Sergio Micco, un año después: “El Instituto cree que hay responsabilidades que van más allá de lo individual”

15.10.2020 ENTREVISTA A SERGIO MICCO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS FOTO: JUAN FARIAS

A más de un año de haber asumido en su cargo y a días del aniversario del 18-O, el director del INDH aborda la situación de los derechos humanos en el país. Reconoce ciertos errores por parte del organismo, se refiere al rol de Carabineros y analiza de qué forma poder salir de lo que él llama un "círculo infernal" de violencia. "El derecho a reunión se ejerce pacíficamente. Eso también hay que repetirlo una y mil veces", asegura.




Al abogado Sergio Micco le tocó asumir a finales de julio de 2019 la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Lo hizo en medio de polémicas y reparos. Pese a eso, logró reemplazar a la cuestionada exdirectora Consuelo Contreras. Y sin siquiera imaginarlo, casi tres meses después el escenario se le dio vuelta. “Si tú me hubieses dicho el 16 de octubre que dos días después íbamos a estar en un estado de excepción constitucional, que iban a haber militares en la calle, yo te habría dicho que estás loco”, afirma hoy, a días de que se cumpla un año del 18-O.

Luego, como si eso no bastara, vino la pandemia. Por eso, a poco más de un año de haber asumido como director, reconoce que ha tenido que ser “extraordinariamente humilde”. Y cuando se le pregunta por cómo evalúa estos meses como timonel del organismo responde: “Lo evalúo como extraordinariamente difícil e impensadamente realizado”.

Su mandato no ha estado libre de complejidades. Él mismo reconoce errores, como por ejemplo que el consejo no ha logrado ser lo suficientemente cohesionado y que hubo un minuto “en que la polarización y la crisis de las instituciones nos llegó adentro y ahí, valorando mucho la deliberación y la discusión, pudimos haber graduado más nuestros conflictos”.

Y agrega otro. Relata que en un momento recibieron un “aluvión" de 9 mil denuncias y que eso los llevó a tener que hacerse cargo de expectativas que a veces se escapaban de su rol: “Se nos terminaba identificando y jugando un rol que nosotros no podemos jugar”.

Hoy el INDH presentó un balance a un año de la crisis social del 18-O. En este último catastro se revela que de las 2.520 querellas ingresadas, nueve de cada diez —2.340— fueron en contra de Carabineros. En conversación con La Tercera PM Micco profundiza en la situación del país, se refiere a las responsabilidades institucionales, al rol de la policía uniformada y también a la salida que ve para ponerle fin a la violencia.

En relación con las expectativas, ¿cree que quizá en ciertas circunstancias se han adelantado en los juicios y han jugado este rol de investigadores o juzgadores? Se lo pregunto específicamente por lo que pasó en estación Metro Baquedano.

Lo increíble de lo que pasó en la estación Baquedano es que yo te ruego que busques un tuit o alguna información en que el Instituto haya dicho que había un centro de tortura. Te ruego que veas si dentro de las 2.520 querellas nosotros presentamos una querella por una víctima de un centro de tortura en Plaza Baquedano. Nosotros le mandamos un oficio al ministro del Interior, que hasta el día de hoy no nos ha contestado, en el que pedimos que nos digan dónde y en qué lugar nosotros afirmamos lo que se nos dice. A propósito de las expectativas, nosotros recibimos 9 mil denuncias que se transformaron en 2.520 querellas, es decir, no en toda denuncia llegamos a la convicción de que se había cometido violación a los derechos humanos. Lo que hacemos es presentar querellas, pero quien investiga, quien resuelve, son los tribunales de justicia, no nosotros.

Esta semana se presentó nuevo informe de Amnistía Internacional. En este nuevo reporte la ONG concluye que por parte de Carabineros existe “una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes". ¿Comparte esa conclusión?

Como Instituto unánimemente hemos dicho que estamos ante graves violaciones a los derechos humanos, las más graves violaciones a los derechos humanos que se han producido desde el retorno a la democracia. La unanimidad del consejo ha dicho que hay actos que se han reiterado en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que yo te diría. Para nosotros lo relevante es si en Chile va a haber o no va haber impunidad, si las víctimas de las violaciones a los derechos humanos van a lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Amnistía Internacional también pidió a la fiscalía que investigue al alto mando de Carabineros por su eventual responsabilidad en la violación a los derechos humanos. ¿Se sumaría a un llamado así?

Hemos dicho que evidentemente hay una responsabilidad de las autoridades políticas. En democracia permitimos que Carabineros tuviera una autonomía completamente indebida. Eso nos cobró la cuenta a partir del 18 de octubre. Sí creemos que claramente hay responsabilidades políticas dentro del Estado de Chile. Por lo mismo también hay responsabilidad administrativa clarísima que se está haciendo efectiva a través de sumarios. También hay responsabilidades de orden civil, que son distintas a las penales. Podemos llegar a la conclusión de decir “mire no sabemos qué carabinero fue el que percutó, pero sí sabemos que los perdigones eran de una escopeta antidisturbios de Carabineros”. Por lo tanto hay una responsabilidad estatal que se puede hacer efectiva civilmente. Entonces yo diría sí, el Instituto cree que hay responsabilidades que van más allá de lo individual y quien debe determinar eso es la Contraloría, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional y perdón, el propio Presidente de la República. Cuando le pide una renuncia a un ministro es una forma de hacer efectiva la responsabilidad política.

Pero cuando habla de responsabilidades institucionales, eso puede derivar de cierta forma en el clásico de que como todos somos responsables, entonces no es ninguno.

Tienes razón en eso, en que hay un enorme debate hasta el día de hoy sobre qué entendemos por ser responsable de las violaciones a los derechos humanos. Evidentemente, y te insisto, hay responsabilidades individuales de quien percutió, pero también hay responsabilidades de quien debió fiscalizar ese acto. Ahí hay graduaciones que nosotros lo que pedimos es que se investiguen.

Usted en una respuesta anterior decía que las vulneraciones son reiterativas. ¿Cuál es el análisis y la explicación que hace usted para que a un año del 18-O esto siga siendo reiterativo?

Que se sigan cometiendo actos tan graves, como la reacción posterior de Carabineros en el horror de Pío Nono, demuestra que estamos frente a una crisis integral. Acá hay algo en la doctrina de Carabineros que tiene que ser revisada, hay algo en la estructura orgánica de Carabineros que tiene que ser revisada. Hay algo en la cultura interna que genera estas reacciones corporativas. Hay algo en la capacitación de Carabineros, por mucho que se cambien los protocolos, que no funciona. Evidentemente que hay un problema en la selección, ascenso y retiro de Carabineros en lo que dice con el enfoque de derechos humanos. Hay problemas estructurales. Para que estas cosas no vuelvan nunca más a ocurrir y miremos el futuro hay que hacer la reforma integral a Carabineros.

Hoy presentó un nuevo balance, ¿cómo ve el avance en las investigaciones y la cantidad de formalizados?

Tenemos 2.520 querellas presentadas y formalizados van 31. Un año después es un número de formalizados extraordinariamente pequeño. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo te diría porque las investigaciones y sanción de los delitos contra los derechos humanos es muy compleja. Antes del 18 de octubre concluir una querella por violación a los derechos humanos tomaba 551 días, eran 150 días más que un delito común. Son más complejas. También está la cantidad, es decir, la fiscalía tuvo que hacerse cargo de 8.800 nuevas denuncias por violencia institucional. En tercer lugar está la pandemia.

Hasta ahora se han presentado cinco informes internacionales que constatan eventuales vulneraciones a los derechos humanos. ¿Cómo evalúa la reacción del gobierno ante estas constataciones? Sus respuestas han sido bastante similares y los han rechazado.

Todos los informes internacionales han cumplido una función muy positiva porque han hecho ver con mucha más claridad lo que está ocurriendo en Chile y evidentemente han movilizado al Estado, a la sociedad chilena y en particular al Ejecutivo. Se han hecho cosas por parte del Estado de Chile, pero son dolorosamente insuficientes. Los informes internacionales y el del INDH han permitido que se sepa la verdad y ha presionado al Estado de Chile para hacer cambios.

Hace unos días el general director Mario Rozas deslizó una crítica a la fiscalía por el hecho de no avanzar igual de rápido en las causas de ataques contra carabineros. ¿Siente que la fiscalía investiga más rápido las causas por violación a los derechos humanos que aquellas en que funcionarios policiales han sido víctimas?

Mi primera reflexión es que si el general Rozas tiene su opinión, se la tiene que hacer ver a través del Ministerio del Interior. Me parece muy grave que personas que están encargadas del orden público estén emitiendo ese tipo de opiniones. Sin embargo las cifras demuestran que hay más de 17 mil formalizados por violencia particular. Son personas que fueron halladas cometiendo delitos en estado de flagrancia, entonces uno no puede decir que hay un especial avance en materia de derechos humanos y no en la violencia de particular cuando se ejerce contra Carabineros.

¿Le preocupa la situación de la violencia y el orden público? Hemos visto cómo se han reactivado las manifestaciones en plaza Baquedano, en el Metro Plaza de Puente Alto y los ataques a la Subcomisaría de Peñalolén.

Desde una perspectiva de los derechos humanos, el derecho a reunión se ejerce pacíficamente. Eso también hay que repetirlo una y mil veces. Hay puntos del país en que se repite una y mil veces este fenómeno: violencia y violación a los derechos humanos. Ahí estamos metidos en un círculo infernal que, entre otras cosas, la reforma integral de Carabineros nos va a permitir superar.

¿Ve una salida?

En eso yo me pregunto cómo evitar que se asocie derechos humanos a un conflicto agudo entre chilenos y chilenas. Nosotros estamos por el reencuentro democrático de todos en torno a los derechos humanos. Eso debiera ser parte de una causa común, de una cultura nacional, de un proyecto político que debiera expresarse en la carta fundamental de Chile. Es posible el reencuentro democrático de los chilenos, superar esta herida que se abrió tan dramáticamente el 18 de octubre. Pero para eso hay que transitar el camino de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es un camino de futuro doloroso, pero que nos va a abrir a otro futuro.

¿Cómo lograr eso en este ambiente tan crispado y polarizado?

Escuchando a las víctimas. Cuando se escucha a las víctimas, las diferencias políticas empiezan a desaparecer. Cuando escuchas el horror de un relato, todos los corazones empiezan a ablandarse y las divisiones ideológicas y políticas más rígidas empiezan a desaparecer. En segundo lugar, con diálogo. ¿Por qué no el gesto de acercarse a las víctimas y pedir perdón? ¿Es necesario esperar a que hayan sentencias judiciales para hacerlo? Esos gestos tan concretos pueden permitir salir de este clima crispado y de polarización.

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