Proyecto de delitos ambientales propone exigir responsabilidad penal a empresas

Este lunes a las 10:30 horas en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera, junto a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentará oficialmente el proyecto de Delitos Ambientales.

La iniciativa que cobró relevancia en medio de la crisis ambiental por los episodios de contaminación en la bahía de Quintero, propone por primera vez exigir ante tribunales la responsabilidad de personas jurídicas (empresas) por acciones contrarias al medio ambiente.

"Hoy queda de manifiesto que la actual legislación penal es insuficiente para sancionar las conductas que afectan gravemente a nuestro medio ambiente", sostiene el borrador del mensaje del proyecto de ley, al que tuvo acceso La Tercera PM.

El documento establece tres tipos de delitos. El primero está vinculado a la gravedad. El segundo tiene que ver con la protección del sistema de evaluación y fiscalización ambiental. Mientras que en un tercer grupo se encuentran aquellos calificados como especiales. Se trata de acciones y conductas que hoy no son perseguidas y sancionadas penalmente y que, por la magnitud de las consecuencias ambientales, requieren una reacción y castigo especial por parte de nuestra legislación.

Hoy en Chile existe un sistema sancionatorio que es liderado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que sanciona a empresas que cometen infracciones ambientales. Por ende con el proyecto de ley lo que viene es un segundo sistema sancionatorio para casos de grave afectación ambiental. Por lo mismo, se complementará una sanción administrativa y una sanción criminal, siendo multas básicamente.

Sin embargo,  "nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con normas como las previstas en el derecho comparado, que castiguen la afectación grave del medio ambiente producto de un actuar negligente o imprudente", consignó el escrito.

A ello  se suma que el proyecto establece igualmente tipos penales para proteger la integridad del sistema de evaluación ambiental y el sistema de fiscalización ambiental. De hecho, según el documento existe un tipo penal que sanciona la incorporación de antecedentes falsos proceso de evaluación ambiental o fiscalización. También se establece una sanción criminal particularmente a quienes impidan la labor de fiscalización de la SMA.

En el tercer grupo de delitos se encuentran el derrame de petróleo o sus derivados. Hoy los derrames son sancionados con multa impuesta por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) y, en caso que haya daño ambiental, puede ser perseguido a través de la acción de reparación por daño ambiental.

"Proponemos que los derrames superiores a 5 metros cúbicos o 5.000 litros sean considerados como una conducta penalmente punible, ya que revisten un peligro grave de daño ambiental", consignó el documento.

A dicho delito se suma el depósito sin autorización de Proponemos que los derrames superiores a 5 metros cúbicos o 5.000 litros sean considerados como una conducta penalmente punible, ya que revisten un peligro grave de daño ambiental.

"El manejo no autorizado de sustancias peligrosas, combustibles, residuos peligrosos y los residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) genera riesgos ambientales importantes debido a la complejidad del tipo de sustancias y residuos, por lo que debe ser sancionado", sostuvo el documento.

Por último, el proyecto consideró como delito la extracción ilegal de áridos desde bienes fiscales o bienes nacionales de uso público tiene graves efectos ambientales, produciendo especial daño en el cauce de los ríos, con el riesgo de derrumbes e inundaciones que ello lleva aparejado. "Se propone sancionar dicha conducta con una pena corporal y multa. Además, en caso que se utilicen vehículos motorizados para cometer el delito, se podrá imponer también sanciones accesorias".

Si bien la iniciativa avanza en incorporar un catálogo de delitos acotados, también tendría aspectos que generarían más de una divergencia a la hora de ser discutido en el Congreso.

En efecto, el proyecto propone el inicio de la investigación criminal a que el superintendente del Medio Ambiente presente una querella o denuncia una vez que el tribunal ambiental haya declarado un daño ambiental. Eso hace que la acción penal, finalmente, se ejerza hasta tres o cuatro años después de que el hecho haya ocurrido.

Por otro lado, el proyecto que incluye diversas mociones parlamentarias,exime de responsabilidad a quienes se auto denuncien, -bajo la lógica de una delación compensada-, y tras presentar un plan de reparación de daño ambiental.

La elaboración del proyecto contó los comentarios del "Ministerio Público, de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y de destacados juristas en el ámbito penal y ambiental, como Jean Pierre Matus, Pablo Ortiz, María Cecilia Ramírez, Tomás Darricades, Jorge Femenías y Marcelo Castillo, entre otros".

"El estatuto debe permitir el desarrollo sustentable de la industria en Chile y, por otro lado, la presencia de un régimen administrativo robusto y con competencias que tengan sentido, porque el riesgo es que estableciendo delitos penales. La administración de la superintendencia y sus funcionarios sean reemplazados por el Ministerio Público y por policías", sostuvo Tomás Darricades, abogado asociado de Carey.

"Sin duda este proyecto constituye un aporte en la protección del medio ambiente, el desafío que queda por delante es el lograr una adecuada coordinación de los diversos órganos del Estado en el cumplimiento de esta labor", agregó Pablo Ortiz, socio de VGC abogados.

Por su parte, el penalista Jean Pierre Matus destaca la gestión de la ministra Schmidt, "que ha tomado esto en serio y ha hecho todas las negociaciones políticas con el apoyo del Presidente para que se pueda empezar a tramitar un proyecto en el que todos los parlamentarios en general están de acuerdo".