La Tercera

Rector Aldo Valle se suma a una salida constituyente: “No puede ser que una minoría privilegiada en el Parlamento se imponga sobre el proceso democrático”

Para Aldo Valle, la legitimidad del sistema debe darla la ciudadanía.

El académico plantea que solo la Asamblea Constituyente permitirá que la ciudadanía valide el sistema político y que se dé gobernabilidad al país. Además, dispara contra el Tribunal Constitucional, por jugar a “determinar el alcance” de la actual Carta Magna.

La crisis social y política abrió un debate sobre si se necesita una nueva Constitución. Y sobre cómo escribirla. A las voces de quienes en el Congreso piden abrir esa vía, se sumó hace unos días el vocero de la Corte Suprema, quien dijo que el país debería abocarse a tener una nueva Carta Magna. Y esta idea también resuena entre las autoridades universitarias.

Ese es el caso del rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, quien también es vicepresidente del Consejo de Rectores, y para quien la Asamblea Constituyente (AC) es el único camino no solo para atacar la desigualdad, sino que también para legitimar a las instituciones y permitir la gobernabilidad.

 

¿Qué análisis hace sobre la falta de legitimidad del mundo político?

Es evidente que hay una pérdida de legitimación del sistema político y del orden social. Perdieron la confianza de amplios sectores de la sociedad, lo que da lugar a una crisis de gobernabilidad, y lo que corresponde es que el sistema político reaccione, buscando revalidar esa legitimación, porque si no recupera eso, no reestablecerá el orden público, condición básica para que convivamos.

¿Y cómo se puede relegitimar?

La validación debe consistir también en una decisión de la ciudadanía, de modo que la disputa política que acontece al interior del sistema sea resuelta por ese tercero que es la comunidad de ciudadanos. Y eso quiere decir que las autoridades deben hacer una reforma constitucional. El Presidente y el Congreso tienen la facultad de proponer una reforma a la Constitución, que habilite a su vez la elección de una Asamblea Constituyente (AC), que dé lugar a una nueva Constitución para refundar y reestablecer la legitimación social del sistema político en su conjunto. Porque se cuestiona al conjunto, con el Congreso, el Poder Ejecutivo, pero también el Tribunal Constitucional, que ejerce un poder constituyente al interpretar la Constitución y determinar su alcance.

¿La AC es la única salida para la crisis?

Por lo que se ve hasta ahora. Es evidente que al interior del sistema político hay una disputa, en el sentido de no reconocer con la misma validez a la actual Constitución, a efectos de permitir una solución política como la que se requiere. Las demandas sociales no son independientes de la estructura constitucional. Un buen ejemplo de eso es cómo los proyectos de ley para mejorar regulaciones del orden público económico, en favor de los destinatarios de los servicios públicos, se encuentran con una interpretación que hace el TC que suele coincidir en que no se permite la mejora de las instituciones en favor de las personas, sino más bien en favor de grupos económicos.

¿Cree que hay disposición política para avanzar a una AC?

No aprecio esa disposición política en todos los partidos. Y es bien importante advertir que un proyecto de reforma constitucional depende de la voluntad política que tenga la minoría parlamentaria para aprobar una reforma constitucional, porque se requieren dos tercios para aprobar esa modificación. Se requiere de un consenso muy amplio y perfectamente el sector que constituye esa minoría parlamentaria podría ampararse en ese privilegio que le otorga la Constitución y obstaculizar un cambio.

¿Una AC quedaría por sobre las actuales autoridades?

En una AC, el actual sistema político y sus instituciones, como el Poder Ejecutivo y el Congreso, puede seguir funcionando según la institucionalidad vigente, y este otro proceso acontecer y desarrollarse en paralelo, de modo que no se ponga en riesgo una invasión de atribuciones. Por lo mismo, es compatible tener una AC y que el país funcione con su institucionalidad. La AC no pondría en riesgo el estado de derecho que nos rige actualmente.

¿Qué rol tendrían las universidades en una AC?

Las universidades deben ser espacios de deliberación pública, porque son comunidades educativas, es decir, formadoras de profesionales y ciudadanos. Deben dar lugar a procesos de reflexión, de forma institucional. No los estudiantes y los académicos cada uno por su lado, sino que en un encuentro de comunidad. Eso ha de tener un impacto favorable para el sistema cultural del país.

¿Propondrá esto en el Consejo de Rectores? Es decir, que las universidades impulsen el proceso constituyente

A las universidades no les corresponde jugar un rol político en el sistema social. Les corresponde llevar adelante procesos de activación cultural e intelectual de la sociedad, y aportar con ideas y conocimiento para que la comunidad política pueda concurrir a procesos democráticos. No se trata de imponerle a los demás ninguna institucionalidad determinada, sino simplemente de generar los procedimientos para que la comunidad valide o modifique lo que existe. Pero no puede ser es que una minoría privilegiada en el Parlamento se imponga sobre el proceso democrático y el valor y virtud democrática en el país.