Diciembre suele ser un mes corto. Entre celebraciones y feriados, se nos pasa volando. Pero en esta época no solo vuelan los días; el presupuesto público también lo hace. En efecto, los organismos del Estado gastan en diciembre un 50% más que en un mes normal. ¿Cuál es el motivo? No es que este sea un mes en el que se demande una mayor cantidad de servicios públicos, sino que la razón resulta mucho más absurda, debiéndose a una lógica que se reitera una y otra vez dentro del aparato estatal.
La realidad es que cuando una institución pública no gasta la totalidad de su presupuesto anual, se ve expuesta a sufrir recortes para el próximo año o, por lo menos, a que sea mucho menos probable que este aumente. De ahí que estos organismos, a fin de año, todos los años, se encarguen de gastar absolutamente todos los recursos que les restan. Tal utilización conlleva un problema en la manera de repartir los recursos estatales, la que no responde a una lógica que apunte a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, sino que es más bien el resultado de un incentivo perverso, generado por un diseño inadecuado del presupuesto público. Como producto de esta dinámica, cada mes se pierden más de 286 mil millones debido a la ineficiencia pública (BID 2018).
Como correlato, más del 21% del presupuesto se destina a funcionarios públicos, siendo sus sueldos casi un tercio mayores a los del sector privado. Sin embargo, esto no se debe a que los servicios proveídos por el Estado sean de mayor calidad. Pensemos, por ejemplo, que el presupuesto en salud ha aumentado cerca del 50% en los últimos 5 años, mientras que las listas de espera han subido a casi 2 millones de personas. Como nuestro ejemplo ilustra claramente, la cantidad de dinero gastado no asegura calidad, ni mucho menos eficiencia y bienestar.
Bienvenidos los acuerdos por un mejor Chile, pero se extraña uno que acate la urgencia por la modernización integral del Estado más allá de la reforma de un sector en particular, como el reciente anuncio de Fonasa. Este nuevo año nos otorga la oportunidad de repensar el presupuesto público desde cero. En un momento donde nuestro objetivo común es disminuir las desigualdades injustificadas y responder a las demandas de la ciudadanía, debemos analizar la efectividad con la que el Estado gasta sus recursos, así como también si la dinámica laboral dentro de su aparataje es meritocrática. Sería una irresponsabilidad inyectar más recursos si no estamos seguros de que se estén invirtiendo eficientemente. Para ello, se debe llevar a cabo una reingeniería presupuestaria para el 2020. Hoy, más que nunca, es crucial no solo buscar las formas de retomar el crecimiento económico, sino que también examinar con audacia el presupuesto para poder afrontar eficazmente el estallido social y no seguir repitiendo los mismos errores.