Quiénes vinieron y cómo trabajaron en Chile: El manual de los cuatro organismos que investigan denuncias sobre DD.HH.

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Desde el estallido social del 18 de octubre se han desplegado en el país cuatro órganos internacionales para verificar las denuncias de violaciones a los derechos humano: Human Rights Watch, la CIDH, Amnistía Internacional y la oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU que encabeza la ex presidenta Michelle Bachelet.


A 39 días del estallido de la crisis social, ya han sido cuatro las organizaciones internacionales que visitaron el país para investigar las distintas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Desde el 28 de octubre, Chile ha recibido misiones de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch. Dos de ellas, Amnistía y HRW, ya entregaron los informes con sus conclusiones.

En el reporte entregado hoy -elaborado en base a investigaciones de la organización desde el 11 de noviembre-, Human Rights Watch consignó que miembros de Carabineros cometieron "graves violaciones a los DD.HH." que incluyen "uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones".

El organismo también hizo un llamado a reformar la policía, entregó recomendaciones orientadas a prevenir abusos por parte de los uniformados y para fortalecer los mecanismos de supervisión.

Hasta la fecha de cierre de esta edición, el Ejecutivo no se había pronunciado respecto de las conclusiones del reporte.

Sin embargo, la semana pasada el gobierno rechazó el documento entregado por Amnistía Internacional, en donde se afirmaba que Carabineros y el Ejército habían realizado "ataques generalizados en contra de la población, usando la fuera de forma innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica".

Según la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, el reporte "sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos".

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