El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) se entregó a las autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo su extradición a Perú, donde se encuentra acusado de corrupción, según confirmó la Radio RPP. Aunque lo hizo en una sede distinta a la esperada.
“Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, dijo en una entrevista a la agencia EFE tras “romper el silencio” mediático que ha mantenido los últimos siete años. “Mi salud es muy mala. Tomo 14 pastillas diarias, tengo hipertensión y sufro por los remanentes del cáncer (...) Solo respeten eso, no han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel”, afirmó Toledo.
El magistrado Thomas Hixson, del Tribunal del Distrito Norte de California, revocó la libertad bajo fianza del exmandatario, y le ha señalado que debe entregarse al Tribunal de San José este viernes a las 09.00 horas locales (12 pm de Chile).
“La Corte ordena que Toledo sea encarcelado en una prisión adecuada, donde permanecerá hasta que se entregue a las autoridades peruanas. La Corte revoca la fianza de Toledo y lo devuelve a la custodia de los Alguaciles de Estados Unidos”, reza la resolución, según ha informado del diario La República.
Esta es la segunda orden de entrega de Hixson, sin embargo, la primera orden fue anulada cuando un tribunal superior pausó su extradición durante dos semanas, plazo que terminó el jueves a medianoche.
Actualmente, Toledo tiene dos recursos pendientes de ser resueltos, el primero de ellos es una apelación a la orden que rechaza su ‘habeas corpus’, mientras que el segundo, presentado este miércoles, busca que la jueza del Tribunal de Columbia reevalúe su decisión de no otorgar una medida cautelar que prohíba a Estados Unidos detener y entregar a Toledo.
El equipo legal del expresidente peruano alega que el Departamento de Estado ha vulnerado el debido proceso al “no haber revelado ninguna información no clasificada, premisas fácticas o supuestas pruebas relevantes para su decisión”. También han denunciado que no se les ha dado la oportunidad de “revisar y refutar” los argumentos del Departamento de Estado, alegando a una violación de la Quinta Enmienda.
Las autoridades peruanas alegan que Toledo recibió sobornos de la empresa de construcción Odebrecht a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica, algo que él niega. En total, la Fiscalía pidió 55 años de cárcel, mientras que por el caso Ecoteva, ha reclamado 16 años y ocho meses por supuesto blanqueo de dinero.