Supremos vs. ministro Larraín: apuntan al gobierno por dificultades para el acceso a justicia en pandemia

En una resolución del pleno del máximo tribunal del país, los ministros Sergio Muñoz y Manuel Valderrama -quienes integran la comisión creada por el Poder Judicial para enfrentar el retorno a la normalidad de los tribunales- calificaron de "inaceptable" que el secretario de Estado les citara leyes en una nota que les envió. "No es a la Corte Suprema a quien se le deben recordar preceptos legales, es tal autoridad la que debe cooperar en la tarea de proporcionar una pronta y cumplida administración de justicia a los habitantes de la República", dijeron respecto de las medidas de suspensión de todos los probatorios impulsados por el Ejecutivo en medio de la pandemia. Asimismo, se acordó representar la molestia ante el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, por "falta de deferencia" ante sucesivas postergaciones de reuniones.




Hace tiempo que no existía un intercambio tan tenso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Así al menos se comenta en los pasillos del palacio que alberga a la Corte Suprema, el que está casi vacío debido al funcionamiento remoto de tribunales, a causa de la pandemia.

Ante los buenos números que está mostrando el Covid-19 en el país, y la finalización en septiembre del estado de excepción constitucional, los ministros ya alistan el “regreso a la normalidad”. Y son precisamente estas gestiones las que han llevado a un clima enrarecido con el gobierno: así lo plantearon este miércoles al menos dos supremos, en una dura resolución.

El pleno del máximo tribunal revisó una comunicación formal del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y los avances de la comisión creada para enfrentar el retorno a la presencialidad, instancia que integra el expresidente de la Suprema, Sergio Muñoz, y los ministros Manuel Valderrama y Gloria Ana Chevesich.

En la instancia se dio cuenta de las gestiones que se han realizado y la cooperación que se le ha solicitado al Ejecutivo “para hacer frente a la sobrecarga de trabajo”. Esto último tiene su origen en la ley que permitió suspender miles de audiencias probatorias durante la pandemia, con el propósito de no afectar los derechos de las partes en los juicios de diversa índole, pero que, a su vez, provocó un atochamiento histórico de causas en tribunales. En esa línea, el máximo tribunal ha solicitado la creación de 310 cargos de jueces para enfrentar lo que se viene.

Fue entonces, en medio de esta coyuntura, que este miércoles los supremos acordaron varios puntos, entre ellos “mandatar al presidente de la Corte Suprema para que haga presente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, la opinión de este tribunal en relación a sus afirmaciones contenidas en el oficio N° 4459 y le comunique que esta corte, por ser un tema de Estado, no cesará en la búsqueda de soluciones para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia y que ésta se imparta con oportunidad, explorando todas las alternativas que resulten procedentes, contexto en el cual manifiesta nuevamente su disposición al diálogo con dicha Secretaría de Estado”.

Fuentes consultadas sostienen que cayó muy mal en el Poder Judicial que en dicho documento el titular de Justicia hiciera referencias a determinadas leyes, teniendo en cuenta que se trata de una comunicación a los máximos jueces del país. Fue entonces cuando los ministros Muñoz y Valderrama endurecieron su postura y apuntaron sus dardos a Larraín. “Los ministros señores Muñoz G. y Valderrama fundan su parecer particular en el hecho de que sorprenden los términos y conceptos de la nota del ministro de Justicia, los que resultan inaceptables. No es a la Corte Suprema a quien se le deben recordar preceptos legales, es tal autoridad la que debe cooperar en la tarea de proporcionar una pronta y cumplida administración de justicia a los habitantes de la República”, sostienen en su voto particular que recoge el documento de siete páginas.

Junto con esto, ambos supremos apuntaron a que el atochamiento y, por ende, la denegación de justicia oportuna es responsabilidad del gobierno por no haberlos escuchado en la tramitación de la ley que reguló el funcionamiento de tribunales en pandemia. “Olvida el ministro que al ser consultado el tribunal en su oportunidad, se advirtió de la inconveniencia que podría tener una suspensión general de algunos procedimientos, cuya tramitación se podría ver dilatada sin justificación en lo concreto, razón por la cual se informó que era adecuado dotar a los jueces de la facultad de disponer tal medida conforme a las particulares circunstancias del caso. El proyecto del Ejecutivo y la aprobación del Congreso no acogieron dicho planteamiento. Los efectos de tal determinación se pueden observar el día de hoy y sus consecuencias se prolongarán por años”, advirtieron.

Finalmente, los jueces expresaron que ha sido motivación de ellos, y no del Ejecutivo, el buscar soluciones, pese a que se le ha reiterado a la autoridad la necesidad de agilizar gestiones en ese sentido. “La preocupación permanente y la exploración de soluciones proviene de la Corte Suprema y no del gobierno, materia que fue explicada en detalle por el ministro señor Valderrama directamente al ministro de Justicia y sus asesores. A todo lo anterior se une el antecedente que el subsecretario de Justicia, señor Valenzuela, indicó al presidente de esta corte que el ministerio podía obtener una solución legislativa en dos meses, los que ciertamente ya han transcurrido y no se ha comunicado ninguna iniciativa que aborde la materia. Es de esperar que en el ejercicio de sus funciones constitucionales proponga proyectos concretos a los poderes colegisladores y se obtenga una solución a la brevedad, sin esperar que la respuesta la entregue un próximo gobierno. En todo caso, la ciudadanía debe tener la plena seguridad de que el Poder Judicial no cesará en su empeño de garantizar el acceso a la justicia y que ésta se imparta con oportunidad, explorando todas las soluciones que resulten procedentes con sus recursos propios”, sentenciaron.

Falta de deferencia

Pero Larraín no fue el único tema que abordaron los miembros de la Corte Suprema. También hubo otro hecho que molestó a varios de los presentes, el que fue informado por los miembros del comité: una “falta de deferencia” por parte del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, pues no se habría presentado a reuniones, habría mandatado a asesores y postergado, en reiteradas ocasiones, citas con los ministros a cargo del plan de retorno presencial a tribunales.

Por tal motivo se acordó también, por parte del pleno, “representar al ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda Norambuena, la falta de deferencia demostrada por la citada repartición con los representantes de este poder del Estado, ante las sucesivas postergaciones de reuniones y dilaciones en las comunicaciones intercambiadas con la comisión de ministros y/o sus integrantes”.

En la resolución se detallan estos impasses con el gobierno. “Que cumpliendo el citado cometido, la comisión de ministros fue convocada en una oportunidad y el ministro señor Valderrama, en otras cuatro, a diversas reuniones con el Ministerio de Hacienda, (14, 22 y 26 de abril, 14 de junio y 21 de julio), de las cuales una se realizó con la asistencia del ministro de Hacienda, la directora de Presupuestos y Sectorialista, y la segunda, entre el ministro señor Valderrama y la señora Torres, directora de Presupuestos, siendo suspendidas las restantes por la citada repartición”.

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