El proyecto de ley que restringía beneficios carcelarios que el gobierno de Bachelet mandó a última hora

Ingresó al Congreso el 16 de enero de este año, menos de diez días antes de que los parlamentarios cerraran por fuera y entraran a receso veraniego hasta el 11 de marzo.  Era un proyecto de ley que modificaba varias normas en materia de libertades condicionales, pero que además distinguía a los condenados por crímenes de lesa humanidad, a los cuales les imponía requisitos específicos para obtener la condicional, el indulto presidencial, los permisos de salida y otros beneficios penitenciarios.

Sólo podían acceder a todo esto, por ejemplo, si acreditaban "la atenuante de confesión espontánea o la de colaboración sustancial"; si "han aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento, en causas criminales por delitos de la misma naturaleza".

Además -dice el proyecto, registrado en la base de datos del Legislativo con el número de boletín 11.569-07- que también se exigirá que "los condenados suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares".

En simple, la ley habría impedido que los ministros de la Corte Suprema que hoy están a punto de ser acusados constitiucionalmente les concediesen la libertad condicional a siete de condenados por crímenes cometidos en dictadura. Sobre todo porque los informes sicológicos de Gendarmería en los que se basó la decisión dejaban claro que jamás se arrepintieron de nada.

Pero habiendo ingresado casi en los créditos finales del gobierno de Michelle Bachelet (el Congreso sesionó por última vez el 25 de enero y sólo volvió a hacerlo para el cambio de mando), el proyecto no avanzó. Uno de los firmantes del mismo, el ex ministro de Justicia Jaime Campos, dice hoy a La Tercera PM que tenía el texto listo "en junio o julio del 2017", y que durante meses el Ministerio Secretaría General de la Presidencia le dijo que no podía enviarse antes por problemas "de agenda legisltativa", y que por eso entró a última hora.

Dos meses después, en marzo, Campos se enfrentaría a la ex Presidena al negarse a cerrar el Penal de Punta Peuco, un episodio que ensombreció el fin de dicho gobierno y que dejó durante meses un sabor amargo en la izquierda. El ministro recibió el rechazo de sus ex pares en el gabinete después de eso.

La Segpres de la época contesta que el trabajo prelegislativo del proyecto era muy largo y que efectivamente tardó esos meses, pero en un proceso que todos los ministerios conocían. Y que si bien la agenda estaba recargada, no fue el único argumento que le dieron al entonces titular de Justicia para no enviarlo antes.

Campos asegura que "lo que gatilló este proyecto que los tribunales estaban otorgando este tipo de beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Hubo dos casos emblemáticos para mí: cuando se los otorgaron al autor material y condenado a presidio perpetuo por la muerte de Parada, Guerrero y Nattino. Y cuando se los dieron al condenado por la muerte del carpintero Juan Alegría, homicidio con que se trató de ocultar el crimen de don Tucapel Jiménez. Había además otros seis o siete fallos en el mismo sentido".

Según él, eso demostró que había "un forado en la legislación que permite que estas personas accedan a estos beneficios, y esto sólo se podía corregir por la vía legislativa. Trabajamos algunos meses en el proyecto para impedir que eso continuara sucediendo. Según la Segpres, el proyecto no puedo ingresar por razones de agenda legislativa".

-¿Cuántas veces trató con la Segpres el envío del proyecto?

-Varias veces. Durante todo el segundo semestre del 2017 lo conversé con la Segpres.

-¿Quiénes estaban al tanto?

-Todo el mundo estaba enterado de este proyecto. En el ministerio de Justicia el subsecretario lo conocía, pero este proyecto lo manejé solo con los asesores del ministerio. Y la Presidenta de la República también estaba en conocimiento de este proyecto.

-¿Cuántas veces trató este proyecto con la Presidenta?

-A ver, no revelo mis conversaciones con la Presidenta, pero estaba enterada.

-¿Ella le dijo que por razones de agenda legislativa no lo enviara sino hasta enero?

-No, no, no. Eso lo maneja la Segpres.

-¿Le dieron otra explicación además de agenda legislativa?

-No, no, no.

-¿Cree que hay otra razón o no?

-Esa es la razón que me dieron y tengo que creerla, pues hombre.

-Llama la atención que un proyecto así lo hayan enviado a última hora, casi para que no se tramitara. Un par de meses después vino el episodio del fallido cierre de Punta Peuco. ¿No son hechos relacionados?

-No sé. Son especulaciones. No vinculo una cosa con la otra.

-Jorge Correa Sutil dijo hoy que el abandono de deberes no era de los jueces sino de los legisladores, que no normaron este tema.

-Estoy absolutamente de acuerdo con él. Es un problema de la ley y los llamados a modificarla es el Poder Legisaltivo, colegislador con el Ejecutivo. Son ellos los que están en mora.

-Pero según su relato acá sería el Ejecutivo el que faltó a sus deberes si envió el proyecto a última hora.

-Te estoy diciendo: los responsables de la situación actual son el Legislativo y el Parlamento. Esto también pudo haber sido iniciativa parlamentaria.

-Usted ya se enfrentó con la ex Presidenta Bachelet por haberse negado a cerrar Punta Peuco. Esto parece un nuevo round entre los dos.

-No, no, ¿qué round va a haber? ¡No tengo ningún round con la Presidenta! Estoy señalando sólo hechos, en ese proyecto está la respuesta: si se hubiese modificado la legislación chilena sobre esto, esta discusión no existiría hoy.

-¿Y la acusación a los supremos le parece seria?

-La encuentro infundada, no tiene ningún sustento legal ni constituicional. Es un error grave: implica un quebrantamiento del Estado de Derecho.

-Pero usted, cuando era diputado, votó a favor de la acusación constitucional que destituyó al ministro de la Suprema Hernán Cereceda en 1992. Acusó duramente a Cereceda y lo calificó de ser "el prototipo del juez venal". ¿Por qué no sacó entonces el argumento del Estado de Derecho?

-Sí. Acá los fundamentos son diferentes: ahora se basaría en el contenido y mérito de los fallos, y en eso los otros no pueden pronunciarse. Entonces no fue por el contenido del fallo: una de las obligaciones de los jueces es fallar oportunamente.

El entonces ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente, hoy es uno de los abogados que analiza la acusación constitucional contra los ex ministros. Cuenta que "todos los ex ministros y ex ministras saben que pueden elaborar sus proyectos cuando cuentan con el beneplácito de la Presidenta" y que luego tienen que trabajar el proyecto con la Segpres, que es lo que se hizo acá.

"Eso demora, no se hace de un día para otro, más aún cuando hay agendas legislativas priorizadas. Es lento y todo lo saben", advierte. Y añade que tuvo que tener "un prelegislativo largo, con consultas a derecho comparado, juristas, agrupaciones, y eso también demora".

Pero De la Fuente también advierte que "hay una iniciativa parlamentaria de modificación de un decreto de ley que establece los beneficios de la libertad condicional, que llegó a una comisión mixta en diciembre de 2016". Y cuenta que "esa comisión mixta no alcanzó a funcionar, y hoy se está reactivando, porque entonces asumió el ministro Campos, y dijo que se iba a abocar a proponer este proyecto".

-Resumiendo: ¿el proyecto no se quiso enviar antes o no se pudo enviar antes?

-No se pudo. Los ministros hacen su tarea interna y luego lo envían al ministro de la Segpres éste consulta con la Presidenta y el Comité Político, y ahí se da el vamos para que se formen los equipos. Es un trabajo lento, la Segpres es una sola.