Hace exactamente dos semanas, Nicol Padilla López falleció luego de someterse a un procedimiento estético en su hogar. La intervención fue realizada por un supuesto médico cirujano, identificado como Pedro Antonio Ibáñez Villalobos, quien inyectó a la joven de 27 años implantes mamarios que le causaron una reacción adversa, teniendo que ser trasladada hasta el Hospital Sótero del Río, donde murió.

Pero este está lejos de ser un caso aislado y no es la primera vez que una mujer fallece mientras se realizaba un procedimiento estético en un lugar sin las condiciones sanitarias requeridas o con alguien no capacitado para ejecutarlo. De hecho, en redes sociales abundan los grupos y usuarios que ofrecen y recomiendan lugares en los que se pueden realizar una cirugía estética. En varios, las publicaciones más comunes aluden a solicitudes de referencias de médicos y centros, pero también relatos de quienes han tenido malas experiencias o han sido víctimas de mala praxis.

“No se opere con este carnicero. Mi mamá hasta hoy siente dolor reiterado en su pared abdominal. Casi se murió por la negligencia médica”, se lee, solo a modo de ejemplo, en un grupo de Facebook llamado ‘Cirugías plásticas: datos, consultas y experiencias en Chile’. Ahí, una abdominoplastía se cotiza en cerca de $4 millones y una de implantes mamarios en $3 millones.

Las autoridades están al tanto de la problemática, pero, al mismo tiempo, dicen que la naturaleza de las mismas dificulta la fiscalización. La jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Alejandra Hernández, explica que “por las denuncias que se han hecho nos hemos dado cuenta de que los lugares clandestinos donde se realizan estos procedimientos han ido aumentado. Hace algunos años prácticamente no existían procedimientos clandestinos”.

Solo en Santiago, en 2023 se han realizado 193 fiscalizaciones luego de realizada alguna denuncia. De ellas, 122 culminaron con sumarios, los que han derivado en multas que van de 0,1 a mil UTM, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas. Desde la Seremi también revelan que se han decretado 65 prohibiciones de funcionamiento, que se han clausurado tres locales y que se ha revocado un permiso.

Hernández, en todo caso, aclara que una de las principales dificultades con las que tienen que lidiar a la hora de enfrentar la clandestinidad de las cirugías estéticas es que las seremis no tiene las herramientas -y a veces la potestad- para identificar todos aquellos lugar que funcionan de forma indebida: “Son imposibles de pesquisar a menos que haya un solicitud de fiscalización porque un ciudadano tuvo una mala experiencia, si es que se reporta”. Y añade, además, que es imposible tener un catastro de este tipo de instalaciones justamente por su condición de clandestinas y porque han pesquisado que este tipo de procedimientos se están realizando incluso en casas particulares, con todos los riesgos que ello implica.

Un fenómeno en aumento

Leslie Vergara Pavez (32) también falleció luego de someterse a una intervención quirúrgica en una clínica estética clandestina ubicada en Las Condes, el 21 de febrero de 2022. En el lugar, la joven sufrió complicaciones durante el procedimiento, por lo que fue trasladada hasta la Clínica Cordillera por las mismas personas que le hacían la intervención. Pero a la clínica, según la PDI, llegó sin signos vitales.

Nancy Vergara Pavez, la madre, asegura que el lugar donde su hija quería hacerse un aumento de glúteos era una casa donde una madre realizaban las cirugías junto a dos hijos: “Estas personas tenían títulos falsos de cirujanos. Según la información que nos entregaron ellos llevaban más de ocho años haciendo esto”.

De hecho, el lugar, ubicado en calle Padre Errázuriz, ya había sido clausurado en 2019 después de que al menos 16 mujeres se organizaran a través de redes sociales para denunciar los procedimientos clandestinos. Sin embargo, seguían publicitándose y solo tras el fallecimiento de Leslie los tres sospechosos se mantienen en prisión.

Rodrigo Contreras, cirujano plástico de Clínica Indisa, señala que las cirugías estéticas tienen un riesgo de mortalidad bajo, pero que estos casos se producen por mala praxis: “Si las cosas se hacen bien, pero cuando las personas empiezan a ahorrar en elementos del procedimiento, aumentan los riesgos, no por la cirugía, sino porque se están haciendo las cosas mal”. En tal sentido, cuenta que “hay clínicas que tienen la certificación donde se pueden realizar cirugías generales, pero también centros que cuentan con estas certificaciones, pero utilizan materiales incorrectos”.

Según la Seremi de Salud, en la RM hay 14 clínicas estéticas, 329 centros estéticos y 585 salas de procedimiento autorizados a funcionar. De hecho, para instalar un establecimiento así el organismo establece una serie de condiciones, entre individualización de los dueños, planos del local, certificados de instalaciones, listado del personal, procedimientos a realizar y el mobiliario necesario. Además, la autoridad sanitaria insiste en que las personas interesadas en estos procedimientos deben revisar que todo el equipo médico esté certificado por la Superintendencia de Salud.