Anac apoya fiscalización del Sernac a las automotoras

El ente gremial asegura que las denuncias realizadas por consumidores no responden a las prácticas de sus socios.




El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó ayer a través de su sitio web que se puso en alerta a raíz de una cincuentena de reclamos relacionados con la compra de vehículos nuevos y con la imposición de algunas automotoras de “amarrar” la venta al compromiso de adquirir financiamiento con la empresa que ellos ofrecen, dejando a un lado a las personas que desean hacerse de un auto al contado. Es por eso que el ente estatal anunció una fiscalización para comprobar que no existan acciones fuera de la ley.

Para conocer la opinión de esta situación por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), conversamos con Diego Mendoza, secretario general del ente que agrupa a marcas e importadores de vehículos, quien se mostró partidario de la fiscalización, pero deja en claro que, de existir situaciones anormales, estas no corresponden y no son permitidas. “Prácticas como las descritas en la web del Sernac y noticiarios en general no son de ocurrencia general en nuestro sector; todo lo contrario, son completamente ajenas a las prácticas de nuestros socios”, dice el ejecutivo.

Diego Mendoza, secretario general de Anac

¿Cuál es su opinión respecto de la fiscalización que hace Sernac a raíz de quejas de consumidores que alegan ventas atadas a financiamientos específicos?

Respecto a las supuestas ventas atadas, exigencias de financiamiento específico o negativa a aceptar otros medios de pago, compartimos que el Sernac fiscalice esas conductas pues los importadores agrupados en nuestra Asociación cuentan con diversos mecanismos para detectar y prevenir esas conductas, que son reprochables.

¿Cuáles son esos mecanismos que menciona?

Entre esos mecanismos, destacamos la adopción de códigos de cumplimiento normativo (o compliance) que se imponen desde el importador hacia los concesionarios autorizados, talleres y servicios oficiales. Esta exigencia -que no es obligatoria, pero se ha adoptado voluntariamente por nuestro sector- busca prevenir y detectar prácticas nocivas como la descrita. En la prensa se han mencionado cerca de 50 casos de clientes afectados entre 2020 y 2021, lo cual en el universo de más de 300.000 vehículos comercializados demuestra que es un porcentaje muy bajo y que debe ser estudiado casuísticamente para su corrección y sanción, si procediere.

La información que entrega Sernac también hace mención a los plazos de entrega que tampoco se cumplen…

Si ocurriesen demoras superiores a lo habitual, debe responder a factores externos en la cadena de comercialización de automóviles que ha sido fuertemente impactada por la pandemia. Es un hecho público y notorio que el comercio internacional está afectado y la producción de vehículos en diversos orígenes sufre por la escasez de microchips y otros componentes, lo que en ciertos casos podría retrasar las llegadas a Chile.

¿Cuánto ha influido el problema con el desembarco en los puertos?

La situación en el Puerto de San Antonio se ha corregido y mejorado muchísimo este mes de marzo, pues habían esperas para desembarcar naves que superaban los 20 días, y hoy la espera ronda los 8 a 12 días. Se espera, gracias a la mesa de trabajo que conformamos junto al Puerto, que la normalidad en los desembarques llegue durante abril. Asimismo, las entregas a clientes finales hoy se realiza mediando la sanitización completa de los vehículos, y la entrega es no-presencial, vale decir, con entrega a domicilio en grúas o métodos sin contacto físico, lo cual produce retrasos naturales en la entrega de cada producto.

Viendo estos inconvenientes que se pueden generar con los usuarios, ¿existe algún proyecto que apoye la Anac para que exista una mayor transparencia en la venta de vehículos nuevos?

Hay dos proyectos de ley que Anac apoya y que están próximos a convertirse en realidad. El primero es sobre la obligación de las automotoras para informar operaciones sospechosas a la UAF (Unidad de Análisis Financiero), cuando se realicen compras al contado o en efectivo de montos altos, para lo cual el cliente deberá declarar el origen de esos fondos y la automotora deberá tener un canal de notificación a dicha entidad, para detectar y detener prácticas sospechosas.

¿Cuándo debería comenzar a regir esa ley?

Si bien no se ha publicado la ley, a esta fecha ya hay varias marcas que han adoptado voluntariamente este mecanismo de notificación en Chile.

¿Y el segundo proyecto cuál es?

El segundo proyecto, conocido como “pro Consumidor”, establecerá nuevas y mayores medidas de información desde las automotoras hacia los consumidores, informando las mantenciones de sus vehículos, la periodicidad y costos aproximadas de ellas, las redes de talleres oficiales disponibles en todo el territorio nacional, entre otras mejoras a la claridad y oportunidad de la información aportada a los clientes, para mejorar su experiencia de compra y cumplir con nivelar las asimetrías de información que existen entre los actores de la industria automotriz nacional y el público general.

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