de una persona.

Con esta norma se apunta a prohibir que se filme a menores en “posiciones provocativas”, o como señala el texto, “en algún gesto sexual sin una razón justificable”.

A pesar de ser un país conocido por su seguridad y falta de criminalidad, Japón también tiene una desafortunada reputación en lo que tiene que ver con sus leyes en agresión sexual. Esto, partiendo por la edad de consentimiento, que desde inicios del siglo XX hasta hace pocos meses era de 13 años. Esto cambió en marzo de este año, cuando el Parlamento votó a favor de una ley que subía tal edad a 16.

Hasta entonces, bajo la ley japonesa, un individuo de 13 años era considerado “lo suficientemente mayor” como para consentir tener relaciones sexuales, un hecho que en casi todo el resto del mundo es considerado un delito.

Algunas partes del país ya habían intentado prohibir este tipo de situaciones, en lo que eran “leyes de comportamiento lascivo” en ordenanzas locales. De todos modos, las condenas por este tipo de actos con un menor de edad no llegaban a superar los dos años en prisión.

La ley, de todos modos, no pasó fácilmente en el Parlamento: hubo oposición de algunos diputados, como Hiranao Honda, de 58 años, que llegó a afirmar que “un individuo en sus 50 no debería ser penalizado por tener relaciones sexuales consensuales con alguien de 14 años”. Más tarde, retiró lo dicho y pidió disculpas.

Más allá de la discusión por la edad de consentimiento, ahora está en debate la definición del delito de violación. Se trata de apenas la segunda revisión de la ley en un siglo, apunta la BBC. Bajo la definición actual en Japón, un individuo que acuse a otro de este crimen no solo debe probarle “no consentimiento” del acto, sino también mostrar que se resistió con fuerza a que sucediera.

Esta resistencia podía ser moverse con fuerza, o gritar por ayuda, o intentar de cualquier manera liberarse del atacante. En resumen, si no había alguna de estas condiciones, el crimen sexual no sería considerado violación. BBC dio un ejemplo de esto con un caso de 2014 en Tokio, donde un hombre inmovilizó contra una pared a una muchacha de 15 años y la violó.

Aún cuando la muchacha opuso resistencia al hombre, la corte terminó señalando que no se había resistido lo suficiente como para que el acto calificara de violación. Esta manera de comprender la violación ignora completamente el hecho de que no todas las víctimas pelean o se resisten a la fuerza de sus atacantes, tanto por el shock del miedo o por el hecho de que la víctima esté en un estado que no se lo permita. Otro problema que trae esta lógica es que ignora el hecho de que no todos los crímenes sexuales o violaciones ocurren bajo una amenaza violenta.

Así, el actual concepto de violación que contempla la ley japonesa como una “relación sexual forzada”, con la reforma pasará a definirse como una “relación sexual no consensuada”. Al respecto, la BBC destaca que el concepto usado hoy en Japón no coincide con el de muchos otros países que definen el crimen de manera más amplia, como cualquier relación sexual o acto sexual no consentido, donde no significa no.

Además de la redefinición de violación, la nueva ley, aún en debate, describe ocho escenarios donde a la víctima se le dificulta el “formular, decir o expresar una intención de no consentir”. Entre estas situaciones está la intoxicación con alcohol o drogas, que la víctima esté bajo amenaza violenta, o también shockeada. Otro escenario hace referencia al abuso de poder, donde la víctima pueda estar “preocupada” por las consecuencias de la negación.

Más allá de la legalidad en los casos, la vergüenza social asociada a estos incidentes suele llevar a las víctimas de crímenes sexuales en Japón al silencio. Según Human Rights Watch, un 95% de los incidentes de violencia sexual no llega a las comisarías.

Un claro ejemplo de cómo Japón se enfrenta con el conocimiento de los crímenes sexuales es el fracaso que el movimiento #MeToo tuvo en el país, donde muchas de las víctimas que denunciaron abusos fueron condenadas por la opinión pública. Junto a esto, hubo una falta de acción legal aún después de las acusaciones.

El caso más icónico en esto fue el de Shiori Ito, una periodista que se convirtió en el rostro japonés del #MeToo en 2017, cuando acusó a su jefe de violación, terminando por ganar un juicio contra él. A pesar de eso, tuvo que soportar un severo acoso en línea e incidentes humillantes, como uno en el que se vio obligada a representar la terrible experiencia sexual por la que había pasado frente a un grupo de policías compuestos exclusivamente por hombres.

Tras la oleada de reacciones negativas, la afectada afirmó que Japón no tenía un verdadero #MeToo no porque las víctimas no den la cara, “sino porque la sociedad japonesa quiere que permanezcan en silencio”.