Argentina: bienes de la corrupción pasarán al Estado

En su lucha contra la corrupción política, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece la extinción de dominio, es decir, la recuperación por parte del Estado de bienes y fondos derivados de delitos de corrupción, contrabando y narcotráfico. Con ello, Macri busca acelerar la iniciativa que estaba estancada en el Congreso desde 2016, en un año en que se jugará su reelección.

"Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente. Los proyectos para aprobarlo en el Congreso están estancados hace años y los argentinos ya esperamos demasiado. La justicia necesita este mecanismo ya mismo", dijo Macri.

La medida -que se vislumbra como parte de la campaña electoral de Macri para las presidenciales de octubre- plantea una vía civil, paralela a la penal, para incautar estos bienes y hacerse con ese dinero, incluso antes de que la justicia emita una condena firme. "Hoy la justicia penal tiene elementos para recuperar esos bienes, pero son muy lentos. El régimen de extinción de dominio es un paso adelante para que la justicia pueda, además de condenar a los responsables del delito, avanzar más rápido en la recuperación de esos bienes", señaló el mandatario.

Dentro de esta medida caben todos los bienes que ya fueron embargados y que se encuentren en manos del Estado, como por ejemplo los relativos a varias causas por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner. La justicia ya ha embargado una larga lista de millonarios bienes relativos a causas de corrupción que tienen entre sus principales acusados a la exmandataria, funcionarios de su gobierno como Julio De Vido y José López, y empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. En esta lista se enumeran casas, hoteles, vehículos, cuadros, departamentos, maquinaria pesada, embarcaciones, aviones privados, etc. Según El Cronista, el gobierno calcula en casi US$ 16 millones el valor de los bienes incautados desde 2016 en causas de corrupción y narcotráfico.

Sin embargo, el decreto ha sido calificado por la oposición y algunos expertos de "inconstitucional", ya que la materia sería de naturaleza penal y no civil, porque "no se advierte ni necesidad ni urgencia", y porque se trata de un proyecto que bien podría ser discutido en el Congreso.